Julio de 2022 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
La batalla por la integridad de la información en la guerra de Rusia contra Ucrania; la persistente intolerancia de la disidencia en Bielorrusia y una bienvenida con matices a la Ley de Servicios Digitales de la UE. Julio vio asimismo retrocesos en materia de derechos humanos, pero también avances prometedores en la batalla contra los SLAPP en el Reino Unido.
La integridad de la información frente a las fuerzas de la desinformación
La cuenta sigue aumentando. El Instituto de Información Masiva (IMI) informa que, en los primeros cinco meses de la guerra, las fuerzas rusas cometieron 428 crímenes contra los medios de comunicación en Ucrania. Estos crímenes incluyen matar, herir, secuestrar y disparar a periodistas, así como bombardear torres de transmisión de televisión y llevar a cabo ataques cibernéticos contra medios de comunicación. Según el IMI, 36 periodistas fueron asesinados (ocho en el curso de sus reportajes). Además, seis mujeres periodistas perdieron la vida debido a la invasión, y aún se desconoce el paradero de cuatro periodistas que desaparecieron en territorio ocupado por Rusia.
La batalla entre las fuerzas de la integridad de la información y la desinformación continúa. Rusia sigue atacando tanto a los medios de comunicación como a los ciudadanos rusos por comunicar abiertamente la verdadera naturaleza de su invasión a Ucrania. Tan solo en este mes un concejal de distrito de Moscú fue condenado a siete años de prisión por criticar la guerra y 30 espectáculos musicales fueron prohibidos en Rusia debido a sus comentarios sobre la guerra. Según se informa, las principales agencias de música están dispuestas a prohibir los comentarios políticos en el escenario; el medio de noticias de investigación Bellingcat fue calificado como una amenaza a la seguridad y se le prohibió trabajar en Rusia; y las autoridades tomaron medidas para cerrar el Sindicato de Periodistas y Trabajadores de los Medios por publicar “contenido engañoso” sobre la guerra con el fin de “desacreditar” a las fuerzas rusas. Según una declaración reciente de expertos de la ONU que condena la “represión del espacio cívico” de Rusia, se han abierto más de 60 casos penales por difundir las llamadas “noticias falsas” sobre la guerra (un delito penal desde marzo de 2022).
Contraataque
Mientras las autoridades rusas y sus simpatizantes intentan interrumpir el acceso a información precisa sobre la guerra mediante la prohibición de Google o el uso de video llamadas falsas con políticos extranjeros, algunos creativos activistas contra la guerra están encontrando formas de conectarse con los rusos. Entre otras estrategias, estas personas están incluso comprando espacios publicitarios en sitios web de apuestas y pornografía que son poco moderados, y usándolos para vincularlos a notas independientes sobre la invasión.
La recopilación de datos fidedignos sobre el terreno sobre las violaciones de derechos humanos de Rusia en Ucrania es un arma absolutamente esencial en la batalla contra la desinformación. Las investigaciones en curso de Human Rights Watch (HRW) están haciendo precisamente eso. Los hallazgos publicados en julio mostraron que las fuerzas rusas han “torturado, detenido ilegalmente y hecho desaparecer por la fuerza a civiles en las áreas ocupadas de las regiones de Kherson y Zaporizhzhia”. Según HRW, “el propósito del abuso parece ser obtener información e infundir miedo para que la gente acepte la ocupación”. HRW también ha documentado los casos de nueve civiles que fueron detenidos por las fuerzas rusas durante su ocupación de la región de Kyiv y luego trasladados ilegalmente a Rusia.
Persistente intolerancia hacia la disidencia
En Bielorrusia la intolerancia a la disidencia del gobierno de Lukashenka se puso de manifiesto en julio cuando la periodista encarcelada Katsiaryna Andrejeva fue condenada a cumplir otros ocho años de prisión por cargos falsos de traición. Andrejeva, corresponsal de Belsat TV, debía quedar en libertad en septiembre de 2022, momento en el que habría cumplido una sentencia separada de dos años que se le impuso en 2021 por “organizar protestas masivas”.
Andrejeva ha estado tras las rejas desde noviembre de 2020 cuando fue arrestada mientras informaba sobre una manifestación de la oposición en Minsk. Las autoridades calificaron a su empleador, Belsat TV, de “organización extremista” en 2021. Cualquiera que sea descubierto compartiendo su contenido se enfrenta a 30 días de detención.
El caso de Andrejeva fue uno de los pocos destacados este mes por la Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios, Teresa Ribeiro, cuando reiteró su llamado a las autoridades bielorrusas para que pongan fin a sus ataques contra la prensa y liberen a todos los periodistas detenidos.
Otro caso que señaló Ribeiro fue el del reportero de Intex-press Yury Hantsarevich, quien fue condenado a 2,5 años de prisión por “facilitar actividades extremistas”. Hantsarevich es uno de varios periodistas detenidos que han sido obligados por las autoridades a confesar sus «crímenes» en video (para su posterior publicación en línea).
El ex editor de NEXTA, Raman Pratasevich, es quizás el detenido más famoso al que las autoridades obligaron a hacer una confesión para su transmisión. Pratasevich fue arrestado en mayo de 2021 después de que las autoridades bielorrusas obligaran a su vuelo de Ryanair con destino a Lituania a aterrizar en Minsk. Este mes, luego de las actualizaciones de su investigación, la agencia de aviación de la ONU, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), culpó formalmente al gobierno bielorruso de fingir una amenaza de bomba para obligar a cambiar la ruta del vuelo. Al hacerlo, dijo la OACI, había «puesto en peligro la seguridad de una aeronave en vuelo», lo que «es un delito en virtud del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil».
[ Traducción: COMUNICADO DE PRENSA: El Consejo de la OACI condena enérgicamente a Bielorrusia por la amenaza de bomba y el desvío del vuelo de Ryanair en 2021 ]
La represión continua de Lukashenka contra la sociedad civil se cobró más víctimas este mes cuando el Tribunal Supremo dictaminó liquidar el movimiento sindical independiente de Bielorrusia. Varios sindicatos fueron acusados de participar en “desórdenes de masas” y distribuir material “extremista”.
Reino Unido retrocede en materia de derechos humanos
Tras una visita de cinco días al Reino Unido (del 27 de junio al 1ro de julio), la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, expresó su preocupación por el retroceso del país en materia de derechos humanos. Entre los temas que destacó estaba la derogación de la Ley de Derechos Humanos propuesta por el gobierno populista de derecha y su reemplazo por una «Declaración de Derechos», que según los grupos de derechos humanos debilitará la protección de los derechos humanos en el país.
Mijatović también señaló el discurso público hostil (promovido por algunos políticos y medios de comunicación) sobre las personas LGBTQI+ en general y las personas trans en particular. “Al contrario de lo que algunos intentan sugerir”, dijo, “proteger los derechos de las mujeres y los derechos de las personas trans no es un juego de suma cero. El discurso actual está arraigando en estereotipos de género dañinos, que afectarán negativamente la protección de los derechos de todos los involucrados a largo plazo”.
A modo de contexto, la Revisión anual de los derechos LGBTQI+ de ILGA-Europa de 2022 en Europa señala que el odio anti-trans aumentó en el Reino Unido durante 2021, señalando que los principales periódicos publicaron «uno o más artículos anti-trans todos los días».
El gobierno del Reino Unido ha introducido una serie de leyes y políticas que afectan negativamente a los refugiados, solicitantes de asilo, gitanos y romaníes. Y si bien se comprometió a ratificar la Convención de Estambul sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres antes de finales de julio, lo hará excluyendo o modificando las disposiciones de protección para las mujeres migrantes en dos artículos de la Convención.
Estos artículos obligan a los países a brindar medidas de protección a las víctimas de abuso migrantes cuyo estatus de residencia depende de su pareja abusiva. Human Rights Watch dice que la decisión del Reino Unido podría disuadir a esas mujeres de buscar protección y justicia “ya que pueden temer ser expulsadas del Reino Unido si buscan ayuda por violencia doméstica”.
Sin embargo, durante el mes también hubo desarrollos prometedores cuando el gobierno anunció que introduciría medidas legislativas destinadas a reprimir el uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP). Las nuevas medidas implicarán una prueba de tres partes para decidir si una demanda puede ser desestimada en una etapa temprana. Las demandas se evaluarán en función de si se relacionan con un caso de interés público, si existe evidencia de abuso de proceso y si el demandante tiene una posibilidad real de ganar. Los copresidentes de la Coalición Anti-SLAPP del Reino Unido se alegraron de la noticia, pero instaron al gobierno a aplicar un umbral más alto para filtrar los SLAPP e introducir una compensación para aquellos apuntados por los SLAPP.
“Pudo haber sido más ambiciosa”
En julio, el Parlamento Europeo adoptó la Ley de Servicios Digitales (DSA), que establece reglas para las plataformas de Internet en toda la UE.
La DSA se presentó como la apertura de los grandes gigantes tecnológicos al escrutinio y la protección de los derechos de los usuarios en línea. Los miembros de IFEX le dieron una recepción mixta, quienes en general elogiaron su fuerte énfasis en garantizar la transparencia (por ejemplo, exigir que las plataformas expliquen las políticas de moderación de contenido y el uso de herramientas automatizadas), pero también expresaron su preocupación por (entre otras cosas) su fracaso para descentralizar la curación de contenido, su falta de un derecho explícito para los usuarios al cifrado y el anonimato, y su incapacidad para proporcionar salvaguardas más sólidas contra la censura gubernamental que podría acrecentarse.
El veredicto general fue que “podría haber sido más ambiciosa”. Access Now proporciona una breve guía de algunos de los aspectos clave de la DSA, que será aplicable en toda la UE en 2024.
