(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de la prensa de la SIP, con fecha del 19 de septiembre de 2007: La SIP preocupada por controversia impositiva en Nicaragua que limita la entrega de insumos para la producción de periódicos La organización reclama pronta resolución sobre un recurso de inconstitucionalidad. Miami (19 de septiembre […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de la prensa de la SIP, con fecha del 19 de septiembre de 2007:
La SIP preocupada por controversia impositiva en Nicaragua que limita la entrega de insumos para la producción de periódicos
La organización reclama pronta resolución sobre un recurso de inconstitucionalidad.
Miami (19 de septiembre de 2007) – La Sociedad Interamericana de Prensa expresó hoy su preocupación al gobierno de Nicaragua por las limitaciones de entrega de insumos para la producción de periódicos y la presión impositiva contra la prensa, lo que contraviene principios sobre libertad de prensa y de expresión establecidos en la Constitución nacional de ese país.
La SIP, tras una controversia pública entre «La Prensa» y la Dirección General de Servicios Aduaneros en la que se acusa al diario de estar en mora en el pago de aranceles por insumos de producción, exhortó públicamente a la Corte Suprema de Justicia a que atienda un recurso de inconstitucionalidad y otro de amparo en contra de la Ley 528 o Ley Arce, que regula las obligaciones impositivas de los medios de comunicación.
El recurso de inconstitucionalidad fue presentado a mediados de 2005 por un grupo de medios de comunicación, aduciendo que la Ley 528 contraviene lo estipulado en el Art. 68 de la Constitución que exonera del pago de impuestos la importación de «papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materias escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas». El recurso de amparo fue presentado por «La Prensa» a principios de agosto de este año.
El presidente de la SIP, Rafael Molina, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, indicaron que «se hace necesario un pronunciamiento definitivo de parte de la Corte Suprema nicaragüense para que se diriman este pleito, de tal forma que ni la libertad de prensa ni el derecho a la información así como ni la credibilidad de los medios ni la del gobierno, queden afectadas».
La Ley 528, impulsada por el diputado sandinista Bayardo Arce, contempla en su Art. 17 que los grandes contribuyentes estarán exentos de impuestos hasta un 2.5% sobre sus ingresos brutos declarados el año fiscal anterior y los demás hasta un 5%. La ley fue aprobada el 15 de marzo de 2005 y publicada en La Gaceta Diario Oficial el 31 de mayo de 2005.
Marroquín, quien en el 2005 lideró una misión de la SIP a Nicaragua y dialogó con los diputados nacionales, dijo que también es responsabilidad de la Asamblea crear los mecanismos necesarios para proteger los derechos y garantías constitucionales. En ese sentido, dijo tener conocimiento de una iniciativa de Ley para Fortalecer la Libertad de Prensa que reglamenta el Art. 68 exonerando a los medios escritos, televisivos y radiales sobre los insumos esenciales para su producción. El proyecto también deroga el artículo 17 de la Ley 528 que afecto la importación de insumos básicos para la producción de los medios de comunicación como el papel prensa entre otros.
Marroquín recordó que la SIP «no defiende ni demanda privilegios para los medios de prensa, pero nos preocupa cuando se pretende hacer reformas legislativas con el fin de castigar a los medios por su línea editorial».
La controversia se originó luego de que la semana pasada «La Prensa» solicitara libre de impuestos papel prensa que estaría dentro de la cuota anual de 2.5% de exoneración. A cambio de ello, la aduana exigió la aceptación de una supuesta deuda y de un acuerdo del pago de impuestos pasada esa cuota, que representantes del diario se negaron a firmar amparándose en disposiciones jurídicas y legales, por cuanto ante la Corte Suprema existe un recurso de inconstitucionalidad y un recurso de amparo.
La indignación de los representantes de «La Prensa» también viene a colación por una publicación de la Dirección General de Servicios Aduaneros en la que se acusa al diario de una deuda impositiva cercana a los 740 mil dólares estadounidenses.
«La Prensa» editorializó que no tiene deudas pendientes con la aduana y que «el cobro de una carga fiscal es ilegal y atenta contra los derechos constitucionales», con la aclaración de que en los dos últimos años el diario pagó 1.8 millones de dólares en concepto de impuestos a las rentas, al valor agregado, municipales y a la propiedad.
