(RSF/IFEX) – El 22 de agosto de 2002, RSF expreso su preocupacion por el proyecto de ley de defensa nacional, que podría atentar contra la libertad de prensa, aprobado por la Asamblea Legislativa el 15 de agosto. En virtud del artículo 25 del texto, los periodistas pueden verse obligados a revelar sus fuentes. «Todos los […]
(RSF/IFEX) – El 22 de agosto de 2002, RSF expreso su preocupacion por el proyecto de ley de defensa nacional, que podría atentar contra la libertad de prensa, aprobado por la Asamblea Legislativa el 15 de agosto. En virtud del artículo 25 del texto, los periodistas pueden verse obligados a revelar sus fuentes. «Todos los periodistas tienen derecho a que se respete la confidencialidad de sus fuentes de informacion», ha declarado Robert Ménard, secretario general de RSF, en una carta dirigida al presidente de la República, Francisco Flores. Así mismo, añadio que «cualquier periodista interrogado por cualquier motivo relacionado con la informacion recabada durante el ejercicio de su actividad [tiene] derecho de no revelar la fuente» y que «nadie [puede] tomar disposiciones para obligarle a ello». La organizacion le ha pedido al presidente que procure que se modifique el artículo 25, en ese sentido.
RSF ha recordado que, según el artículo 8 de la Declaracion de principios sobre la libertad de expresion de la Comision interamericana de derechos humanos (CIDH), «todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de informacion, apuntes y archivos personales y profesionales».
El artículo 25 de la ley de defensa nacional, aprobada el 15 de agosto en la Asamblea legislativa, estipula que «los funcionarios, las autoridades públicas o municipales y las personas naturales o jurídicas, deberán proporcionar en lo que corresponda, la informacion requerida de manera oficial por la autoridad competente para los fines de la defensa nacional». La Asociacion de Periodistas de El Salvador (APES) destaco la falta de una definicion clara del principio de «defensa nacional» y lamento que la interpretacion y la aplicacion de la ley se dejen al criterio del Poder ejecutivo.
