(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 16 de diciembre de 2005: La SIP advierte retrocesos sobre acceso a la información pública ante nuevas legislaciones en Honduras, Guatemala, Paraguay y Perú Rescata, sin embargo, la tendencia legislativa latinoamericana de acabar con la cultura del secreto de […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 16 de diciembre de 2005:
La SIP advierte retrocesos sobre acceso a la información pública ante nuevas legislaciones en Honduras, Guatemala, Paraguay y Perú
Rescata, sin embargo, la tendencia legislativa latinoamericana de acabar con la cultura del secreto de Estado
Miami (16 de diciembre del 2005) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclama sobre retrocesos en materia de acceso a la información pública al advertir que proyectos de ley que se discuten en Honduras y Paraguay pueden contradecir principios sobre libertad de expresión, así como una legislación de inteligencia aprobada recientemente en Perú que desvirtúa una ley anterior sobre transparencia oficial.
La SIP rescata sin embargo, como positivo, la nueva tendencia en América Latina que busca cambiar la «cultura secretista del Estado», por una actitud de apertura en materia de acceso a la información pública que beneficie a todos sus ciudadanos. Actualmente, los países con leyes de acceso son: Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
Asimismo, la SIP advirtió que las nuevas legislaciones deben establecer estándares internacionales de apertura, transparencia y libertad de expresión, manteniendo el espíritu de la Declaración de Chapultepec, un documento elaborado en el 1994 y que desde entonces la SIP viene utilizando para promover el libre acceso a la información pública. Su artículo 3 manifiesta: «Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público».
La SIP exhortó a legisladores peruanos, tal como lo consideró el Consejo de la Prensa Peruana, a modificar las deficiencias de la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional aprobada ayer por el Congreso, adecuándola a principios constitucionales sobre acceso que fueron plasmados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) en vigencia desde el 2002.
La SIP considera que la nueva legislación sobre inteligencia amenaza seriamente la cultura de apertura estatal que buscó crear la ley del 2002, al añadir nuevas categorías y plazos sobre información clasificada por motivos de seguridad nacional.
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que «debemos ser sumamente cautelosos con los proyectos de legislación, porque ya hemos visto como luego el acceso es desvirtuado con limitaciones y excepciones que son interminablemente expresadas en la reglamentación de la ley, como sucedió en Panamá, o como actualmente quedó demostrado en Perú, donde echaron por tierra avances significativos que habían logrado un par de años atrás».
Respecto a Honduras, preocupa a la SIP que el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y Hábeas Data, que puede ser tratado por el Congreso en las próximas semanas, contiene «elementos confusos» en materia de acceso, con el riesgo de obligar a empresas de carácter privado a divulgar información. También se advierte que puede ser contraproducente incluir en una misma legislación obligaciones del Estado con temas de habeas data.
La SIP mostró también su preocupación sobre el proyecto de Ley de Libre Acceso a la Información Pública aprobado ayer por la Cámara de Diputados de Paraguay, en el sentido de que se aproveche a legislar sobre entidades privadas y a plantear mayores limitaciones de acceso, como sucedió en ese país con un proyecto de ley del 2001 que luego no fue tenido en cuenta.
En Guatemala, el gobierno del presidente Oscar Berger aprobó recientemente un acuerdo de Libre Acceso a la Información que afecta al Ejecutivo, el cual carece de profundidad y permite una amplia discrecionalidad del funcionario para entregar o no la información, además de que no impone sanciones para aquellos funcionarios que dispongan no brindar acceso al peticionario.
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, recordó que la intención del gobierno de Guatemala se asemeja a la del Poder Ejecutivo argentino que también dictó un decreto similar, «aunque la experiencia nos indica que esas intenciones, por más positivas que aparecen, no terminan obligando en la práctica al Estado como sí lo haría una ley».
Marroquín agregó que es importante que los legisladores tomen en cuenta el reclamo de sus ciudadanos que es expresado a través de instituciones y que legislen para en materia de información y actos públicos que la ciudadanía debe y tiene el derecho de conocer. «Esa debe ser la meta, y no la excusa para incluir al sector privado, ya que éste está obligado y/o amparado por otras legislaciones».
En esa materia, la presidenta de la SIP, Diana Daniels, recordó que recientemente la organización hemisférica protestó al Congreso argentino por postergar la sanción de una ley de acceso que habiendo sido aprobada en la Cámara de Diputados en el 2003 con un amplio consenso de instituciones varias, terminó evaporándose con una modificación en el Senado que desvirtuó su espíritu de apertura y transparencia al imponer limitaciones y querer abarcar al sector privado.
Al destacar la importancia de la existencia de leyes de acceso a la información pública, Daniels, del The Washington Post Company, señaló que «éstas sirve al ciudadano común para acceder a información necesaria en torno a las decisiones que le compete tomar en su vida privada y como miembro de la sociedad. Sin el libre flujo informativo, su derecho a la información se ve seriamente comprometido».
