Junio de 2022 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Evidencia de que las tropas rusas ejecutaron a Maks Levin en Ucrania; 29 periodistas británicos expulsados de Rusia; cargos falsos y sentencias severas en Bielorrusia; una detención masiva de periodistas kurdos en Turquía; y el Reino Unido decide que Julian Assange puede ser extraditado.
413 crímenes contra periodistas en Ucrania
Un informe de investigación publicado a fines de junio por Reporteros sin Fronteras (RSF) encontró evidencia creíble de que el periodista Maks Levin y su amigo Oleksiy Chernyshov, ambos asesinados en Ucrania el 13 de marzo, fueron ejecutados por tropas rusas. RSF también cree que los hombres pueden haber sido interrogados y torturados antes de su muerte.
Según el miembro regional de IFEX, el Instituto de Información Masiva (IMI), Levin es uno de los 33 miembros de la prensa (seis de los cuales eran mujeres periodistas) asesinado/as por las fuerzas rusas desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. De estas personas, dos eran mujeres periodistas, ocho fueron asesinadas en el ejercicio de su trabajo y 25 como combatientes que defendían su país o durante otras actividades ajenas a su trabajo.
En los primeros cuatro meses de la guerra, IMI ha registrado 413 “crímenes contra periodistas” en Ucrania cometidos por las fuerzas rusas, incluidos 21 incidentes de disparos contra periodistas y 58 amenazas de muerte enviadas a miembros de la prensa.
A mediados de mes hubo buenas noticias cuando el parlamento de Ucrania ratificó la Convención de Estambul para combatir la violencia contra las mujeres. Agnès Callamard, de Amnistía Internacional, describió la noticia como un “paso decisivo en la lucha contra la violencia de género” y señaló su oportunidad a la luz de los muchos informes inquietantes de violencia sexual contra mujeres en los territorios ocupados por Rusia. “La pronta implementación debería equipar a las autoridades ucranianas para hacer frente a estas atrocidades y servir para tranquilizar a los sobrevivientes y darles confianza para buscar justicia”, dijo.
Más restricciones a la prensa en Rusia
En Rusia, donde se reprimen las críticas a la invasión, y donde referirse a la ofensiva de Rusia como una invasión o una guerra podría resultar en un enjuiciamiento, las encuestas muestran que la mayoría apoya la dirección que está tomando el gobierno del presidente Putin en Ucrania.
En una encuesta reciente realizada por la encuestadora independiente Leveda Center (declarada ‘agente extranjero’ en 2016), el 74% de los encuestados dijo que las sanciones internacionales impuestas a Rusia tenían la intención de ‘humillar’ al país, mientras el 75% dijo que Rusia debería continuar con su actual política de Ucrania. Esto no sorprende si se tiene en cuenta que la fuente de información más confiable de los rusos es la televisión, que emite diariamente enormes cantidades de propaganda a favor del Kremlin.
En marzo entró en vigor la legislación que penaliza la difusión de «desinformación» sobre el ejército, lo que hace prácticamente imposible informar con precisión sobre la invasión rusa de Ucrania. En junio, se propuso una nueva legislación que, de aprobarse, restringirá aún más el trabajo de la prensa. Como informa el Comité para la Protección de los Periodistas, el nuevo proyecto de ley impone penas de prisión por “acciones imprecisas contra la seguridad del Estado o por comunicaciones con grupos extranjeros”. Según la legislación, “establecer y mantener contactos en secreto” con una entidad extranjera “para ayudarlos en actividades dirigidas a sabiendas contra la seguridad de la Federación Rusa” será punible con hasta ocho años de prisión. Aquellos que hagan “llamadas públicas para actividades contra la seguridad de la Federación Rusa o para obstaculizar el ejercicio de sus poderes por parte de agencias gubernamentales y sus funcionarios”, enfrentarán hasta siete años tras las rejas.
Como parte de su determinación de controlar la narrativa sobre la guerra en Ucrania, las autoridades rusas prohibieron viajar a 29 periodistas del Reino Unido en junio, alegando su “difusión deliberada de información falsa y unilateral sobre Rusia y los acontecimientos en Ucrania”.
[Traducción: Me prohibieron visitar Rusia, lo cual es una pena, pues siempre aprendí de mis viajes allí y los disfruté. Ojalá pueda regresar al país cuando tenga un gobierno civilizado que ya no ataque a sus vecinos y asesine a sus opositores]
Cargos fraudulentos y sentencias severas en Bielorrusia
La Asociación de Periodistas de Bielorrusia sigue registrando ataques a la prensa independiente por parte de las autoridades. En junio, publicó su lista de periodistas encarcelados para 2022, de los cuales había 29 (incluidas diez mujeres periodistas). Según el informe de la organización, desde principios de año hasta el 10 de junio se produjeron 19 detenciones de miembros de la prensa y 24 allanamientos de propiedades.
Los juicios a periodistas y otras voces independientes continuaron en junio. Entre esos casos de particular interés para los miembros de IFEX se encuentran:
- El filósofo y presentador de Belsat TV Uladzimir Matskevich, condenado a cinco años de prisión en un juicio cerrado por los cargos de creación de un grupo extremista, insultos al presidente y delitos contra el orden público. Había estado detenido desde agosto de 2021.
- Andrey Kuznechyk, trabajador independiente para RFE/RL, condenado a seis años de prisión por el delito de creación de un grupo extremista.
- Aksana Kolb, editora en jefe de Novy Chas, sentenciada a 2,5 años de prisión en un centro penitenciario abierto después de ser declarada culpable de delitos contra el orden público.
- La periodista Iryna Slaunikava, que fue juzgada bajo acusaciones de liderar un grupo extremista y organizar actividades que alteran el orden social; se enfrenta a siete años de prisión si es declarada culpable.
- Los periodistas y activistas Andrei Aliaksandrau, Iryna Zlobina, Dzmitry Navazhylau e Iryna Leushyna, que fueron juzgados a puerta cerrada en el caso de la agencia de noticias BelaPAN; enfrentan varios cargos falsos que van desde evasión de impuestos hasta traición.
Actualmente hay 1.214 presos políticos en Bielorrusia, más del doble que el año pasado por esta época. La organización de derechos humanos Viasna, cuyo presidente Ales Bialiatski ha estado tras las rejas desde julio de 2021, brinda detalles de todos ellos.
Las autoridades atacan el Orgullo gay y los medios kurdos en Turquía
La Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, escribió este mes al Ministro del Interior y al Ministro de Justicia de Turquía, pidiendo el fin de la estigmatización de las personas LGBTQI+ y que se respeten sus libertades de reunión, asociación y expresión.
Mijatović estaba respondiendo a las amplias restricciones impuestas a lo largo de los años a los eventos LGBTQI+ y la promoción de la homofobia por parte de algunos políticos, todo lo cual ha llevado a Turquía a clasificarse como el segundo peor país de Europa para las personas LGBTQI+.
Como para justificar las preocupaciones de Mijatović, a mediados de junio, las autoridades prohibieron todos los eventos que marcaban la 30ª Semana del Orgullo gay en Estambul. En respuesta, los grupos LGBTQI+ emitieron una declaración conjunta declarando: “Nos negamos a avergonzarnos, a que nos olviden, a abandonar, a perder y a dar un paso atrás. No consentimos que se nos quite nuestra historia, presente y futuro con discursos de odio, ataques, prohibiciones y amenazas”.
De todos modos, se llevó a cabo una marcha del Orgullo el 26 de junio. La policía respondió con su característica brutalidad arrestando al menos a 373 participantes y golpeando a varios.
[ Traducción: Hoy, el Orgullo gay de Estambul fue reprimido violentamente por la policía, que hasta el momento ha arrestado a más de 200 personas y ha atacado a periodistas. Pedimos la liberación inmediata de todos los detenidos y la investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.]
[La policía atacó la Marcha del Orgullo LGBTI+ de Estambul este año. Los ataques, que comenzaron en Cihangir, continuaron en las calles. Las personas LGBTI+s marcharon a Cihangir evitando el ataque de la policía. Más de 150 activistas LGBTI+ fueron detenidos #Pride2022 ]
Las detenciones, los juicios y la persecución de periodistas continuaron en junio, incluido el impactante encarcelamiento de 15 periodistas y un trabajador de los medios de comunicación en la provincia predominantemente kurda de Diyarbakır. Las 16 personas fueron detenidas el 8 de junio durante allanamientos en sus casas y oficinas. Aunque existe una orden judicial de mordaza, el abogado de los periodistas dijo que fueron acusados de “pertenencia a una organización terrorista”, y que estos cargos se basaron en el contenido de su trabajo periodístico. La legislación antiterrorista se utiliza ampliamente para atacar a periodistas y defensores de los derechos humanos en Turquía: un informe publicado este mes por la Organización mundial contra la tortura muestra que, solo en 2020, una asombrosa cantidad de 208.833 personas fueron investigadas por “pertenencia a una organización terrorista”.
Este mes también se pospuso una vez más el caso contra el miembro de IFEX Erol Önderoğlu y sus coacusados (en juicio por “propaganda de una organización terrorista”), y Amnistía Internacional añadió al líder de la sociedad civil encarcelado Osman Kavala y a sus compañeros acusados de las manifestaciones de Gezi Park en su lista de prisioneros de conciencia.
Erosión de derechos en el Reino Unido
En el Reino Unido, el ministro del Interior aprobó la extradición a los EE. UU. del editor Julian Assange, quien enfrenta 175 años de prisión por cargos relacionados con la publicación de información de interés público por parte de Wikileaks. Assange apelará la decisión.
Varios miembros de IFEX condenaron la decisión del ministro del Interior y pidieron la liberación inmediata de Assange y que se retiraran los cargos en su contra. Entre ellos estaban ARTICULO 19, el Comité para la Protección de Periodistas, la Federación Europea de Periodistas, Índice de Censura, PEN América, PEN Internacional y Reporteros sin Fronteras.
Más adelante en el mes, el gobierno propuso una nueva ‘Carta de Derechos’ para reemplazar la Ley de Derechos Humanos, lo que hizo sonar las alarmas para los defensores de los derechos.
La organización de derechos humanos Liberty, que ha proporcionado un análisis detallado de los cambios propuestos, ha dicho que la legislación debilitará significativamente los derechos de las personas: “Hará más difícil que la gente común obtenga justicia y facilitará el que las autoridades públicas ignoren sus responsabilidades de respetar y proteger sus derechos”.
En un breve artículo, Human Rights Watch enumera algunos de los aspectos más preocupantes del proyecto de ley, incluida la opción de ignorar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la intención de “distinguir a las personas que merecen la protección de sus derechos humanos de las que el gobierno considera que no las merece sobre la base de su conducta”.
