Prácticas de perfilamiento y vigilancia infringen las obligaciones del Estado en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios, ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el ejercicio del periodismo.
Este artículo fue publicado originalmente en flip.org.co el 1 de mayo de 2020.
Frente a la publicación realizada por la Revista Semana ‘Las carpetas secretas’ y el material que hemos conocido, la Fundación para la Libertad de Prensa hace la siguiente declaración:
1. Rechazamos enfáticamente que en Colombia permanezcan y se agudicen las prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país.
2. En esta ocasión el perfilamiento y vigilancia de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar colombiano se han realizado de manera masiva, incluyendo en algunos casos anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley a partir de inferencias basadas en valoraciones sobre el contenido de sus publicaciones. Se trata de una peligrosa atribución que el Ejército se está abrogando para evaluar y parametrizar contenidos democráticamente relevantes incitándolos dentro de parámetros de guerra. En estos perfiles, además de recopilar información pública, se incluyen datos privados y de familiares. En ningún caso hay autorización previa y por lo tanto la recolección y análisis de partes sensibles de la información viola los principios de legalidad y finalidad contemplados por la Ley de Inteligencia.
3. La FLIP conoce que habría, al menos, 30 periodistas que han sido objeto de estos perfilamientos. Hasta la fecha, hay información sobre: María Alejandra Villamizar (Caracol Radio), Juan Forero (The Wall Street Journal), Daniel Coronell (Univisión), Federico Ríos (freelance del New York Times), Óscar Parra (Rutas del Conflicto), Stephen Ferry (independiente), Ginna Morelo (La Liga Contra el Silencio), Yolanda Ruiz (RCN Radio), Ignacio Gómez (Noticias UNO), Lindsay Addario (independiente), Nicholas Casey (New York Times), Jhon Otis (CPJ y NPR) y un periodista y productor de Blu Radio. También están los medios de comunicación Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio.
4. Estos hechos eran de conocimiento del ministro de defensa Holmes Trujillo, de la Fiscalía General de la Nación y de la actual cúpula militar, por lo menos desde enero del 2020. Las únicas medidas adelantadas por el Ministerio de Defensa fueron anunciadas pocas horas antes de que la Revista Semana revelara el informe. Esta es su respuesta publicada en redes sociales.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia también tiene evidencia y material sobre estos seguimientos desde diciembre del 2019 cuando realizó el allanamiento. No existen avances en la investigación. La FLIP, en conjunto con el Comité para la Protección de Periodistas -CPJ- y Reporteros Sin Fronteras -RSF-, solicitamos una reunión con el Presidente de la República que estaba agendada para el pasado 16 de marzo y fue postergada a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
5. Ante la imposibilidad de conocer la totalidad del universo de periodistas afectados y advirtiendo que habían transcurrido más de tres meses sin que los mecanismos internos hubieran operado en protección de la prensa, la FLIP y el CPJ elevamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 4 de marzo del 2020. La solicitud de protección internacional se encuentra actualmente bajo evaluación de la CIDH. Esta denuncia confirma la urgencia para que dicho organismo active las medidas de protección cautelar interamericana sobre los periodistas y medios perfilados por los organismos de inteligencia militar del Estado colombiano.
6. El perfilamiento de periodistas por parte del Ejército colombiano es una acción que traspasa los límites y transgrede los fines de la función de inteligencia y contrainteligencia. La denuncia deja en evidencia una extralimitación de funciones que atenta contra el régimen democrático y la deliberación pública. El comunicado realizado por el Ministerio de Defensa resulta insuficiente toda vez que califica estas actividades como “irregularidades” cuando en realidad se trata de graves violaciones a los derechos humanos en general y a la libertad de prensa en particular. Para la FLIP no existe aún una respuesta sobre el objetivo por el cual se procesó y analizó esta información para la elaboración de perfilamientos. No guarda relación con los fines y límites de las labores de inteligencia, contenidos en el artículo 4 de la misma ley y señalados por la Corte Constitucional en su Sentencia C-540 de 2012.
7. Para la FLIP el comunicado del Ministerio de Defensa es insuficiente, por eso exigimos al Gobierno Nacional, como máxima autoridad civil y militar, que ofrezca explicaciones públicas que como mínimo incluyan: i) el origen de la iniciativa de perfilamiento y vigilancia a periodistas, ii) el propósito de dicha práctica, iii) las instancias militares y políticas que tuvieron acceso a la información recopilada, iv) la posición del Jefe de Estado con respecto a esta denuncia, v) que especifiquen qué hallazgos encontraron para apartar del cargo a 11 oficiales y, vi) las acciones que va a emprender para asegurarse de que cesen estas prácticas dentro de la fuerza pública.
8. La FLIP hace un llamado al Ejército Nacional para que cese el perfilamiento masivo contra periodistas nacionales e internacionales, y se asegure de impartir instrucciones para que sus integrantes sepan que la evaluación de contenidos periodísticos es un fuero exclusivo del poder judicial en el marco de procesos públicos y transparentes.
El Ministerio de Defensa, que debe guiarse por estándares de derechos humanos, debe saber que la declaración ligera de periodistas como blancos de inteligencia es en sí misma una violacion grave del derecho a la libertad de prensa y afecta las condiciones para que la sociedad esté informada sobre asuntos de relevancia pública.
9. La FLIP anuncia que continuará la documentación de este caso informando a los periodistas sobre los cuales podamos constatar su perfilamiento.
10. La FLIP activará los mecanismos de control judicial y disciplinario, y convocará al Gobierno Nacional a una instancia de seguimiento. Insistiremos en la necesidad de observancia y protección internacional, particularmente de la CIDH y las delegaciones diplomáticas de los países de origen de los periodistas extranjeros perfilados, para el restablecimiento de las garantías democráticas a la libertad de prensa en Colombia.
¿Qué es el perfilamiento?
La información recogida por el Ejército incluye, además de árboles de contactos, anotaciones sobre la raza, religión, datos de sus familiares, amigos, fuentes o direcciones de domicilio, entre muchos otros. También contempla anotaciones o “conclusiones” que refiere a deducciones realizadas por los analistas militares sobre las orientaciones políticas de los reporteros. Además, en algunos casos, muestra información de georeferenciación, es decir los puntos geográficos visitados por los reporteros durante varios meses. Por otro lado, incluye la interacción que tienen los periodistas en sus redes sociales, y se pueden leer comentarios como: “Juan Forero: Tiene amigo a León Valencia y simpatizante del partido verde. Simpatizante de las FARC”. Se trata de deducciones guiadas, estigmatizantes y temerarias que ponen en riesgo la seguridad de los periodistas.
- En uno de los casos, el perfilamiento del periodista se inicia como consecuencia de una estigmatización por parte de una funcionaria pública, quien afirmaba que el periodista habría recibido dinero de un grupo armado para publicar información falsa, cuando en realidad se trataba de labores de reportería legítimas y publicaciones de alto interés público.
- En algunos casos el perfilamiento incluía la construcción de una red de contactos con los que se relacionaba el periodista, a quienes también se les construía un perfil, con lo cual se puede inferir que el Ejército tiene información de las fuentes periodísticas que les brindan información a los comunicadores, asunto que vulnera el fuero periodístico a la protección de las fuentes y el correlativo deber del Estado de garantizar ese derecho.
- A lo anterior, se suma la inclusión de varios medios de comunicación y periodistas por parte del Ejército Nacional a una lista de Twitter que la misma cuenta oficial de esta institución creó y tituló “Oposición”. Después de las denuncias públicas realizadas el 11 de marzo estas listas fueron borradas.
- Si bien se desconoce la finalidad que motivó la construcción de dichos perfiles, es sumamente grave que el Ejército cuestione la labor de periodistas, a tal punto que se les estigmatice con presuntas vinculaciones a distintos grupos al margen de la ley. Las estigmatizaciones provenientes de funcionarios públicos, en las que sin prueba que lo acredite se vincula a los periodistas con acciones u organizaciones ilegales, son muy peligrosas. Pueden ser entendidas como señal de permisividad para que integrantes de la fuerza pública, e incluso terceros que puedan conocer de los perfiles, cometan agresiones en contra de la prensa.
