Julio de 2021 en Europa y Asia Central: Un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en los informes de los miembros de IFEX y las noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En julio la investigación pública sobre la muerte de Daphne Caruana Galizia concluyó que el Estado de Malta había sido responsable. Durante este mes también fuimos testigos del intento de las autoridades bielorrusas de purgar la sociedad civil; del aumento de la violencia policial contra periodistas en Turquía; de revelaciones sobre el supuesto despliegue por parte del gobierno de Hungría de un software espía ilegal contra sus críticos; y de un aparente asesinato por encargo de un periodista en los Países Bajos. Sin embargo, hubo avances muy positivos en relación con la seguridad de los periodistas en Macedonia del Norte.
Los tentáculos de la corrupción
El Estado de Malta es responsable de la muerte de Daphne Caruana Galizia: ese es el veredicto condenatorio de la investigación pública sobre el asesinato de la periodista, ocurrido en 2017.
Aunque el informe de la investigación, publicado el 29 de julio, no encuentra pruebas de la participación directa del gobierno en el asesinato, sí encuentra que la administración del ex primer ministro Muscat había creado un «clima favorable» para que se cometiera el crimen:
“Creó una atmósfera de impunidad, generada desde las más altas esferas de la administración dentro de Castilla [la sede del gobierno maltés], cuyos tentáculos se extendieron luego a otras instituciones como la policía y las autoridades reguladoras, provocando un colapso del Estado de derecho”.
El informe señala que la junta de investigación cree que Caruana Galizia fue asesinada por escribir sobre los estrechos vínculos entre las grandes empresas y la política, y que “quien planeó y llevó a cabo el asesinato lo hizo sabiendo que estaría protegido por quienes tenían interés en silenciar a la periodista”.
El informe también realiza una serie de recomendaciones con respecto a la lucha contra la corrupción, la protección del derecho a la información y la seguridad de los periodistas. Puedes leerlas en una traducción al inglés del informe, proporcionada por la Fundación Daphne Caruana Galizia.
[ Traducción: «Esta es una oportunidad histórica para garantizar un cambio real para la seguridad de los periodistas y para un proceso de recuperación nacional tras el traumático asesinato de Daphne Caruana Galizia el 16 de octubre de 2017 «. #DaphneCaruanaGalizia #PublicInquiry ]
«Una purga en marcha»
En julio se produjo un enorme aumento de la persecución de las voces independientes en Bielorrusia y, en palabras del propio presidente Lukashenka, una «purga» de la sociedad civil.
Docenas de ONGs están siendo objeto de cierre (a menudo por presuntos errores de registro); entre ellas está el miembro de IFEX, la Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ) y PEN Bielorrusia.
Durante una ola de redadas a mediados de mes se registraron al menos 60 oficinas y hogares de defensores de derechos, se interrogó a más de 30 y se detuvo a 13 personas. Las organizaciones afectadas incluyen aquellas que trabajan con grupos vulnerables, como niños, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. En público, Lukashenka ha descrito a estas ONGs y sus trabajadores como «mafiosos» y «agentes extranjeros» y ha sugerido que a unos 2 000 de ellos los tiene en la mira.
El intento de purga ha provocado indignación mundial. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el fin del acoso a la sociedad civil. Los miembros de IFEX y 161 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo pidieron a la comunidad internacional que responsabilice a las autoridades bielorrusas por los ataques a las ONGs. PEN América lanzó una iniciativa de envío de cartas (abierta al público) para mostrar solidaridad con PEN Bielorrusia.
Una de las organizaciones allanadas por las autoridades fue Perspectivas de Género, que trabaja por la igualdad de género y ayuda a las víctimas de violencia doméstica. Poco después de ser atacada, la organización anunció que suspendería indefinidamente su línea directa para la violencia doméstica.
Los que trabajan en las artes también están bajo presión. Según el informe publicado recientemente por PEN Bielorrusia, durante el primer semestre de 2021 se violaron los derechos humanos de 621 trabajadores del sector de la cultura.
[Traducción: Hilo: Toda la red @IFEX se solidariza con los grupos y defensores de los derechos humanos @baj_by y #Belarus, mientras el régimen de Lukashenka continúa su ataque contra la sociedad civil. @Baj_by es una de las decenas de ONGs amenazadas de cierre por el régimen: ]
A principios de julio se intensificó la represión de los ya asediados medios independientes de Bielorrusia, con redadas en oficinas y hogares; y al menos 30 detenciones. A mediados de julio se habían producido 63 redadas y detenciones contra periodistas y medios de comunicación. Entre los atacados se encuentran Radio Free Europe Radio Liberty, Nasha Niva y Belsat, que fue oficialmente declarado como extremista a fines de julio (compartir o publicar contenido de Belsat ahora conlleva una multa o pena de cárcel de hasta 15 días).
Las mujeres han estado a menudo al frente de la resistencia al régimen de Lukashenka: Según BAJ, 16 de los 27 periodistas actualmente detenidos y enjuiciados son mujeres. Este mes la líder de la oposición en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, pidió un día de solidaridad con las mujeres en Bielorrusia. En respuesta Justicia para Periodistas lanzó un llamamiento para que se envíen cartas de solidaridad a las mujeres periodistas encarceladas por el régimen. Para obtener más información sobre cómo las mujeres están tratando de hacer que Lukashenka sea responsabilizado, consulte el informe especial de la Coalición para Mujeres en el Periodismo.
Tsikhanouskaya visitó Estados Unidos este mes, donde asistió al primer grupo del caucus del Congreso de Amigos de Bielorrusia destinado a apoyar el movimiento democrático bielorruso. También habló con PEN América sobre la situación actual en su país y el futuro del movimiento de oposición. Puedes escuchar el podcast con la entrevista aquí.
Según la organización bielorrusa de derechos humanos Viasna, actualmente hay 586 presos políticos en el país. Uno de ellos es el candidato presidencial de la oposición Viktar Babaryka, quien fue sentenciado a 14 años de prisión este mes por cargos de corrupción muy dudosos. La UE dijo que había sido encarcelado únicamente por ejercer su derecho político a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2020, pidió su liberación inmediata y la liberación de todos los presos políticos de Bielorrusia.
Maxim Znak, abogado de Babaryka y miembro del Consejo de Coordinación a favor de la democracia de Bielorrusia, será juzgado a puerta cerrada en agosto con la líder de la oposición detenida y miembro del Consejo de Coordinación Maria Kalesnikava. Ambos están acusados de «conspiración para tomar el poder del Estado de manera inconstitucional» y «establecer y dirigir una organización extremista».
A finales de mes un grupo de organizaciones, entre ellas ARTICULO 19 y Reporteros sin Fronteras, anunció que habían presentado una denuncia al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria en el caso del editor de NEXTA, Raman Pratasevich. Pratasevich ha estado detenido (primero en la cárcel, ahora bajo arresto domiciliario) desde mayo, cuando las autoridades bielorrusas obligaron a que su vuelo de Ryanair aterrizara en Minsk para arrestarlo.
Consulta la cronología bielorrusa actualizada periódicamente por IFEX, donde reunimos todos nuestros resúmenes mensuales de las actividades de los miembros de IFEX y otros desarrollos clave en Bielorrusia.
“Listas de ejecución”
Continúa la represión contra los periodistas y las voces de la oposición en Turquía. En julio se produjeron numerosos acontecimientos preocupantes.
Entre ellos se encuentra el aumento constante de casos de agresiones policiales contra periodistas, ejemplificado por las heridas a más de 20 reporteros que cubrían las protestas en Estambul e İzmir el 20 de julio. Un informe reciente de Expression Interrupted señala que este aumento de la violencia corresponde a una circular emitida a fines de abril por la Dirección General de Seguridad que prohíbe la grabación de audio y video durante manifestaciones públicas.
[Traducción: IPI condena la violencia policial contra periodistas que fueron gravemente heridos mientras cubrían las protestas de ayer en #Turquía. Según el periodista herido @eemreorman: «Desde las protestas de Gezi, este se sintió como el primer ataque total contra periodistas» #FreeTurkeyJournalists]
Las mujeres reporteras son cada vez más víctimas de la brutalidad policial: según un informe de la Coalición de Mujeres en el Periodismo, la violencia contra las mujeres periodistas aumentó en un 158% durante la primera mitad de 2021; y 44 mujeres reporteras dijeron que habían sido atacadas físicamente por oficiales de policía.
Los periodistas turcos de la diáspora también corren peligro. El gobierno alemán confirmó este mes información alarmante según la cual estaban en circulación una serie de «listas de ejecución» con los nombres de activistas y periodistas turcos exiliados en Alemania. Según los informes las listas incluyen periodistas tan conocidos como Can Dündar, Hayko Bağdat, Fehim Işık y Ahmet Nesin. El Instituto Internacional de Prensa ha pedido a las autoridades alemanas que investiguen la circulación de las listas y velen por la seguridad de quienes figuran en ellas.
No es solo la violencia (o su amenaza) lo que se utiliza para disuadir a los periodistas independientes de Turquía. El Reglamento del Carnet de Prensa, modificado recientemente, hace casi imposible que los periodistas disidentes obtengan tarjetas de prensa (que son emitidas por el gobierno). Expression Interrupted ofrece un análisis de la situación, señalando que la mitad de las 44 000 solicitudes de carnet de prensa realizadas durante los últimos tres años fueron rechazadas. El Comité para la Protección de los Periodistas ha pedido una reforma de los carnet de prensa.
A finales de julio los miembros de IFEX expresaron su preocupación por las propuestas para introducir una nueva regulación sobre noticias «falsas» y «financiadas con fondos extranjeros» tras las declaraciones del presidente Erdogan y otros funcionarios. Según los informes, pronto comenzará el trabajo en un proyecto de ley que podría hacer que los usuarios de las redes sociales enfrenten hasta cinco años de prisión por difundir desinformación.
Las muertes siguen a los ataques
En julio dos periodistas murieron tras ataques violentos.
El investigador holandés del crimen organizado Peter R. de Vries murió en los Países Bajos nueve días después de que le dispararan en un ataque que tenía todas las características de un homicidio a sueldo. El fiscal ha vinculado la muerte de De Vries a su trabajo.
En Georgia el periodista Alexander Lashakarava fue encontrado muerto en su casa días después de que él y aproximadamente otros 50 periodistas fueran brutalmente golpeados por una multitud de matones homofóbicos en una marcha del Orgullo en Tbilisi. La violencia, que también tuvo como objetivo a los manifestantes LGBTQI +, fue alentada por figuras de la Iglesia Ortodoxa de Georgia. La policía que asistió al evento hizo poco para prevenir los ataques. Las personas LGBTQI + ahora informan que se sienten inseguras en la calle.
El «Victador»
Este mes ofreció más pruebas de la caída de Hungría en un autoritarismo intolerante.
Tras las demandas de la UE de que el gobierno retire la legislación reciente que prohíbe la «promoción» o la descripción de la homosexualidad o las personas transgénero a menores de 18 años, el primer ministro Viktor Orbán anunció que en su lugar celebraría un referéndum nacional sobre la ley a principios de 2022.
La UE está emprendiendo acciones legales contra Hungría debido a esta ley recientemente aprobada. Está haciendo lo mismo con Polonia como resultado de sus discriminatorias «zonas libres de LGBT».
Este mes se reveló que el gobierno de Orbán había desplegado software espía del grupo NSO contra periodistas de investigación, activistas y al menos un político de la oposición, obteniendo así acceso a los mensajes, fotos, correos electrónicos, llamadas y micrófonos de sus teléfonos. Los ciudadanos salieron a las calles de Budapest para protestar contra esta vigilancia ilegal, llamando a Viktor Orbán el «Victador». La Fiscalía Regional de Investigación de Budapest dijo que estaba abriendo una investigación sobre el uso del software espía, aunque hay escepticismo sobre el vigor de su implicación. El gobierno de Orbán parece no estar dispuesto a abordar el tema de manera sustancial: los parlamentarios de la oposición convocaron una reunión de emergencia del comité de seguridad nacional del parlamento, pero los parlamentarios del partido gobernante no se presentaron.
En breve
En julio Macedonia del Norte recibió muy buenas noticias, cuando el Ministro de Justicia anunció enmiendas al Código Penal que fortalecerán la seguridad de los periodistas. Los cambios propuestos incluyen nuevas sanciones por agredir a los trabajadores de la prensa y la penalización del acoso en línea. Asimismo, las agresiones a periodistas se tratarán de la misma forma que las agresiones a agentes de policía.
El gobierno del Reino Unido ha propuesto cambios a la Ley de Secretos Oficiales, bajo los cuales los periodistas podrían ser etiquetados como espías y encarcelados hasta por 14 años por hacer su trabajo.
La Comisión Europea publicó su informe sobre el Estado de derecho de 2021 que decepcionó a los miembros de IFEX. Human Rights Watch criticó el informe por carecer de una visión estratégica clara de cómo abordar la erosión del Estado de derecho en ciertos países, como Polonia y Hungría. Los miembros del mecanismo de Respuesta Rápida de Libertad de Medios tenían preocupaciones similares y dijeron que los “análisis despolitizados” habían dado lugar a un informe que no transmitía adecuadamente la profundidad de la crisis en Polonia y Hungría.
