Según datos del diario "La Nación", en 2010 se usó dinero del erario público para beneficiar con el 67,5% a un canal de un empresario claramente identificado con el gobierno.
(SIP/IFEX) – Miami, 14 de enero de 2011 – La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el uso discriminatorio de la publicidad oficial de parte del gobierno argentino, calificándolo de una «práctica bochornosa y recurrente que históricamente viene manchando la libertad de prensa y de expresión en el país», y que necesita ser regulada.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, indicó que ante denuncias públicas sobre el uso de los dineros públicos en materia de publicidad y propaganda gubernamental «es necesario que se restablezca en Argentina un debate profundo para buscar una regulación que permita adoptar criterios técnicos y transparentes en la distribución de la pauta oficial».
En sus informes semestrales sobre Argentina y varios países de la región, la SIP viene insistiendo en calificar de «profunda y arraigada práctica corrupta» el uso de la publicidad por parte de los gobiernos con la que se premia a medios «amigos» y se castiga a los independientes.
Datos recientes aportados por el diario La Nación, de Buenos Aires, establecen que en 2010 el gobierno nacional usó 107 millones de pesos, equivalentes a unos 27 millones de dólares, del erario público, beneficiando con el 67,5% a programas emitidos por Canal 9, de propiedad de un empresario claramente identificado con el gobierno, y segregando a otros medios con programación de mayor audiencia.
«La publicidad oficial es un importante elemento de las actividades del gobierno en una democracia – dijo Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre – pero mal administrada es un acto de corrupción que se vuelve contra los propios ciudadanos; por lo que no entendemos la parálisis legislativa que existe en esta materia».
Por su parte, el copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, lamentó que el gobierno argentino permanezca indiferente ante cada denuncia por esta «mala práctica, bochornosa y recurrente, que históricamente viene manchando la libertad de prensa y de expresión en el país».
Paolillo recordó que la SIP ha enviado varias misiones en años recientes a Argentina, así como emitido resoluciones, informes y recomendaciones al respecto, aclarando que ningún gobierno en las últimas décadas adoptó medidas para evitar el uso discriminatorio de los fondos públicos y la publicidad oficial.
