Las autoridades panameñas deben restituir inmediatamente el acceso de Corporación La Prensa a sus activos financieros, y garantizar que las acciones legales no censuren a la prensa.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 10 de julio de 2020.
Las autoridades panameñas deben restituir inmediatamente el acceso de Corporación La Prensa a sus activos financieros, y garantizar que las acciones legales no censuren a la prensa, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 4 de julio, un juzgado civil panameño ordenó el embargo de activos y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, propietaria de La Prensa y Mi Diario, por un monto de USD 1,13 millones, por una demanda civil por difamación interpuesta por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, según informaciones de prensa y una nota publicada en La Prensa. La orden se finalizó el 22 de junio, pero no se comunicó a la empresa hasta el 4 de julio, según La Prensa.
Según lo dispuesto por las leyes panameñas, una parte en una demanda civil puede solicitar el embargo de los activos de la otra parte si puede persuadir al juzgado de que esos activos serían necesarios para pagar una indemnización por daños y perjuicios.
“Al quitarnos la posibilidad de acceder a nuestras cuentas, nos quitan la capacidad de pagarles a nuestros empleados y adquirir insumos. Es un claro intento de censura”, declaró por vía telefónica al CPJ Rita Vásquez, directora de La Prensa.
“La capacidad de funcionar de una empresa de medios no debería ser rehén de una demanda escandalosa, particularmente en un país como Panamá, donde figuras políticas frecuentemente recurren a las demandas por difamación para intimidar a la prensa”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “El Poder Judicial panameño debe liberar los activos de la Corporación La Prensa y no permitir que poderosas figuras utilicen el sistema judicial para limitar la libertad de prensa”.
Pérez Balladares, quien fue presidente en el período 1994-1999, interpuso la demanda por difamación en 2012, según una nota del canal local TVN. La demanda sostiene que varios artículos de La Prensa publicados en marzo de 2011, que informaban que el expresidente podía enfrentar una nueva investigación penal por presunto blanqueo de capitales, desprestigiaban su imagen nacional e internacionalmente, y le habían causado daño moral, según un comunicado fechado el 4 de julio de 2020 y publicado en el sitio web de Pérez Balladares.
“Los abogados demandantes solicitaron la acción amparándose en lo dispuesto en el Artículo 533 y siguientes del Código Judicial, con la finalidad de evitar que el proceso civil en contra de la Corporación La Prensa sea ilusorio en sus efectos”, dijo el comunicado, que precisaba que el expresidente solicitaba una indemnización de USD 5,5 millones por daños y perjuicios.
Vásquez declaró al CPJ que los artículos publicados en marzo de 2011 citaban como fuente a un fiscal, quien había señalado la existencia de vínculos entre el expresidente y una cuenta de USD 176 millones en un banco de las Bahamas, lo cual posteriormente se demostró que era inexacto. La Prensa posteriormente publicó las declaraciones de los abogados de Pérez Balladares, quienes desmintieron la noticia, declaró Vásquez.
Según otra nota de TVN, José María Castillo, el abogado de Pérez Balladares, declaró en conferencia de prensa celebrada el 6 de julio que los abogados del expresidente “no tienen el objetivo de perjudicar al periodismo, pero que no se puede restringir el derecho a defenderse de una noticia calumniosa”.
El CPJ envió un correo electrónico a Pérez Balladares a la dirección que aparece en su sitio web, para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
El 6 de julio, la empresa de seguros de Corporación La Prensa ofreció una fianza de USD 1,13 millones al juzgado civil en un intento por levantar el embargo, pero ayer el juzgado negó la solicitud, según declaraciones de Vásquez y una nota del periódico.
El CPJ envió un correo electrónico al Poder Judicial de Panamá para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
Diego Quijano, presidente del Directorio de Corporación La Prensa, declaró en conferencia de prensa celebrada el 5 de julio que la empresa enfrenta 12 demandas civiles y 22 demandas penales por parte de políticos críticos de sus periódicos, entre ellos Pérez Balladares y Ricardo Martinelli, otro expresidente, por un monto de USD 84 millones en multas e indemnizaciones.
“El sistema panameño está siendo utilizado por todo el que tenga los recursos para silenciar la voz de la gente o los medios que no piensen de la misma manera”, Vásquez declaró al CPJ. “¿Qué tienen en común estos denunciantes? Son políticos, son personas que han estado vinculadas a cargos públicos, y precisamente se les critica por eso”.
