La organización pide a las autoridades del departamento colombiano de Magdalena investigar la censura de la que fue víctima el periódico "El Heraldo".
(SIP/IFEX) – Miami, 23 de junio de 2011 – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió públicamente a las autoridades del departamento colombiano de Magdalena investigar la censura de la que fue víctima el periódico El Heraldo, después de que su edición fuera boicoteada el domingo pasado.
Varios desconocidos en forma abrupta compraron todos los ejemplares de la edición dominical de El Heraldo, distribuida en los puestos de venta en la ciudad de Santa Marta, capital de Magdalena. Según denuncias recabadas por directivos del periódico, la medida habría obedecido a la publicación del reportaje «La telaraña mafiosa del Magdalena», firmado por el periodista Oscar Montes, en el que se describe, dentro del proceso electoral local, presuntos vínculos de políticos locales con personas investigadas y condenadas por actividades afines al paramilitarismo.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, director del diario guatemalteco Siglo 21, pidió a las autoridades correspondientes «investigar y deslindar responsabilidades para que estos actos no se vuelvan a repetir» en consideración a que las represalias por información y las restricciones a la libre circulación de los medios, estipulados en la Declaración de Chapultepec, «representan una flagrante violación al derecho del público a saber».
Argentina
En otro orden, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, expresó la satisfacción de la SIP por una decisión judicial en Argentina que bloqueó el intento de allanamiento que pretendía hacer un fiscal para decomisar materiales periodísticos de los archivos del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires.
El fiscal Abel Córdoba procuraba obtener información relacionada a casos delictivos ocurridos hace más de tres décadas, en consideración de que el diario habría ocultado o manipulado evidencias.
Rivard, director editorial del periódico estadounidense San Antonio Express-News, manifestó su sorpresa por el «peculiar pedido, ya que lo publicado por un periódico es de índole público, por lo que no hay necesidad de recurrir a la justicia».
Tanto Rivard como Marroquín indicaron su preocupación de que el fiscal hubiera querido llegar a los archivos de los periodistas o directivos, los que por regla general, tanto en leyes como en tratados internacionales, están comprendidos bajo el secreto profesional y protección de las fuentes.
«Nos preocupa – agregaron – que esta medida inverosímil sea parte de una estrategia con fines políticos que pudiera ser imitada por otros fiscales para entrometerse con principios rectores de libertad de prensa, los que fueron satisfactoriamente defendidos y protegidos por la Cámara Federal de Bahía que bloqueó el intento del fiscal».
Índices de inflación
También en Argentina, y ante denuncias recibidas, la SIP manifestó preocupación por hechos que afectan la libertad de expresión referentes a las multas y amenazas de acción penal aplicadas por la Secretaría de Comercio nacional contra los responsables de 12 instituciones locales dedicadas a la investigación económica y a la configuración de índices de inflación.
La inquietud está basada en la polémica, de la que se hizo eco el Congreso nacional, sobre diferencias sustanciales en los índices de inflación que miden estas agencias independientes con los que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Las autoridades de la SIP indicaron que más allá de la reglamentación formal que pudiera existir para la elaboración de estos índices, debe considerarse en forma especial la libertad que debe tener cada individuo para buscar y difundir información, principio fundamental establecido por el Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
