(CENCOS/IFEX) – El juicio entablado por el actual diputado federal por el estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, en contra de Alfredo Rivera Flores, Miguel Angel Granados Chapa y otros, por la existencia de un supuesto daño moral, lleva más de tres años y medio sin que a la fecha se haya desahogado la etapa […]
(CENCOS/IFEX) – El juicio entablado por el actual diputado federal por el estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, en contra de Alfredo Rivera Flores, Miguel Angel Granados Chapa y otros, por la existencia de un supuesto daño moral, lleva más de tres años y medio sin que a la fecha se haya desahogado la etapa probatoria.
Diversas irregularidades se han llevado a cabo en el expediente, como la tramitación lenta e ineficiente de diversos acuerdos, que constan en dicho expediente. Además de que en una promoción que presentó la abogada de la defensa, Perla Gómez Gallardo, se afirmó por la parte acusadora que la firma no era de la representante de los codemandados; la abogada ratificó su firma, pero el juez sin previo aviso admitió la objeción del abogado de Sosa Castelán, donde se afirmó por parte del perito que no era la firma correspondiente.
El diputado Sosa Castelán, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entabló un juicio por supuesto daño moral a partir de la publicación del libro «Sosa Nostra: porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo» del cual es autor Rivera Flores y el prólogo lo escribió Granados Chapa. La demanda se extiende al fotógrafo responsable de la imagen de la portada así como a la casa editorial Miguel Ángel Porrúa.
El actuar del Juez 29 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, y su secretaria de Acuerdos, Laura Alanís Monroy, propicia que en el juicio en cuestión se abra la posibilidad de hacer uso de un juicio civil como un medio para inhibir la libertad de expresión y, además, evitar que se auxilie a aquellas personas que sean víctimas de este tipo de actos perpetrados por figuras pública que ponen en entredicho la existencia de una democracia en nuestro país, denunció Libertad de Información-México A.C. organización no gubernamental encargada de la defensa legal de los periodistas, llevando este proceso de manera gratuita.
CENCOS exige al magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como lo dispone la ley orgánica del tribunal, su obligación de velar los casos para el trámite sin retraso de los juicios.
CENCOS demanda que se deje de entorpecer el proceso jurídico a través de prácticas donde no sólo se ataca a los periodistas con mecanismos legales que afectan también a quienes los defienden, lo que constituye un ejemplo de restricciones indirectas a la libertad de expresión en México.
