“El gobierno utilizó la amenaza de una erupción volcánica cerca de Quito para otorgarse amplias facultades para desplegar las Fuerzas Armadas a lo largo del país y suspender derechos fundamentales”, señaló Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch.
Este artículo fue publicado originalmente en hrw.org el 10 de noviembre de 2015.
Miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas utilizaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes durante protestas contra el gobierno en agosto de 2015, señaló hoy Human Rights Watch. Las autoridades no parecen haber hecho esfuerzos genuinos para investigar a los agentes que cometieron abusos. En cambio, el gobierno felicitó a las fuerzas de seguridad por su actuación, descalificó a las protestas como violentas e inició procesos penales en contra de manifestantes no violentos y transeúntes.
En agosto, decenas de miles de ecuatorianos salieron a las calles en al menos diez provincias del país para manifestarse en contra de diferentes temas, incluidas las políticas gubernamentales vinculadas al medioambiente y los intentos de permitir la relección presidencial indefinida. Decenas de testigos reportaron que las manifestaciones fueron mayormente pacíficas, excepto por algunos enfrentamientos aislados entre miembros de las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes que arrojaron piedras y cócteles Molotov. Las autoridades señalan que 116 policías y militares resultaron heridos en enfrentamientos en todo el país.
“Todos los ataques contra policías y militares deben ser investigados”, observó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch. “No obstante, los ataques de manifestantes o provocadores no pueden ser una excusa para justificar que las fuerzas de seguridad empleen un uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos y transeúntes”.
En octubre, Human Rights Watch entrevistó en Ecuador a testigos, víctimas, activistas y abogados; revisó grabaciones de video de entrevistas con otras víctimas y testigos; y consultó informes médicos, imágenes de video y documentos oficiales, incluidos expedientes judiciales.
Human Rights Watch encontró evidencias creíbles de que en al menos 50 casos policías o militares emplearon la fuerza de manera innecesaria e ilegal en contra de personas que no estaban armadas. Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron arbitrariamente a decenas de personas, e ingresaron ilegalmente a las viviendas de personas que no estaban participando en las protestas.
Uno de los casos documentados por Human Rights Watch es el de Mario Farid Mosquera Zurita, un comerciante de 26 años, quien, mientras regresaba a pie a su casa por la zona de las manifestaciones en el casco histórico de Quito, intervino para ayudar a una mujer que estaba siendo golpeada por policías. Mosquera indicó a la Fiscalía que los policías le propinaron puñetazos y golpes con toletes, le patearon reiteradamente y lo obligaron a montarse a una motocicleta policial, donde un policía continuó golpeándolo en las costillas. Human Rights Watch revisó un informe médico que documenta sus lesiones. Mosquera fue acusado del delito de “ataque o resistencia” a las autoridades, el cual conlleva una pena de hasta dos años de prisión, y enviado a prisión preventiva.
El 3 de septiembre, un medio oficial informó que 126 personas en total habían sido detenidas en 10 provincias por haber presuntamente cometido delitos durante las manifestaciones, incluidos los delitos de sabotaje, paralización de servicios públicos y ataque o resistencia a la autoridad.
El 15 de agosto, el Presidente Rafael Correa declaró por decreto el estado de excepción en todo el territorio de Ecuador luego de que un volcán entrara en actividad cerca de Quito. El decreto dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, que conforme a una ley ecuatoriana solamente pueden participar en operaciones de seguridad pública durante el estado de excepción. La medida autorizó a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a utilizar “todos los medios a su alcance” para responder a la emergencia, e indicaba que ciertos derechos, como la inviolabilidad del domicilio y el derecho de reunión, podían ser suspendidos con el alcance que resultara necesario para enfrentar los problemas generados por la actividad volcánica.
El 17 de agosto, policías y militares recurrieron a la fuerza excesiva para dispersar una manifestación mayormente pacífica en contra del gobierno, organizada por miembros de una comunidad indígena en Saraguro, provincia de Loja, a más de 500 kilómetros del volcán Cotopaxi, cerca de Quito. Uno de los detenidos fue Manuel Asunción Poma Poma, un lugareño que afirmó que cuando estaba saliendo de una tienda cerca de donde se estaba produciendo una manifestación miembros de las fuerzas de seguridad lo golpearon con toletes, provocandole la pérdida de cinco dientes y lesiones en la mandíbula. Human Rights Watch revisó un informe médico y fotografías que documentan las lesiones.
“El gobierno utilizó la amenaza de una erupción volcánica cerca de Quito para otorgarse amplias facultades para desplegar las Fuerzas Armadas a lo largo del país y suspender derechos fundamentales”, señaló Wilkinson. “Luego, empleó a soldados y miembros de la Policía Nacional para reprimir una protesta mayormente pacífica a más de 500 kilometros de Quito, golpear y arrestar a miembros de una comunidad indígena y allanar sus casas sin orden judicial”.
El 13 de octubre, Human Rights Watch presentó un pedido de información a la Fiscalía General del Estado, a cargo del Dr. Galo Chiriboga, para obtener datos sobre la investigación de presuntas agresiones en contra de miembros de las fuerzas de seguridad y supuestos abusos perpetrados por integrantes de esas fuerzas. El 27 de octubre, la Fiscalía General proporcionó a Human Rights Watch un cuadro que contiene breves descripciones e indica la situación de 130 causas abiertas en contra de ciudadanos en 10 provincias. La Fiscalía indicó que 28 personas permanecen en prisión preventiva. El cuadro no incluye ninguna información sobre las investigaciones en contra de policías o militares acusados de haber cometido abusos durante las protestas de agosto.
En lugar de llevar ante la justicia a miembros de las fuerzas de seguridad responsables de agresiones ilegales, el gobierno respondió insistentemente que los manifestantes se habían comportado de forma violenta, sugiriendo de este modo que todos los actos de violencia por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad estuvieron justificados. En dos de sus programas de televisión semanales emitidos en agosto, el Presidente Correa mostró videos de enfrentamientos aislados dando la impresión de que los enfrentamientos habían sido generalizados en las manifestaciones, y felicitó a los policías y militares ecuatorianos por el “profesionalismo” de su actuación durante las protestas.
Diversos estándares internacionales de derechos humanos —incluidos los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley— requieren que las fuerzas de seguridad ejerzan moderación “en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga” y reduzcan al mínimo los “daños y lesiones”. El derecho internacional exige que los Estados ofrezcan a las víctimas de abusos recursos efectivos, incluido el acceso a la justicia e indemnizaciones.
“Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron serios abusos contra manifestantes y el gobierno los felicitó”, indicó Wilkinson. “Esto envía el mensaje de que estos abusos no solo son tolerados, sino también respaldados por el gobierno”.
