La SIP reiteró su pedido de respeto a la libertad de prensa tras recibir denuncias de medios de comunicación y periodistas que todavía siguen siendo limitados y agredidos.
Continúan denuncias de restricciones a la labor informativa
(SIP/IFEX) – Miami (2 de julio de 2009).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró a las nuevas autoridades de Honduras su pedido de respeto pleno a la libertad de prensa, tras un monitoreo constante de la situación en el país centroamericano y de recibir denuncias de medios de comunicación y periodistas que todavía siguen siendo limitados, intimidados y agredidos en su labor profesional.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, expresó que «a fin de garantizar a la población su derecho a recibir plena información, el gobierno no sólo debe cesar cualquier limitación a la labor de la prensa, sino que además debe proteger y garantizar que todos los medios, sin importar sus criterios editoriales, puedan hacerlo en forma libre y segura».
«La libertad de prensa y de expresión es un bien ganancial de la sociedad – añadió Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo – y nadie puede atribuirse la potestad de decidir lo que la gente y la sociedad pueden o tienen que recibir como información», recordando el artículo primero de la Declaración de Chapultepec que establece que «el ejercicio de ésta (libertad de prensa) no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, del diario estadounidense San Antonio Express-News observó «que no nos podemos dejar engañar por la polarización y permitir que se discrimine a los medios, a periodistas y columnistas que pueden profesionalmente estar a favor o en contra de las posiciones políticas que se advierten en esta crisis». Agregó que la base de «la libertad de prensa es la pluralidad y la diversidad» y que «en este conflicto estamos viendo que todos los periodistas y editores de los medios están siendo afectados de una u otra manera por grupos antagónicos».
La SIP ve con preocupación numerosos hechos y denuncias que se registraron después del golpe de Estado del domingo pasado, especialmente incidentes, limitaciones y censuras que debieron soportar los medios radioeléctricos. Pese a que algunas de las televisoras reactivaron sus señales suspendidas el domingo, como el estatal Canal 8 y los privados Canal 6 y Canal 11, existen quejas sobre el control de la información que se difunde; mientras que la señal de la televisora internacional, Telesur, sigue fuera del aire.
También se denunció que corresponsales de la agencia Associated Press (Esteban Félix, Nicolás García y dos asistentes del equipo periodístico) y de Telesur (Adriana Sívori, María José Díaz y Larry Sánchez) fueron detenidos el lunes cuando transmitían imágenes y fotografías desde una habitación de un hotel capitalino, a donde irrumpieron militares armados que los trasladaron a la oficina de Migración. Luego de verificar su situación migratoria, los periodistas fueron liberados.
Periodistas, fotógrafos y camarógrafos de diferentes medios de comunicación presentaron denuncias por agresión ante la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público. Entre éstos, tres periodistas del programa «Entrevistado» de Canal 42 que fueron atacados el domingo con palos y piedras e insultados por manifestantes que los derribaron y rompieron sus cámaras. Una situación similar denunció Radio Globo, en Tegucigalpa, donde incluso los periodistas fueron trasladados de manera temporal a la Fiscalía de la zona; mientras Radio Progreso, en El Progreso, Yoro, fue «invadida por un contingente de unos 25 militares», según un comunicado de la emisora.
Otro medio impedido de transmitir fue Canal 66 Maya TV. En declaraciones al diario Tiempo, de San Pedro Sula, Eduardo Maldonado, ex precandidato presidencial y director del programa televisivo y radial Hable como Habla, contó que el domingo «nos cerraron y no nos dejaron ingresar, sólo se nos dijo que era una orden»; y añadió que aunque el lunes restablecieron las comunicaciones «no pasamos información completa, sólo la oficial».
La prensa escrita, si bien fue la menos afectada en su labor informativa tanto a nivel impreso como a través de los sitios de internet, tampoco estuvo exenta de limitaciones y hostilidad de parte de los grupos en pugna. Algunos editores, tras recibir amenazas constantes en sus salas de Redacción y a través de teléfonos celulares en su contra y de periodistas, han decidido proteger a sus familias, movilizándolas fuera de las ciudades y del país.
Entre otros hechos, el diario La Prensa de San Pedro Sula, denunció que una turba lanzó el lunes palos y piedras contra la fachada de su edificio, donde también fueron pintadas consignas a favor del presidente depuesto Manuel Zelaya. Un reportero gráfico Juan Ramón Sosa, del diario La Tribuna, fue golpeado, insultado y decomisado de su cámara por miembros de la policía nacional en Tegucigalpa cuando cubría una manifestación. Asimismo, varios periódicos vieron cómo sus canales de distribución fueron dañados, desde quioscos de venta hasta camiones de distribución de ejemplares.
Carlos Mauricio Flores, director del diario El Heraldo de Tegucigalpa, confirmó a la SIP que periodistas de esa publicación han recibido amenazas telefónicas y reveló además que el sábado 27 de junio «un autodenominado Comando del Pueblo envió a diferentes correos un mensaje con las fotos y texto denigrante de al menos ocho periodistas de medios de comunicación independientes, pidiendo al pueblo que los castigue».
Por último, las autoridades de la SIP, argumentaron que muchas de las agresiones a la prensa hondureña ya venían siendo denunciadas por la institución desde hace años, promovidas especialmente por el gobierno. Entre ellas, se citó la discriminación de la pauta publicitaria y la utilización de los recursos del Estado para premiar y castigar a la prensa, así como el pago de periodistas; la descalificación permanente en contra de reporteros y medios de parte de las más altas autoridades; la utilización de los medios públicos como órganos de propaganda y la limitación y manipulación de la información oficial.
Durante los últimos años, varios periodistas hondureños debieron salir del país y todavía se registra un alto índice de impunidad en casos no resueltos de dos comunicadores y de dos asesores de medios de comunicación asesinados.
