El fallo prohíbe a la prensa difundir grabaciones telefónicas sin autorización de los involucrados o de un juez.
(SIP/IFEX) – Miami – 10 de diciembre de 2010 – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su sorpresa y calificó de «retroceso a la libertad de prensa», un fallo judicial reciente en Perú que prohíbe a la prensa difundir grabaciones telefónicas sin autorización de los involucrados o de un juez.
El fallo, adoptado el 8 de diciembre por el Tribunal Constitucional del Perú, especifica que los medios que violan la disposición podrán ser denunciados penalmente y precisa que las cintas grabadas en forma subrepticia configuran «una violación del derecho de la honra y a la dignidad de toda persona».
La decisión judicial responde a una solicitud de habeas corpus de la esposa de Alberto Quimper, entonces director de la empresa estatal Petroperú, uno de los implicados en un caso de corrupción conocido como «Petroaudios», grabaciones clandestinas que daban cuenta de negociados que favorecían a la empresa Discover Petroleum.
El Tribunal Constitucional consideró ilegal la difusión de esos audios en 2008 en el programa de televisión Cuarto Poder y en el diario La República, medios que los divulgaron tras recibirlos en forma anónima.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, manifestó que «estamos lamentablemente ante un retroceso de los principios que enmarcan la libertad de prensa». Explicó que «aunque se puede entender que la libertad tiene límites, como lo es la intimidad, la prensa tiene la obligación de revelar asuntos cuando son de interés público y hacen al bien común».
«En este caso – recordó Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre – primero, los medios no cometieron el delito y segundo, tienen la obligación moral de reportar hechos que por su gravedad afectan a toda la población y al gobierno». En ese sentido, dijo que prueba de ello, es que la información revelada sirvió al propio gobierno para adoptar medidas correctivas en contra de la corrupción pública, lo que derivó incluso en cambios de funcionarios en el gabinete del presidente Alan García.
Por su parte, el co-presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, Montevideo, mostró su preocupación de que el fallo retrotrae aspectos penales contra la prensa, representando un claro retroceso ante la nueva tendencia evidenciada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
