(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 8 de octubre de 2004: La SIP considera como un retroceso liberación de responsable por muerte de Guillermo Cano Miami (8 de octubre del 2004) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó y calificó como un retroceso para […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 8 de octubre de 2004:
La SIP considera como un retroceso liberación de responsable por muerte de Guillermo Cano
Miami (8 de octubre del 2004) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó y calificó como un retroceso para la lucha contra la impunidad, la liberación de Luis Carlos Molina Yepes, uno de los acusados por el crimen en 1986 del destacado periodista colombiano Guillermo Cano Isaza.
Cano fue asesinado el 17 de diciembre de 1986. El jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, lo consideraba a él y al diario que dirigía, El Espectador, como sus principales enemigos por sus denuncias contra el narcotráfico y su posición favorable a la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. Molina Yepes habría sido encargado por Escobar para pagar a los dos sicarios que dispararon en ocho ocasiones al pecho de Cano.
A principios de octubre de 2004, Molina Yepes, sentenciado en 1995 mientras estaba prófugo a 16 años y 8 meses de cárcel por conspiración para cometer el crimen, recuperó su libertad tras seis años de prisión.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Rafael Molina, expresó que «sin ánimo de cuestionar la decisión judicial, lamentamos y expresamos nuestra indignación por lo que consideramos un retroceso para la lucha contra la impunidad y específicamente sobre el asesinato de Cano, uno de lo más emblemáticos de la sociedad colombiana y cuya investigación conllevó a que dos jueces y un abogado fueran también asesinados».
Molina Yepes fue capturado en un restaurante de Bogotá el 18 de febrero de 1997, días después que una delegación internacional de la SIP se reuniera con el presidente Ernesto Samper y solicitara que se adelantaran diligencias para dar con el paradero de los involucrados en el asesinato del periodista.
Pese a que la SIP expresó su satisfacción y consideró la captura de Molina Yepes como un hecho positivo, un mes más tarde presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), constatando que el proceso judicial del caso Cano estuvo viciado de irregularidades y constituyó una denegación de justicia. La SIP responsabilizó al Estado de Colombia por violaciones a los derechos humanos y el caso fue admitido por la CIDH, adjudicándosele el No.11.728.
La organización hemisférica insistió ante el gobierno de Colombia y la CIDH por el esclarecimiento del crimen, por considerar que el asesinato de Cano se trató de un hecho que marcó el inicio de una ola de violencia contra los medios y los periodistas que criticaran cualquier acción de los narcotraficantes en Colombia.
