(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 26 de abril de 2002: La SIP critica pedido de intervencion judicial a un diario peruano Miami (26 de abril del 2002) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifesto su alarma y sorpresa ante un pedido de intervencion […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 26 de abril de 2002:
La SIP critica pedido de intervencion judicial a un diario peruano
Miami (26 de abril del 2002) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifesto su alarma y sorpresa ante un pedido de intervencion judicial administrativa a un diario del Perú, accion que de concretarse «compromete la libertad de expresion» en el país.
El procurador Luis Vargas Valdivia solicito a la jueza Sara Maita Dorregaray que designe un interventor judicial para que se haga cargo de la administracion del diario Expreso, después de que esa jueza declarara al diario como tercero civilmente responsable en el proceso judicial que se le sigue a su ex director Eduardo Calmell del Solar a quien se involucro en actos de corrupcion con Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Alberto Fujimori.
El presidente de la SIP, Robert Cox, en carta al ministro de Justicia, Fernando Olivera, advirtio que la independencia editorial y la política informativa de un medio de comunicacion están íntimamente ligadas a la independencia economica y de administracion por lo que una posible intervencion «coincide con acciones del mismo tipo tomadas por gobiernos dictatoriales en América dirigidas a coartar la libertad de prensa».
A continuacion el texto de la carta:
«Sr. Ministro:
Hemos recibido con alarma y sorpresa la noticia de que el procurador Luis Vargas Valdivia ha solicitado la intervencion del diario Expreso debido a la causa que se le sigue a su ex director periodístico Eduardo Calmell del Solar, sobre la que todavía no existe sentencia en un proceso en el cual, sobre ciertos aspectos, esta institucion ya ha planteado su inquietud ante las autoridades peruanas.
La intervencion del diario del cual el encausado solo tendría un 13% por ciento de las acciones implica una sancion a la mayoría de la empresa, se contradice con tesituras mantenidas por el gobierno peruano en otros casos y, de hecho, más allá de la imparcialidad de las intenciones, implica un precedente que coincide con acciones del mismo tipo tomadas por gobiernos dictatoriales en América dirigidas a coartar la libertad de prensa.
La disquisicion de que se hable de una intervencion administrativa no hace la diferencia. Sin entrar en la cuestion de fondo y técnica, nos resulta difícil entender esa responsabilidad economica solidaria pero mucho más extraño nos resulta que se la quiera concretar a través de la intervencion de un medio de prensa.
Insistimos que lo de administrativo no cambia la situacion, por cuanto sabido es que la independencia editorial y la política informativa de un medio de comunicacion está íntimamente ligada a la independencia economica y de administracion frente a cualquier interferencia externa y, a la vez, que esos ordenes administrativos y economicos, en lo interno, deben estar sometidos a la línea editorial.
Creemos que de concretarse esta medida será una desacertada decision que compromete la libertad de expresion del diario Expreso y la libertad de expresion en todo Perú. A través de esta decision el Gobierno y la Justicia asumen una muy seria responsabilidad, ante lo cual esta institucion, en funcion de la trayectoria de ese Gobierno y de las acciones pasadas en defensa de la libertad de prensa en el Perú, se permite alertar sobre los riesgos que implican seguir este camino.»
