El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, invitó recientemente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a visitar Hungría, declarando que no ejecutará dicha orden. Por su parte, otros países de la UE, aunque han reafirmado su apoyo a la CPI, no se han pronunciado de manera explícita sobre la aplicación de estas órdenes.
Este artículo fue publicado originalmente en hrw..org el 26 de noviembre de 2024.
Es imprescindible aprovechar las políticas existentes para garantizar estrategias eficaces en la ejecución de arrestos
El 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra líderes israelíes y un funcionario de Hamás. Poco después, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, subrayó que las decisiones de la CPI “son vinculantes para todos los Estados parte del Estatuto de Roma, incluidos los Estados miembros de la UE”. Su declaración reafirma el compromiso de la UE y sus Estados miembros con el apoyo a la CPI, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de las órdenes de arresto.
A lo largo de los años, la UE y sus Estados miembros han implementado diversas políticas y prácticas para cumplir con sus obligaciones ante la CPI y apoyar la ejecución de detenciones. Esto incluye el compromiso de los gobiernos europeos de hacer cumplir las órdenes de arresto dentro de sus fronteras, así como de respaldar a otros países miembros de la CPI en el cumplimiento de sus propias obligaciones.
Sin embargo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, invitó recientemente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien está sujeto a una orden de arresto de la CPI, a visitar Hungría, declarando que no ejecutará dicha orden. Por su parte, otros países de la UE, aunque han reafirmado su apoyo a la CPI, no se han pronunciado de manera explícita sobre la aplicación de estas órdenes. Esta falta de acción alimenta la percepción de dobles estándares en el respaldo a la justicia internacional.
Para garantizar un apoyo coherente a la justicia en todos los casos relacionados con la CPI, hemos elaborado un informe que detalla las obligaciones y políticas de la UE en relación con las estrategias de arresto. Cuando los Estados miembros adoptan una posición firme, se pueden lograr avances significativos. Por ejemplo, el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la CPI por crímenes graves en Ucrania, decidió no asistir a la cumbre del G-20 en Brasil, un país miembro de la CPI. Sin embargo, los desafíos persisten: aunque evitó Brasil, Putin visitó Mongolia, otro Estado miembro de la CPI, sin ser detenido. Este incidente fue correctamente cuestionado tanto por la UE como ante los jueces de la corte.
Cada orden de arresto pendiente plantea retos específicos, y el incumplimiento de estas órdenes perpetúa un clima de impunidad. Los recientes intentos de Israel y Rusia por socavar la legitimidad de la CPI, junto con las amenazas de sanciones por parte de legisladores estadounidenses, ponen en riesgo las inversiones de la UE y sus Estados miembros en la corte.
Para que la CPI pueda cumplir con la ejecución de las órdenes de arresto, será fundamental protegerla de presiones externas y medidas coercitivas. En este sentido, el apoyo de la UE debe incluir la disposición de adoptar medidas que la resguarden de posibles sanciones estadounidenses.
El desafío es significativo, pero cuando la UE lidera el apoyo a la CPI en colaboración con gobiernos comprometidos con la justicia a nivel global, su influencia puede marcar la diferencia, incluso en los escenarios más complejos.
