(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 19 de julio de 2001: La SIP rechaza leyes paraguayas que restringen la libertad de prensa La organizacion pide se deroguen normas sobre «Transparencia Administrativa» e «Informacion de carácter privado» que entraron en vigencia esta semana en Paraguay y […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 19 de julio de 2001:
La SIP rechaza leyes paraguayas que restringen la libertad de prensa
La organizacion pide se deroguen normas sobre «Transparencia Administrativa» e «Informacion de carácter privado» que entraron en vigencia esta semana en Paraguay y que lesionan el derecho del público a saber.
Miami (19 de julio del 2001) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazo y condeno por contradictoria y restrictiva una nueva ley promulgada en el Paraguay esta semana que lejos de propiciar la transparencia de la administracion pública para lo que fue creada, «restringe severamente el derecho del ciudadano al acceso a la informacion oficial y amordaza la labor
periodística».
El presidente paraguayo Luis González Macchi promulgo el lunes 16 de julio la Ley de Transparencia Administrativa No. 1.728 la que en varios de sus artículos e incisos restringe el acceso a ciertos tipos de informacion oficial, especialmente en lo referente a la conducta y patrimonio de funcionarios públicos, a las investigaciones sobre corrupcion y a los procesos de contratacion economica del Estado.
Danilo Arbilla, presidente de la SIP, dijo que estamos frente a «una accion netamente contradictoria de parte de los gobernantes paraguayos, porque mientras por un lado dicen estar propiciando la transparencia de los actos públicos, por el otro se observa claramente que están creando mayores restricciones tras las cuales se puede negar informacion sobre los actos de
los funcionarios».
Arbilla, director del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, recalco que «esta nueva legislacion es un freno para cualquier avance que se haya querido realizar a favor del derecho de los ciudadanos a acceder a la informacion pública y la tarea de los periodistas de informar, investigar y fiscalizar la labor de los funcionarios públicos». Agrego que «esta regulacion es una mordaza y está produciendo un ‘efecto escudo’ ya que es evidente que tiene la clara intencion de proteger las acciones de los agentes del Estado sobre cualquier solicitud que haga un ciudadano común».
La Ley 1.728 tiene 16 artículos. El artículo 6 presenta 16 tipos de restricciones y «límites al acceso a la informacion», al establecer que no se podrá acceder a informacion preliminar sobre conductas de funcionarios o sobre hechos de corrupcion hasta que concluyan las investigaciones; sobre la situacion patrimonial de los funcionarios; sobre los procesos de licitacion de obras públicas; sobre sesiones secretas del Congreso y sobre negociaciones o contrataciones de empréstitos, entre otros asuntos.
Arbilla recalco que el espíritu de la ley podría haber estado encaminado a cumplir con preceptos de libertad de expresion y de prensa que emanan del artículo 3 de la Declaracion de Chapultepec que establece que «las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposicion de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la informacion generada por el sector público», pero indico que la SIP observa que con las restricciones, «esto ha quedado totalmente desvirtuado».
Además de la Ley de Transparencia Administrativa esta semana también entro en vigencia, seis meses después de su promulgacion, la Ley 1.682 «Que reglamenta la informacion de carácter privado». Esta norma fue ampliamente criticada por la SIP en sus reuniones de Chile en octubre del 2000 y de Brasil en marzo pasado, por cuanto «constituye una evidente proteccion para
funcionarios públicos, políticos y legisladores para evitar la investigacion del origen de sus bienes y de presuntos actos de corrupcion».
Arbilla dijo que estas dos nuevas leyes violan la libertad de expresion y de prensa y el derecho del público a la informacion, por cuanto la SIP seguirá pidiendo a los poderes públicos del Estado paraguayo que se promuevan iniciativas tendientes a su derogacion.
