(IPYS/IFEX) – Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, el IPYS demandó revocar las medidas restrictivas contra el periodista Humberto Ortiz emitidas por la jueza penal titular especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, Carolina Lizárraga, el 27 de febrero de 2004. La jueza Lizárraga decidió enjuiciar al periodista por los presuntos […]
(IPYS/IFEX) – Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, el IPYS demandó revocar las medidas restrictivas contra el periodista Humberto Ortiz emitidas por la jueza penal titular especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, Carolina Lizárraga, el 27 de febrero de 2004.
La jueza Lizárraga decidió enjuiciar al periodista por los presuntos delitos de asociación ilícita y encubrimiento real, luego de que éste denunciara que círculos gubernamentales extorsionan y sostienen turbias negociaciones con integrantes de la gran red de corrupción del régimen de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, hoy procesada por la justicia.
Para demostrar sus denuncias, el periodista citó el contenido de grabaciones de audio y documentos que estarían en poder de la fuente que le dio la información. Las denuncias provocaron una crisis política. Al mismo tiempo, la justicia acusó a los presuntos responsables, pero involucró entre ellos al propio periodista.
Las medidas restrictivas contra Ortiz consisten en la incautación de sus bienes y el impedimento de salida del país. El IPYS considera que estas medidas limitan sus derechos constitucionales de libertad personal, de circulación, de libre elección de residencia y de libre trabajo, entre otros.
La jueza presume que el periodista intentó vender un audio en el que el ex jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (y ex abogado del presidente Alejandro Toledo), César Almeyda, hace proposiciones deshonestas al ya fallecido general Oscar Villanueva, cómplice de Montesinos.
El IPYS sostiene que las medidas dictadas contra Ortiz son injustificadas porque lo que se le imputa – venta de información entre privados – no es delito, para el caso específico, en el ordenamiento legal peruano. Además, su finalidad fue publicar la información y no encubrirla.
El IPYS añade que determinados supuestos de la resolución judicial pueden limitar al periodismo de investigación, pues presumen que la prensa debe entregar a la justicia información sobre un hecho delictivo que aún no es publicada. En ese sentido, calificó el hecho de grave precedente y solicitó cambiar el estatus de Ortiz de procesado a testigo.
Ortiz, que reside en Miami, está siendo citado conminatoriamente por la justicia peruana, y puede ser solicitada su detención si no se presenta a los tribunales.
