(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 13 de junio de 2005: La SIP aboga por acceso a la información y reclama eliminación del desacato en Chile Santiago, Chile (13 de junio del 2005) – La Sociedad Interamericana de Prensa exhortó hoy a diputados y senadores […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 13 de junio de 2005:
La SIP aboga por acceso a la información y reclama eliminación del desacato en Chile
Santiago, Chile (13 de junio del 2005) – La Sociedad Interamericana de Prensa exhortó hoy a diputados y senadores chilenos a sancionar una ley de acceso a la información pública, eliminar el delito de desacato y dejar sin efecto una reforma constitucional sobre vida privada y pública que cercena la libertad de prensa.
En el marco de la Conferencia Legislativa sobre Libertad de Prensa organizada por la SIP el 13 de junio en Santiago, el presidente de la entidad hemisférica, Alejandro Miró Quesada Cisneros, entregó al Presidente del Senado de Chile, Sergio Romero Pizarro, un documento con recomendaciones para fortalecer la libertad de prensa, «un derecho que entendemos no como de los medios de información sino de la ciudadanía en general».
Las recomendaciones en materia de acceso a la información pública e información judicial y la eliminación del delito de desacato fueron incluidas en un documento que fue elaborado durante un foro que la SIP realizó en esta ciudad el 8 y 9 de junio con expertos legales y abogados chilenos de medios de comunicación, entre ellos Miguel González Pino, Juan Pablo Olmedo y Pedro Anguita. Una de las cinco recomendaciones establece la necesidad de «eliminar el delito de desacato contenido en los artículos 263 y 264 del Código Penal y los artículos 276, 284, 416 y 417 del Código de Justicia Militar, en concordancia con la iniciativa legal propuesta por el Presidente de la República en septiembre de 2002, y actualmente radicado en la Comisión Mixta del Congreso Nacional».
Sergio Muñoz, presidente de la Comisión de Chapultepec de la SIP, se refirió a la trascendencia de los encuentros nacionales que la SIP promueve desde hace tres años con jueces, legisladores, abogados y periodistas con el objetivo de debatir sobre legislación y regulaciones que afectan y favorecen la libertad de prensa y el derecho del público a la información. «Creemos – dijo Muñoz – como periodistas y ciudadanos, que es nuestro deber moral y profesional seguir impulsando estos preceptos fundamentales para el fortalecimiento de las democracias».
El senador Romero, en materia de acceso a la información pública, se mostró confiado de un proyecto de ley que se encuentra actualmente en primer trámite constitucional en el Senado, y dijo que servirá para contrarrestar otras legislaciones vigentes a las que calificó de «letra muerta» y que promueven la cultura del «secretismo en la administración pública».
Como legislación vigente negativa en materia de acceso, el Presidente del Senado, se refirió a la Ley de Probidad (Ley 19.653) de diciembre de 1999 con el complemento de la Ley 19.880 de mayo del 2003 que «no han logrado en la práctica conseguir el objetivo propuesto por el legislador, siendo en la actualidad, el derecho al libre acceso a la información pública, verdadera letra muerta». También dijo que el Decreto Supremo No. 26 del 28 de enero del 2001 del Ministerio Secretaría General de Gobierno al establecer que son los propios órganos de la Administración del Estado los que determinan la confidencialidad de los actos o documentos de la administración pública, produjo una «verdadera cultura del secretismo».
Sobre el particular, Juan Luis Sommers, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, institución que auspició la Conferencia expresó que «hay una singular paradoja en el hecho de que en un régimen democrático existan materias declaradas secretas o reservadas para nosotros, los simples ciudadanos, precisamente por aquellos que nosotros mismos hemos elegido».
Respecto a un proyecto de ley sobre protección al honor e intimidad de las personas, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, Romero indicó que se debe buscar «un equilibrio razonable» entre quienes favorecen el derecho a la información por sobre el derecho a la honra e intimidad y viceversa. Agregó que los «grandes acuerdos legislativos» en el Congreso Nacional requieren de la participación activa del «mundo académico y los medios de comunicación», que serán consultados.
El senador Romero también se refirió al proyecto de ley de reforma del Código Penal y el Código de Justicia Militar, actualmente en tratamiento en una Comisión Mixta del Congreso, y adelantó que existen discrepancias en ambas cámaras legislativas sobre la derogación del delito de desacato.
Sobre el tema, el presidente de la SIP, Miró Quesada, amplió sobre la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1994 que estableció que el delito de desacato es contrario al artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica. Agregó que «consideramos necesario que Chile se una a muchos países que han eliminado de su legislación las normas de desacato, tales como los casos recientes de Honduras y Panamá, así como los de Costa Rica, Paraguay, Argentina y Perú».
Claudio Grossman, invitado especial por la SIPy abogado chileno decano de la Facultad de Leyes de la Universidad American de Washington, durante el panel «Conveniencia de la derogatoria de leyes que restringen la libertad de prensa en Chile», se refirió al sistema internacional de justicia. Explicó sobre casos importantes ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han creado jurisprudencia a favor de la libertad de prensa, tales como los de la periodista chilena Alejandra Matus, el periodista costarricense Mauricio Herrera y el peruano Baruch Ivcher.
El panel estuvo integrado por Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y los tres abogados chilenos González, Olmedo y Anguita, quienes criticaron el amparo que tienen los funcionarios con la figura del desacato y abogaron para que se dicte una ley de acceso a la información pública amplia que obligue a todos los organismos del Estado, incluido el Poder Judicial, a brindar información en forma oportuna.
En el debate posterior, ante la opinión de un diputado nacional sobre la necesidad de controlar la libertad de prensa, Marroquín expresó que «la mejor ley de prensa es aquella que no existe», aunque destacó la importancia de «mejorar las legislaciones existentes sobre la materia en libertad de prensa».
Por último, el presidente de la SIP, anunció que la próxima etapa del proyecto de Chapultepec incluirá un debate hemisférico sobre el comportamiento ético de la prensa.
La delegación de la SIP estuvo integrada por Alejandro Miró Quesada Cisneros, «El Comercio», Lima, Perú; Gonzalo Marroquín, «Prensa Libre», Guatemala; Sergio Muñoz, «Los Angeles Times»; y por Julio Muñoz y Ricardo Trotti, director ejecutivo y de libertad de prensa de la institución, respectivamente.
El proyecto de Chapultepec de la SIP cuenta con el apoyo de la Fundación Robert R. McCormick, con sede en Chicago, Estados Unidos.
Para el texto completo del comunicado y de las recomendaciones, por favor visite http://www.sipiapa.org
