Un grupo de corresponsales que cubre los actos de gobierno presentó quejas sobre el control para acceder al gobernador y en el otorgamiento de información pública.
(SIP/IFEX) – Miami, 19 de enero de 2011 – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación por un comienzo poco auspicioso en las relaciones entre el gobernador Rick Scott, de Florida, EE.UU, y la prensa que cubre los actos oficiales, al tiempo que reclamó «reglas claras» al gobierno estatal y atenerse a obligaciones constitucionales en materia informativa.
Un grupo de corresponsales que cubre los actos de gobierno en la capital estatal de Tallahassee, presentó quejas ante la Sociedad de Editores de Noticias de la Florida sobre el control sin precedentes para acceder al gobernador, a las actividades públicas de las que participa y la discriminación en el otorgamiento de información pública. Scott asumió la gobernación el pasado 4 de enero.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, aseveró que «si bien suele existir una natural tensión entre los gobernantes y la prensa, esperamos que este comienzo poco auspicioso y tirante en las relaciones sea ponderado, respetándose, sobre todo, el derecho de los ciudadanos floridanos a conocer sin restricciones temas oficiales y de interés público».
Los periodistas mencionaron una serie de incidentes, entre ellos, que el equipo de trabajo del mandatario estatal omite informar sobre la celebración de eventos públicos, limita y niega el acceso a actos oficiales y discrimina sobre cuáles miembros de la prensa y medios pueden participar en esos eventos. También denunciaron lentitud en la provisión de información oficial.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director editorial del periódico texano San Antonio Express-News, indicó que «es necesario señalar estos errores de concepto a principios de mandato, con el objeto de que se corrijan y para que haya entendimiento de que existen obligaciones constitucionales y legales sobre actos públicos, información oficial y acceso a la información para la prensa, con el objetivo primordial de que la transparencia en los actos de gobierno salvaguarda el derecho de todos los ciudadanos a vivir plenamente la democracia».
