"El fallo representa una victoria para la libertad de prensa en Panamá y sienta un precedente que refuerza el rol esencial del periodismo en la fiscalización del poder. Celebramos que la Corte Suprema haya reivindicado el principio de que el interés público debe prevalecer sobre intentos de silenciar a los medios mediante demandas civiles" - SIP
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 19 de mayo de 2025.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebra el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que rechazó definitivamente el caso civil contra el diario La Prensa, por considerarlo un avance importante para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo de investigación en la región.
La Corporación La Prensa, según informó, resultó favorecida por un fallo unánime de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la demanda presentada por la sucesión del exmagistrado fallecido César Pereira Burgos, en la que se reclamaban 25 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios por tres publicaciones del diario La Prensa, realizadas en 2006.
El máximo tribunal, cuyo magistrado ponente fue Olmedo Arrocha Osorio, destacó que la actuación de La Prensa se enmarcó dentro del interés público y el derecho ciudadano a estar informado.
En su fallo, la Corte Suprema señaló que “de igual forma, el demandante tampoco ha demostrado que los hechos expuestos […] sean falsos […]. Siendo ello así, mal pudiera catalogarse lo publicado como un hecho ilícito, pues no se ha acreditado que el comportamiento de la demandada estuviese alejado del estándar exigido para estos casos […].”
Según La Prensa, el fallo también advierte sobre el riesgo de autocensura derivado de demandas con montos exorbitantes. El fallo advierte que “… no pueden prosperar aquellas indemnizaciones que solo buscan satisfacer los sueños de fortuna de los demandantes, inflando desmedidamente sus cuantías a fin de acallar a quienes solo han ejercido su derecho a expresarse.”
“El fallo representa una victoria para la libertad de prensa en Panamá y sienta un precedente que refuerza el rol esencial del periodismo en la fiscalización del poder”, afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador. “Celebramos que la Corte Suprema haya reivindicado el principio de que el interés público debe prevalecer sobre intentos de silenciar a los medios mediante demandas civiles”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), agregó: “Este fallo representa un precedente importante para la libertad de expresión en Panamá. Reafirma que los periodistas no pueden ser castigados por investigar y divulgar asuntos que involucran a figuras públicas. Es también un mensaje claro contra la judicialización abusiva del periodismo”.
Este fallo es importante teniendo en cuenta que la Corporación La Prensa afronta en la actualidad 14 procesos civiles y 5 demandas penales por parte de exfuncionarios, excontratistas del Estado, diputados y otras figuras públicas, entre ellos el exjefe de Estado Ernesto Pérez Balladares y la exjueza Argentina Barrera, por una suma cercana a 40 millones de dólares en concepto de multas e indemnizaciones.
La SIP ya ha advertido sobre la laxitud de la Justicia en Panamá, cuya legislación permite que un demandante reclame el congelamiento de activos de un medio durante el transcurso de un proceso judicial, aun sin que haya sentencia y echando intencionalmente mano de pretensiones desorbitadas, que además generan altísimos costos para afrontar las costas judiciales, más allá de que la causa termine siendo desechada.
La SIP ha influido en numerosos países para que las demandas contra los medios y periodistas planteadas por figuras públicas en busca de resarcir su honor o reputación no sean dirimidas en el ámbito penal sino en el civil, y que en estos casos exista una proporcionalidad en la demanda y en la eventual reparación establecida por los jueces.
En febrero pasado, la SIP calificó como un hito trascendental la adhesión de los presidentes de los tres poderes del Estado panameño a las declaraciones de Chapultepec y Salta II, al considerar que este acto refleja un firme compromiso con las libertades de expresión y de prensa, pilares esenciales para la democracia.