(PROBIDAD/IFEX) – El 20 de agosto de 2004, la periodista Mirna Velásquez, quien labora en el diario «La Prensa», fue amenazada de forma sutil mediante una serie de intimidaciones por el juez Carlos Mario Peña, suplente del Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua. Según información dada por la periodista y publicada en «La […]
(PROBIDAD/IFEX) – El 20 de agosto de 2004, la periodista Mirna Velásquez, quien labora en el diario «La Prensa», fue amenazada de forma sutil mediante una serie de intimidaciones por el juez Carlos Mario Peña, suplente del Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua. Según información dada por la periodista y publicada en «La Prensa», luego de una conferencia de prensa, el juez se acercó a la periodista y tratando de intimidarla le comentó que tenía información muy personal sobre ella y sobre su novio, como sus actividades de fin de semana juntos, un reciente viaje de la familia del novio al país, los lugares a donde había estado últimamente y lo que había hecho en su tiempo libre. Además le informó que tuviera cuidado pues la seguirían vigilando.
El 13 de agosto, Velásquez publicó que los miembros de la Asociación de Jueces estaban elaborando una carta, para enviarla a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que se quejaban de la actuación del juez. La información no le agradó a Peña quien acusó ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la CSJ a las juezas Ángela Dávila y Adela Cardoza, señalándolas de haber filtrado a Velásquez el borrador del pronunciamiento. Tal carta de los judiciales fue oficializada el 20 de agosto por los mismos jueces, quienes pidieron a la CSJ que investigue la actuación de Peña. Lo anterior ha sido el principal motivo de la intimidación contra Velásquez, aseguró la periodista.
En una carta enviada a la presidenta de la CSJ Yadira Centeno, PROBIDAD advirtió que esta clase de actos irrespetan el libre derecho ciudadano de publicar información relativa al mal uso de las facultades de un servidor público. Fundada en la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la institución cívica reafirmó que «los servidores públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad», por lo que es inaceptable cualquier presión directa o indirecta dirigida a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales sobre la conducta de los funcionarios judiciales.
PROBIDAD pidió a Centeno que se investigue diligentemente la denuncia de Velásquez y que de constatarse, se sancione al juez Peña según lo estipulado por la Comisión Disciplinaria de la CSJ. También, se le pidió a la presidenta de la CSJ que gestionara medidas de seguridad a favor de la periodista a fin de que cesen este tipo de irrespetos a su vida privada.
Información relacionada con el caso se encuentra en:
http://portal-pfc.org/index.php?seccion=perseguidos/2004/050.html
La carta enviada a la presidenta de la CSJ se encuentra en:
http://portal-pfc.org/perseguidos/2004/050.pdf
