(RSF/IFEX) – RSF denuncia «el clima irrespirable reservado para la información no oficial» en Guinea Ecuatorial pocos días después de que, el 9 de junio de 2005, la policía de Bata, segunda ciudad del país, embargara el periódico «La Verdad», del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS). «Más allá de este caso […]
(RSF/IFEX) – RSF denuncia «el clima irrespirable reservado para la información no oficial» en Guinea Ecuatorial pocos días después de que, el 9 de junio de 2005, la policía de Bata, segunda ciudad del país, embargara el periódico «La Verdad», del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS).
«Más allá de este caso particular, que una vez más afecta a ‘La Verdad’, lo que resulta escandaloso es la situación general de la información independiente, en Guinea Ecuatorial», ha declarado RSF. «En ese país, dirigido con mano de hierro por un notorio predador de la libertad de prensa, la menor veleidad de la oposición está abocada al embargo, la detención o la cárcel. El país de Teodoro Obiang Nguema, llamado el ‘Kuwait de Africa’ por su potencial petrolífero, es sobre todo una de las ‘zonas grises’ de la libertad de expresión del continente, un infierno inmóvil para los periodistas».
El 9 de junio, la policía aeroportuaria de la ciudad de Bata embargó sin explicaciones unos paquetes que contenían 200 ejemplares de «La Verdad», destinados a ser distribuidos en la parte continental del país. Frente al monopolio de la radio y la televisión estatales, ese boletín, de publicación irregular, es la única voz de expresión de la oposición. En Guinea Ecuatorial, los medios de comunicación de masas, la radio y la televisión, están en manos de las autoridades. Sus periodistas carecen de todo margen de maniobra y no hacen otra cosa que reproducir la propaganda oficial. Así, en julio de 2003, en un programa semanal de sensibilización sobre cuestiones de interés nacional, la radio pública afirmó que el presidente Obiang era «el dios de Guinea Ecuatorial» y podía «decidir matar sin que nadie pudiera pedirle cuentas, y sin ir al infierno».
El 8 de junio, en el aeropuerto de la capital, Malabo, la policía había embargado algunos documentos que llevaba el dirigente del CPDS Plácido Miko, cuando regresaba al país. Los agentes de policía le explicaron que obedecían una orden «superior».
El 11 de abril, Pablo Gracia Sáez, redactor jefe del servicio en español de la agencia panafricana afrol News, con sede en Noruega, recibió una llamada de teléfono amenazante del portavoz de la presidencia Miguel Oyono, quien acusó violentamente a afrol News de estar efectuando «una campaña contra Guinea Ecuatorial». «Está usted pendiente de un hilo», dijo el portavoz antes de advertir al periodista sobre las «consecuencias» de sus escritos.
El 21 de julio de 2004 el gobierno anunció su intención de emprender acciones civiles y penales contra la prensa internacional, por «sus comentarios tendenciosos» sobre las relaciones entre el banco estadounidense Riggs y el presidente Obiang. La advertencia se dirigía especialmente a la prensa española, tras haberse dado a conocer un informe de la subcomisión del Senado estadounidense sobre el banco Riggs. En el informe, los senadores aseguraban que, entre 1995 y 2004, el banco administró más de 60 cuentas bancarias del gobierno de Guinea Ecuatorial, cerrado los ojos en operaciones de corrupción.
El 9 de marzo de 2004, Rodrigo Angue Nguema, corresponsal de la Agencia France-Presse (AFP) y de Radio France International (RFI) en Malabo, fue violentamente expulsado por el jefe de prensa de Obiang, quien le prohibió asistir a una conferencia de prensa del Presidente. Solo los medios estatales tenían autorización para cubrir el acontecimiento (ver la alerta del IFEX del 9 de marzo de 2004).
Pocos meses antes, el 3 de noviembre de 2003, la policía detuvo a Angue Nguema en su domicilio, por orden del fiscal general. Interrogaron al periodista a propósito de un rumor de golpe de Estado, del que había mencionado en un despacho del 29 de octubre de 2003. Para la policía el reportero, que fue el único en escribir sobre aquel asunto, tenía que poseer informaciones susceptibles de interesar a las fuerzas del orden. Ocho días más tarde le pusieron en libertad (ver las alertas del 13 y 5 de noviembre de 2003).
