(RSF/IFEX) – En una carta dirigida a Mario Garrido, presidente de la Corte Suprema, RSF ha manifestado su protesta por la querella contra Eduardo Yáñez, por «desacato contra la autoridad». La querella se ha presentado ateniéndose a los artículos 263 y 264 del Codigo Penal, relativos al delito de «desacato contra la autoridad», sancionado con […]
(RSF/IFEX) – En una carta dirigida a Mario Garrido, presidente de la Corte Suprema, RSF ha manifestado su protesta por la querella contra Eduardo Yáñez, por «desacato contra la autoridad». La querella se ha presentado ateniéndose a los artículos 263 y 264 del Codigo Penal, relativos al delito de «desacato contra la autoridad», sancionado con una pena que puede llegar hasta cinco años y un día de cárcel. RSF recuerda que «las leyes que penalizan la expresion ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresion y el derecho a la informacion», según el artículo 11 de la Declaracion de principios sobre la libertad de expresion de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «Resulta inaceptable la sancion de la expresion de una opinion con penas de cárcel», ha declarado Robert Ménard, secretario general de RSF. «La reciente adopcion de una nueva ley de prensa no ha hecho que desaparezcan todas las amenazas contra la libertad de expresion en Chile», ha constatado. La organizacion ha pedido a Garrido que retire la demanda de la Corte Suprema.
Según informaciones recogidas por RSF, durante la emision de «El termometro» del 28 de noviembre de 2001, en el canal Chilevision, el empresario Yáñez declaro, aludiendo a un caso de error judicial, que la justicia chilena era «inmoral, cobarde y corrupta», y que los jueces hacían «mariconadas». Después de estudiar esas declaraciones, la Corte Suprema presento una demanda por «desacato contra la autoridad». Juan Muñoz, el juez del Tribunal de apelacion encargado de la instruccion de esta querella, establecio que las diferentes partes tenían de plazo hasta el 15 de enero de 2002 para encontrar una solucion amistosa. Transcurrido el plazo, Yáñez podría ser detenido. Por tres veces, el empresario ha presentado sus excusas a la Corte Suprema que, hasta el momento, no las ha aceptado.
El 4 de junio, se derogo el artículo 6b de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que preveía hasta cinco años de cárcel para quienes «injurian» o «calumnian» a los altos representantes del Estado (ver las alertas de IFEX del 30 y 28 de mayo, 25, 23, 19, 17 y 6 de abril, 20 y 15 de marzo, 22 y 15 de febrero de 2001 y otras). Desde el regreso a la democracia en 1990, una treintena de personas se vieron amenazadas con aplicarles ese artículo, según la organizacion internacional de defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch. Sin embargo, la reforma de la legislacion no suprimio ni las penas de cárcel para los delitos de prensa, ni el delito de desacato.
