Julio en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión y el espacio cívico producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En julio, la sociedad civil de la región afrontó crecientes amenazas que hicieron más patentes las tendencias autoritarias que ponen en jaque su labor desde hace un tiempo. Las elecciones en Venezuela fueron empañadas por la censura a los medios y por la represión, planteando fuertes dudas sobre la integridad democrática de ese país. En Canadá, por su parte, un proyecto de ley conocido como C-63 genera un debate sobre el equilibrio entre la seguridad en línea y la libertad de expresión, reflejando los desafíos más amplios que enfrentan los derechos y las libertades digitales a nivel mundial.
La sociedad civil bajo presión en toda la región
El avance del autoritarismo en la región se manifiesta de diversas formas, entre ellas el acoso judicial (mediante demandas estratégicas contra la participación pública conocidas en inglés como SLAPP), leyes restrictivas y estigmatización pública por parte de altos funcionarios. Entre los numerosos casos que se dieron en julio, varias organizaciones de la sociedad civil (OSC), incluidos miembros de IFEX, fueron atacadas por defender la libertad de expresión.
Un análisis exhaustivo que pudiera dar cuenta de las muchas iniciativas que buscan restringir el espacio cívico excedería los límites de este informe. Pero basta con decir que en el mes de julio se concretaron muchos intentos en este sentido.
El presidente colombiano Gustavo Petro agudizó su enfrentamiento con la prensa atacando al miembro de IFEX Fundación por la Libertad de Prensa (FLIP), que lo había criticado por estigmatizar a periodistas y descalificar la labor de la prensa. A raíz de ello, la Fundación recibió fuertes agresiones verbales en línea de partidarios del presidente. Jonathan Bock, el director de FLIP, criticó esos ataques, calificándolos de sistemáticos y peligrosos para la libertad de expresión.
En Argentina, el miembro de IFEX FOPEA fue víctima de una campaña de desprestigio impulsada por operadores digitales vinculados al gobierno. El apoyo del presidente Javier Milei a expresiones ofensivas contra el periodismo independiente ha generado preocupación, ya que indica una hostilidad proveniente de las altas esferas del gobierno. Este hecho es especialmente alarmante dado el breve tiempo que Milei lleva en el poder.
Esto recuerda situaciones similares que han ocurrido en México, donde el miembro de IFEX ARTICLE 19 México y Centroamérica fue blanco de agresiones desde la presidencia y en redes sociales.
Pero el hostigamiento va más allá de las redes sociales, planteando problemáticas que distan de ser nuevas en la región y que han alterado el panorama jurídico.
En los últimos años, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha estado clausurando sistemáticamente organizaciones de derechos humanos para ocultar abusos de su gobierno. Este país es una referencia alarmante para los actores de la sociedad civil de toda la región. Venezuela está estudiando medidas similares. En enero de 2024, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura un proyecto de ley que habilita la criminalización de las OSC, reflejando similitudes con las leyes sobre agentes extranjeros adoptadas en Rusia. Este proyecto de ley motivó un debate y actividades de defensa y promoción de derechos, incluida una declaración conjunta encabezada por IFEX-ALC y sus miembros, junto a otras redes regionales dedicadas a la libertad de expresión.
En Paraguay se está dando un panorama similar. El Senado aprobó un proyecto de ley, sin audiencias ni consultas públicas previas, que apunta a un mayor control de las organizaciones sin fines de lucro, imponiéndoles mayores requisitos de transparencia y rendición de cuentas. El proyecto de ley está actualmente a consideración de la Cámara de Diputados. Si se aprueba, el parlamento paraguayo estaría respaldando condiciones altamente restrictivas para las OSC. Durante la discusión, algunos legisladores estigmatizaron a las OSC, tildándolas de subversivas y perjudiciales. El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresó su preocupación, señalando que resulta “aún más grave que los ataques hayan sido proferidos contra periodistas y organizaciones que han realizado publicaciones e investigaciones que afectan al poder político, configurándose una clara retaliación contra los mismos”.
En Perú, una propuesta de ley apunta contra las OSC, acusándolas de desestabilizar al país. El 5 de junio, con 12 votos a favor y solo uno en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por Alejandro Aguinaga, aprobó un predictamen que habilita la discusión de un proyecto de ley tendiente a modificar la legislación sobre supervisión y fiscalización de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Al momento de escribir este artículo, el proyecto de ley estaba pendiente de aprobación definitiva.
Elecciones cruciales en Venezuela: ¿el fin del espacio cívico?
Las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela culminaron con la declaración oficial del triunfo de Nicolás Maduro. Sin embargo, la oposición, numerosas organizaciones internacionales y ciertos gobiernos de la región han cuestionado la legitimidad de los resultados y reclaman una revisión exhaustiva. El proceso electoral se vio empañado por violaciones de los derechos de los votantes, restricciones a la libertad de expresión y graves limitaciones de la libertad de prensa.
Es mucho lo que está en juego para la sociedad civil, dado que bajo un nuevo mandato de Maduro se corre el riesgo de que se clausure por completo el espacio cívico. Teniendo en cuenta los sucesos de los últimos años, que incluyen el cierre de cientos de emisoras de radio, ataques contra la prensa, constantes limitaciones del acceso a Internet y detenciones arbitrarias de activistas y figuras de la oposición, la perspectiva de otros seis años genera una gran preocupación .
Previo a las elecciones, los medios de comunicación estuvieron fuertemente controlados por el gobierno y la cobertura se vio desvirtuada por la fiscalización estatal y la autocensura. Periodistas y grupos de defensa de la libertad de prensa, incluido el Comité para la Protección de Periodistas, miembro de IFEX, señalaron que las estaciones de radio y televisión cubrieron extensamente la campaña de Maduro pero que prácticamente ignoraron a la oposición . Las noticias sobre candidatos opositores, como Edmundo González y María Corina Machado, fueron difundidas solo por sitios web independientes de noticias, muchos de ellos bloqueados, y plataformas de redes sociales como X, Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp.
Las apariciones de políticos de la oposición en los medios masivos de comunicación han sido muy raras. Esto se vio claramente en abril cuando González fue entrevistado en Venevisión, una estación local de televisión, y las redes sociales se centraron más en la decisión del canal de emitir la entrevista que en el contenido de la plataforma de gobierno de este candidato presidencial. El panorama de los medios se complicó aún más a raíz de ciertos incidentes de represión, como el bloqueo de portales importantes de noticias, entre ellos TalCual, El Estímulo, Analítica, y Runrunes, así como sitios web de ONG, como Medianálisis y el Observatorio de Internet VESinFiltro. La organización social VESinFiltro informó que estos bloqueos, iniciados por el canal estatal CANTV y operadores privados, aumentaron el número de sitios restringidos desde que comenzó la campaña.
En las semanas previas a las elecciones hubo un aumento notable en la cantidad de cancelaciones de programas de radio en los que se destacaban candidatos de la oposición, así como en el número de detenciones arbitrarias. La ONG Laboratorio de Paz denunció un incremento de las detenciones de miembros de la oposición, de la violencia estatal y del uso indebido de plataformas públicas para campañas prochavistas. En las dos semanas anteriores a las elecciones se registraron por lo menos 76 detenciones arbitrarias.
La sociedad civil se mantuvo en alerta y organizaciones como Espacio Público, un miembro de IFEX, realizaron emisiones en directo para destacar el aumento de la censura y publicar informes sobre la situación. A pesar de las dificultades, se realizaron esfuerzos para garantizar el acceso a la información, entre ellos una nueva aplicación de VESinFiltro que ayuda a eludir los bloqueos de los medios, en particular para quienes no cuentan con acceso a redes privadas virtuales (VPN).
Canadá: proyecto de ley C-63 o Ley de Daños en Línea avanza en el parlamento
El proyecto de ley conocido como C-63 se encuentra actualmente en la Cámara de los Comunes para su segunda lectura. Esta norma, cuya elaboración comenzó en 2021, busca combatir el hostigamiento y la explotación en línea, con especial atención a la protección de niños y niñas. Si se aprueba, obligará a las plataformas de redes sociales con grandes bases de usuarios a eliminar contenidos relacionados con el abuso físico y sexual de menores y material íntimo de adultos difundido sin consentimiento. Además, las plataformas deberán adoptar medidas para empoderar a los usuarios y detectar contenido nocivo difundido por bots (o cuentas automáticas).
Sin embargo, el proyecto de ley ha sido fuente de críticas debido a sus implicaciones más amplias. Supone modificaciones significativas del Código Penal y de la Ley de Derechos Humanos de Canadá, entre ellas sanciones severas y la controvertida introducción de una nueva figura de ‘predelito’. Estas medidas han causado inquietud entre los defensores de las libertades civiles, que sostienen que el proyecto de ley impone restricciones draconianas a la libertad de expresión.
El miembro de IFEX Open Media, junto con otras 20 organizaciones, ha solicitado separar las partes más polémicas del proyecto de leyde sus elementos centrales enfocados en el daño en línea. En una carta abierta, estos grupos destacaron que en el debate público sobre el proyecto de ley, la intención original de la norma de combatir contenidos ilegales en línea y de proteger a los menores canadienses ha quedado prácticamente de lado, eclipsada por discusiones de propuestas de cambios legislativos.
Matt Hatfield, director ejecutivo de Open Media, declaró que el “proyecto de ley C-63 obliga a los canadienses a decidirse por opciones falsamente antagónicas: o bien aceptamos castigos extraordinariamente draconianos por lo que expresamos, o no podemos tener protecciones en línea razonables. Esta es una falsa dicotomía. Por eso, Open Media insta al gobierno a hacer lo correcto y separar lo que es la Ley de Daños en Línea en sí de sus otras propuestas. Los menores canadienses y las víctimas de violencia sexual en línea no deben ser instrumentalizados para imponer restricciones severas a nuestros derechos fundamentales”.
Las reacciones al proyecto de ley desde el ámbito político han sido diversas. Si bien el Nuevo Partido Democrático (New Democratic Partyo NDP) apoya el proyecto de ley, reclama una versión más rigurosa y pide un debate a fondo en la Cámara de los Comunes. Por su parte, los partidos conservadores lo han calificado como “el ataque más reciente de Justin Trudeau a la libertad de expresión”, destacando así el carácter polémico de esta iniciativa parlamentaria. Mientras continúa el debate, más de 4.000 miembros de la comunidad de Open Mediahan apelado a sus representantes legislativos, pidiéndoles que promuevan la separación de los componentes del proyecto de ley a efectos de garantizar que el logro de las protecciones a los canadienses más jóvenes no sea en detrimento de derechos fundamentales.
En breve
Naciones Unidas declara que la detención de Zamora es arbitraria. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha declarado que el encarcelamiento del periodista guatemalteco José Rubén Zamora constituye un caso de detención arbitraria y una violación del derecho internacional. El Comité para la Protección de los Periodistas apoya la presentación de un llamamiento urgente en nombre del detenido, argumentando que las condiciones a las que está sometido equivalen a tortura.
Periodistas asesinados en México. El 28 de junio, Víctor Alfonso Culebro Morales, director del portal de noticias Realidades y colaborador de Radio Fórmula, fue asesinado en Chiapas. Este año también se había encontrado el cuerpo sin vida de Víctor Manuel Jiménez Campos, periodista colaborador de Digital Noticias y Rotativa Digital Guanajuato, desaparecido desde 2020. ARTICLE 19 México y Centroamérica resaltó la persistente violencia contra la prensa en el país.
Proyecto de ley brasileño busca reglamentar la inteligencia artificial (IA). Está en vías de aprobación el proyecto de ley 2338/2023 de Brasil que se centra en la IA. Esta norma pretende abordar los riesgos y derechos asociados con la IA, con miras a armonizar la legislación con los estándares internacionales en la materia y posicionar a Brasil como líder en tecnología de IA responsable. Una carta abierta suscrita por diversas organizaciones de derechos digitales destaca los puntos fuertes del proyecto de ley, así como los aspectos en los que se debe mejorar.