Una delegación integrada por representantes del Instituto Internacional de la Prensa y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias ha visitado México para evaluar las medidas gubernamentales para garantizar la seguridad de los periodistas.
(IPI/WAN-IFRA/IFEX) – Una delegación integrada por representantes del Instituto Internacional de la Prensa (IPI) y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) ha visitado México para evaluar las medidas gubernamentales para garantizar la seguridad de los periodistas, así como las estrategias adoptadas por los propios medios y profesionales de la comunicación para continuar informando desde los lugares más peligrosos del país.
La delegación se reunió con diversas personalidades destacadas del país, como representantes de las autoridades federales, estatales e intergubernamentales, periodistas y editores, así como diplomáticos y grupos de la sociedad civil en Ciudad de México.
Durante su visita, del 10 al 13 de febrero, la delegación también abordó otros desafíos importantes que afronta el periodismo independiente en el país, como son la dependencia mediática de la publicidad gubernamental y la concentración de propiedad en el sector de radiodifusión.
“En México nos enfrentamos con problemas horrendos. Una parte importante del país está controlada por las mafias del narcotráfico y el crimen organizado, no por el Gobierno del Estado. Estas mafias torturan y asesinan a los periodistas, obligándoles a la autocensura”, señaló Roger Parkinson, ex presidente de WAN-IFRA, miembro de IPI y antiguo editor, director general y presidente del grupo canadiense Globe & Mail, quien estuvo al frente de la misión.
“El Gobierno Federal ha dado un paso adelante al reformar la Constitución, cambiando la estructura legal para el procesamiento de los asesinos e instaurando un mecanismo para la protección de los periodistas. Sin embargo, solo se alcanzará un progreso real cuando los criminales estén entre rejas”, añadió.
Por su parte, Barbara Trionfi, gerente de Libertad de Prensa del IPI, recordó que “en los últimos seis años, México ha sido uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Eso ha hecho que la seguridad de los periodistas se convirtiera en una cuestión prioritaria de la misión del IPI y WAN-IFRA”.
Trionfi admitió “la decepción al constatar que, pese a la buena voluntad manifestada por las autoridades mexicanas, el desarrollo de leyes y otras medidas destinadas a erradicar los ataques contra los periodistas es lento y que muchos de esos mecanismos aún no han empezado a funcionar”.
Cabe recordar que, desde 2006, un total de 55 periodistas han sido asesinados en México por razones relacionadas con su trabajo, siendo también objeto de ataque los edificios e instalaciones de algunas editoras, sobre todo en el norte del país. En México, los crímenes contra los medios raramente son resueltos, forzando así a los profesionales de la información a practicar la autocensura como su última medida de protección.
El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien tomó posesión de su cargo en diciembre de 2012, ha prometido implementar el mecanismo establecido por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada durante el mandato del anterior presidente, Felipe Calderón Hinojosa, con el fin de asegurar una rápida actuación de las autoridades en caso de amenaza a periodistas.
Con todo, el Gobierno aún ha de aprobar la propuesta de enmienda constitucional necesaria, ratificada por el Congreso Federal en junio de 2012, que autoriza a las autoridades federales a penalizar los delitos cometidos contra periodistas.
“La legislación secundaria tiene alta prioridad y, si todo va bien, el Gobierno podrá aprobarla en el plazo de cinco meses”, según Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Comité de Derechos Humanos de la Cámara federal de Diputados.
Estas reformas permitirán a las autoridades federales sancionar a quienes ataquen a periodistas y a medios de información; algo que hasta ahora era competencia de los estados, que poco uso de ella hacían.
En un encuentro con Eduardo Sánchez Hernández, Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, la delegación manifestó su preocupación p or casos como el de Veracruz, en los que las autoridades estatales han adoptado una actitud particularmente hostil contra los periodistas críticos.
“El Gobierno Federal va usar los instrumentos legales que tiene a su disposición para no permitir que los gobiernos estatales cometan un abuso, sean del partido que sean”, subrayó Sánchez Hernández.
Asimismo, la delegación tuvo ocasión de reunirse con Laura Borbolla, Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, quien expresó su confianza de que se producirán más sanciones una vez que entre en vigor la nueva legislación.
Pese a las recientes reformas, los periodistas y representantes del Estado que se entrevistaron con la delegación coincidieron en el continuo empeoramiento de las condiciones de seguridad para los periodistas que informan desde regiones afectadas por el poder de los carteles de droga, como Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz. Muchos de ellos convinieron además en que los propios medios informativos también han sido lentos en adoptar medidas para salvaguardar la integridad física de los periodistas.
“La violencia nos ha agarrado desprevenidos”, dijo el editor de un periódico nacional. “Creíamos que podríamos evitar mayores muestras de violencia al reaccionar con rapidez cuando se amenazaba a uno de nuestros periodistas”.
A pesar de la adopción de protocolos de seguridad en algunos periódicos y de la firma en marzo de 2011 por parte de 46 grupos mediáticos de un acuerdo para el establecimiento de criterios editoriales contra la violencia, algunos periodistas lamentan la falta de conciencia sobre el peligro que afrontan los profesionales de medios en algunos lugares del país.
En las próximas semanas se publicará un informe sobre esta misión.
La delegación estuvo compuesta por Roger Parkinson, Barbara Trionfi, Larry Kilman, director adjunto de WAN-IFRA, Rodrigo Bonilla, responsable de misiones de libertad de prensa de WAN-IFRA y Scott Griffen, asesor de libertad de prensa para América Latina y el Caribe del IPI.
