(IPYS/IFEX) – En una carta, con fecha del 16 de diciembre de 2003, el IPYS hizo conocer su preocupación y extrañeza a María Margarita Grados Grados, jueza del 31 Juzgado Penal de Lima, por el inicio de instrucción dictado el 30 de octubre al empresario y propietario de Frecuencia Latina Canal 2, Baruch Ivcher Bronstein, […]
(IPYS/IFEX) – En una carta, con fecha del 16 de diciembre de 2003, el IPYS hizo conocer su preocupación y extrañeza a María Margarita Grados Grados, jueza del 31 Juzgado Penal de Lima, por el inicio de instrucción dictado el 30 de octubre al empresario y propietario de Frecuencia Latina Canal 2, Baruch Ivcher Bronstein, y los ex funcionarios Alberto José Cabello Ortega, Julio Genaro Sotelo Casanova y Benjamín Gustavo Lazo Cieza. El cargo que se les imputa es la supuesta falsificación, en 1994, de anotaciones en un libro societario de Frecuencia Latina.
Esta nueva acusación contra Ivcher Bronstein y sus ex funcionarios es reiniciada por la jueza Grados Grados a solicitud de la fiscal Delia Milagros Espinoza Valenzuela. Tiene su origen en 1998, durante la década de gobierno de Alberto Fujimori, como parte del proceso judicial con que se despojó ilegalmente de la nacionalidad peruana al empresario. Tras la caída del prófugo ex-presidente, el Estado peruano anuló todos los actos que sustentaron ese ilegal proceso.
Por su parte, el 6 de febrero de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia sobre ese caso, declarando la nulidad de los efectos de dicho juzgamiento, específicamente en lo que se refiere a la privación de los derechos de Ivcher Bronstein como accionista mayoritario del Canal 2, demandando al Estado peruano su pleno ejercicio.
La sentencia de la corte fue ejecutada por la Sala de Derecho Público al declarar nulos todos los actos celebrados en base a ilegales resoluciones que perjudicaron al ciudadano Ivcher Bronstein. «En ese sentido, nos llama la atención que usted no haya tomado en consideración la sentencia del 30 de marzo de 2001, expedida por la Sala de Derecho Público, que cumplió con el mandato internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declaró nulos todos los actos que se hubieran realizado sobre la base de ese proceso ilícito», dice en su carta el IPYS a la magistrada.
En otra parte del documento, el IPYS sostiene que el hecho de avalar los fundamentos de la fiscal Espinoza Valenzuela podría colocar a la jueza Grados Grados «en el mismo lado de aquellos magistrados que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó expresamente al Estado peruano perseguir y sancionar por haber impulsado procesos contra el señor Ivcher Bronstein sobre la base de hechos viciados».
Finalmente, expresando su mayor respeto y con mucha firmeza, el IPYS solicitó a la jueza «reconsiderar todos los hechos que competen a este nuevo proceso penal y declararlo zanjado de acuerdo con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
