Mayo de 2023 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
La violencia cobró la vida de otros tres periodistas en la región; Perú aprobó un proyecto de ley que endurece las penas por difamación; y el medio de prensa guatemalteco elPeriódico fue obligado a cerrar. Por otra parte, PEN América toma medidas ante la oleada de prohibiciones de libros en Estados Unidos, presentando una demanda judicial en el estado de Florida, y en Colombia el juicio contra el agente público presuntamente responsable del secuestro de Jineth Bedoya comienza con algunos testimonios dudosos.
Tres periodistas asesinados en otro mes trágico para la región
Luis Gabriel Pereira recibió un disparo mortal el 12 de mayo en la localidad colombiana de Ciénaga de Oro. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reclama una investigación más a fondo para esclarecer el móvil del asesinato y destaca el hecho de que Pereira trabajaba en una serie de informes en torno a un caso de femicidio.
En Argentina, el asesinato de la periodista Griselda Blanco fue catalogado inicialmente como femicidio; sin embargo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) insiste en la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y llamó la atención sobre factores que indican un posible vínculo entre el asesinato y el trabajo periodístico de la víctima.
México sufrió una nueva pérdida con el asesinato del veterano periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández. Ramírez Hernández fue perseguido y atacado a tiros cuando se desplazaba en su automóvil en las inmediaciones de la colonia Agua Blanca, en Tehuacán, una ciudad del estado de Puebla. ARTÍCULO 19 México y Centroamérica exige al gobierno local que investigue el asesinato y lo trate como delito contra la libertad de expresión y que proteja a la familia y colegas del periodista.
PEN América se enfrenta a las prohibiciones de libros en Florida con una demanda judicial
Junto a la editorial Penguin Random House, autores y padres de niños afectados, PEN América presentó una demanda judicial contra las autoridades de un distrito escolar de Florida en respuesta a la arrolladora cantidad de intentos de prohibición de libros que tienen que ver con temas LGBTQI+ y de racismo. Entre los libros cuestionados figuran obras clásicas, como The Color Purple (El color púrpura) de Alice Walker, y libros más contemporáneos, como la novela para jóvenes lectores The Hate U Give (El odio que das) de Angie Thomas.
Según PEN, las prohibiciones del distrito escolar no solo violan los derechos de los alumnos consagrados en la primera enmienda de la constitución estadounidense, sino que limitan su crecimiento intelectual y educativo. La organización sostiene que al prohibir estos libros se está dando un alarmante mensaje de que ciertas ideas y relatos no están permitidos, inhibiendo así la capacidad de los alumnos de pensar críticamente y negándoles la posibilidad de conocer puntos de vista distintos.
PEN afirma también que las acciones del distrito escolar afectan de manera desproporcionada a comunidades marginadas, dado que los libros que se pretende prohibir suelen tratar sobre cuestiones y experiencias que son particularmente pertinentes para esas comunidades.
La organización sostiene que en vez de proteger a los alumnos evitando exponerlos a temas difíciles e inquietantes, las escuelas deberían darles oportunidades para que debatan y ejerzan el pensamiento crítico. Según Nihar Malaviya, director ejecutivo de Penguin Random House: “Los libros tienen la capacidad de generar cambios positivos en la vida y los alumnos en particular merecen tener un acceso equitativo a una amplia gama de perspectivas. La censura, aplicada en forma de prohibiciones de libros como las decretadas por el condado de Escambia, constituye una amenaza directa a la democracia y a nuestros derechos constitucionales”.
Además, como afirmó el escritor Ta-Nehisi Coates en una entrevista realizada por PEN:
“Están tratando de combatir el acto de reimaginar. De eso se trata esta guerra”.
Congreso peruano aprueba proyecto de ley tendiente a sofocar la crítica
En un giro preocupante, el 4 de mayo, 24 horas después de que se celebrara el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Congreso peruano aprobó en primera votación un proyecto de ley que eleva las penas por delitos de difamación y calumnias. La norma busca atender problemas relacionados con la reputación de las personas, pero enciende las alarmas por las violaciones de la libertad de expresión que podría traer aparejada. Las penas más duras que establece la ley podrían ser aprovechadas como medio para acallar voces disidentes y para intimidar a periodistas, lo que promovería la autocensura en un panorama periodístico ya de por sí restringido.
Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú, esta “decisión va en contra de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la incompatibilidad con la libertad de expresión de sancionar como delito los discursos que recaen sobre funcionarios públicos”. La organización resalta que se “trata claramente de un amedrentamiento a la prensa que ha denunciado una serie de irregularidades cometidas por políticos representados en el Congreso y por los propios congresistas”.
La futura ley es aún más preocupante en vista de la tendencia de las autoridades públicas peruanas a emplear medios jurídicos para silenciar la labor de periodistas que pudieran resultar “molestos”. Recientemente, el juez Miguel Ángel Dueñas Arce solicitó, en calidad de parte actora, la ampliación de una demanda judicial por difamación contra la periodista Olga Minaya Oroya, solicitando una pena de prisión de 20 meses para la demandada. Por otra parte, a principios de mayo, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que determinaba que el juicio contra el periodista Daniel Yovera, acusado de difamación, continuaría hasta el 23 de junio, a pesar de que el año pasado el proceso se había declarado prescrito en dos instancias judiciales.
IPYS dirigió una carta abierta al Congreso, exhortando a los representantes nacionales a rechazar la ley propuesta, resaltando que este tipo de medidas son especialmente preocupantes en un país donde en los últimos cinco años cerca de 150 periodistas han sido objeto de demandas judiciales por su labor periodística.
La libertad de los medios en Guatemala se derrumba con el cierre de elPeriódico
En mayo, el panorama de los medios de comunicación en Guatemala sufrió un duro golpe cuando el principal periódico del país se vio obligado a cerrar sus puertas debido a las incesantes presiones del gobierno. El diario, conocido por su periodismo crítico y de investigación, ha sido objeto de una serie de demandas judiciales impulsadas por el gobierno. El juicio contra los propietarios del medio, en particular contra su fundador José Rubén Zamora, es considerado por muchos como una táctica para acallar voces disidentes y coartar la libertad de prensa. Como señala Reporteros Sin Fronteras:
“Detrás del juicio al propietario del diario, José Rubén Zamora, están en el punto de mira el periodismo independiente y los más de 150 reportajes publicados en elPeriódico sobre la corrupción del gobierno guatemalteco”.
El medio de prensa ya había tenido que despedir al 80% de su personal y cancelar su edición impresa en noviembre.
En la que fue su última columna en elPeriódico, Zamora repasó tres décadas de periodismo que describió como una lucha incansable contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico: “El simple hecho de hacer periodismo, investigar y denunciar corrupción no debe ser criminalizado. 166 profesionales excepcionales han perdido su trabajo, y los guatemaltecos pierden una importante fuente de información”.
Misión a Guatemala
Junto a otras organizaciones de toda la región, IFEX-ALC apoyó una misión de observación a Guatemala para analizar la situación de la libertad de expresión en el país. Emitieron una declaración conjunta en la que señalaron que los periodistas muchas veces optan por no firmar sus artículos o columnas por temor a posibles represalias.
Los periodistas también enfrentan represalias concretas, en particular cuando son citados a testificar y revelar sus fuentes confidenciales, siendo incluso tratados como acusados en juicios de gran repercusión. Al mismo tiempo, más de 20 periodistas dejaron el país tras ser amenazados o denunciados penalmente por sus informes periodísticos sobre figuras influyentes. Algunos periodistas se encuentran vigilados o amenazados de muerte, incluso por candidatos políticos, lo que agrava el clima intimidatorio.
Las conclusiones de la misión resultaron extremadamente preocupantes “no solo para el derecho de personas periodistas y comunicadoras de informar al público, sino principalmente para el derecho de la ciudadanía a estar informada para poder tomar decisiones de manera libre y consciente”.
“Ante este grave escenario, concluimos que sin una prensa libre e independiente no puede haber elecciones libres y justas, y sin elecciones libres y justas no puede haber una democracia verdadera”.
Colombia: un hito en el juicio por el secuestro de Jineth Bedoya
Tras 23 años de tenaz búsqueda de justicia, un exguardia carcelario finalmente fue llevado ante un tribunal en conexión con el tan sonado secuestro de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima. El juicio marca un importante hito en el largo camino para llevar a la justicia a funcionarios públicos que han cometido crímenes contra periodistas.
[Traducción: La red IFEX se solidariza con Jineth Bedoya y exige justicia. Apoyamos su búsqueda de la verdad sobre el secuestro, tortura y violación que sufrió el 25 de mayo de 2000 cuando ejercía el periodismo. #JusticiaParaJineth #NoEsHoraDeCallar ]
Bedoya Lima fue secuestrada y atacada violentamente en el año 2000 cuando realizaba una investigación periodística sobre la cárcel La Modelo y sus conocidos casos de violencia. Quien está ahora en el banquillo de los acusados es Marco Javier Morantes Pico, un exguardia de esa cárcel que estuvo presuntamente involucrado en la planificación y ejecución del secuestro.
La gran atención que ha suscitado el juicio, tanto en Colombia como en el resto del mundo, pone de relieve la lucha más amplia por la libertad de prensa y la protección de los derechos de las mujeres periodistas.
Cuando Bedoya fue atacada, Morantes trabajaba como guardia subalterno en la entrada de la cárcel. Se lo acusa del delito de secuestro y de participar en el plan para “secuestrar a alguien que había cubierto temas que involucraban a grupos o paramilitares, como el tráfico de armas dentro [de la cárcel] y su utilización en las diversas masacres ocurridas dentro del centro carcelario”.
En la audiencia, Morantes, que sigue trabajando para el Instituto Nacional de Estudios Penitenciarios y Carcelarios, se declaró inocente. Adujo que no tenía conocimiento pleno del funcionamiento del complejo carcelario, ni capacitación específica para trabajar ahí, y que no recordaba si habían entrado vehículos a la prisión el día del secuestro. Por su parte, Reinaldo Fierro, que ocupaba el cargo de director de La Modelo cuando Bedoya fue secuestrada, negó tener conocimiento alguno de lo que había sucedido dentro el complejo.
Ante estas declaraciones, Bedoya respondió en Twitter:
Lo que está pasando en este momento en el juicio de uno de los funcionarios [del INPEC] por mi caso es alucinante. A todos los agentes del Estado les dio un episodio de amnesia colectiva y no recuerdan, ni siquiera, cómo se custodiaba cárcel Modelo de Bogotá. #Impunidad
El juicio resalta la importancia de llevar a funcionarios públicos a la justicia y responsabilizarlos de sus actos.
También es una potente muestra de que la justicia es posible, incluso en casos que han estado largamente empañados por impunidad, y de cómo una lucha sostenida para responsabilizar a los culpables puede también modificar el relato y forjar cambios. El proceso en el caso de Jineth Bedoya, a pesar de las muchas dificultades enfrentadas, tiene el potencial de contribuir a dar mayor seguridad para todos los periodistas, en particular las mujeres que son víctimas de violencia sexual, y brindarles apoyo en su labor de echar luz sobre cuestiones críticas.
En breve
- Salman Rushdie fue distinguido con el Premio al Valor del Centenario en una gala literaria celebrada por PEN América. La ceremonia marcó la primera aparición pública del escritor luego de haber sufrido un ataque con arma blanca. “La lucha continua,” afirmó.
- Global Voices Advox publicó dos informes del Unfreedom Monitor, sobre Ecuador y El Salvador, respectivamente.
- Cuba presenta una nueva ley de regulación de los medios que suscita preocupación.