El ambiente en que trabajan los periodistas bolivianos se ha deteriorado considerablemente desde el inicio del año: acusaciones públicas, intimidaciones, amenazas de procesos judiciales.
Este artículo fue publicado originalmente en rsf.org el 27 de mayo de 2016.
El ambiente en que trabajan los periodistas bolivianos se ha deteriorado considerablemente desde el inicio del año: acusaciones públicas, intimidaciones, amenazas de procesos judiciales… Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia los intentos de las autoridades de perjudicar al gremio periodístico y apoya a los periodistas perseguidos en el país.
El 19 de mayo de 2016, ante los miembros de la Asamblea Legislativa de Bolivia, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó a la Agencia de Noticias Fides (ANF), así como a los diarios Erbol, El Deber y Página Siete de formar parte de un «cártel de la mentira». El ministro hizo esta impactante declaración cuando fue interpelado por los parlamentarios sobre el presunto tráfico de influencias en que estaría implicada la expareja del presidente Evo Morales, que fue revelado a inicios del año por el periodista Carlos Valverde y tuvo eco en numerosos medios de comunicación. Según Quintana, se trata de un escándalo mediático para desestabilizar al país. Desde hace varios meses los reporteros Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés Gómez son blanco de una verdadera campaña de difamación, marcada por ataques verbales.
El 10 de mayo de 2016 Wilson García Mérida, director del diario Sol de Pando acusado de sedición, sin motivo válido, por el ministro Juan Ramón Quintana, recibió una citación para que se presentara al siguiente día en la oficina de un fiscal en Cochabamba, una ciudad ubicada a cientos de kilómetros de donde él se encontraba. El abogado de García Mérida intentó aplazar la fecha de la citación, obtener más información sobre el proceso y, sobre todo, conocer los cargos presentados por Quintana contra el periodista. En vano. Para escapar de esta denegación de la justicia, el periodista tuvo que huir a Brasil, donde se encuentra actualmente.
El 27 de abril de 2016 el periodista Jesús Alanoca, del diario El Deber, fue interceptado cuando cubría una manifestación en La Paz. Agentes de la policía nacional le ordenaron que borrara todas las fotos que había tomado y lo detuvieron arbitrariamente; después lo dejaron en libertad. Dos días después, el fotoperiodista Álvaro Valero, del diario Página Siete, fue agredido durante una manifestación en la capital.
Aún en el contexto de las protestas en Bolivia, el cineasta australiano Daniel Fallshawn fue intimidado diversas veces en las redes sociales por el grupo de choque oficialista denominado los Satucos. Hace varios meses que el realizador se encuentra filmando la protesta de los discapacitados en el país.
«Este clima de hostilidad hacia la prensa, que perjudica profundamente la libertad de expresión en Bolivia, no puede durar más”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “Los insultos, las persecuciones ilegales y las campañas de difamación emprendidas por los altos representantes del Estado contra los periodistas de su propio país son intolerables y engendran una autocensura nefasta para la libertad de prensa”, añadió.
Por otra parte, la diputada Mireya Montaño, líder del Movimiento al Socialismo (MAS, partido de Evo Morales) en la Asamblea Nacional, afirmó hace poco que debería revisarse la Ley de Imprenta. Este señalamiento puso en alerta a numerosos periodistas del país que, en el contexto actual, consideran que una reforma a la ley podría tener un impacto negativo en la libertad de información.
El 10 de agosto pasado RSF denunció las maniobras del gobierno, el cual advirtió que los medios de comunicación que llevaran a cabo una labor «política» se verían privados de los recursos financieros ligados a la publicidad gubernamental.
Bolivia se encuentra en el lugar 97, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en 2016.
