Octubre en las Américas: Un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Paula Martins, basado en informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Campañas limitadas, disturbios civiles, problemas de visas y un entorno político impredecible. No, esta vez no estamos hablando de América Latina
El miembro de IFEX, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), se ha asociado con el Rastreador de Libertad de Prensa de los Estados Unidos [U.S. Press Freedom Tracker] para monitorear las violaciones contra la prensa en los Estados Unidos durante el año 2020. El Rastreador ha recibido 850 informes de violaciones desde las protestas de mayo. Muchas de las víctimas de violencia fueron periodistas extranjeros.
Ahora, en una contienda electoral polarizada y marcada por la desinformación y ataques contra la prensa, el CPJ entrevistó a corresponsales internacionales para conocer su experiencia en la cobertura de las protestas y la campaña electoral.
Una de ellas, la periodista sueca Nina Svanberg, afirmó que ahora tiene que “estar más atenta con la policía” y relata cómo los agentes dudaron de que fuera reportera, a pesar de presentar credenciales, y la retuvieron durante varios minutos mientras cubrían una manifestación. Afirma que «ha sido difícil tratar de explicar exactamente cuán volátiles o tensas han sido las cosas este último verano y estos últimos meses».
La periodista española Marta del Vado dice que «nunca pensó que vería el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma durante una protesta pacífica en Washington, DC». Expresó su preocupación por la forma en que la administración manejará las protestas futuras, considerando la forma en que se llevó a cabo el uso discrecional de la fuerza en la capital del país.
Los periodistas también hablaron sobre las propuestas que buscan restringir los visados por un período máximo de estadía para los representantes de los «medios de información extranjeros». Para del Vado, «hay un objetivo claro que es el de dificultar la venida de periodistas internacionales a los Estados Unidos».
Valeria Robecco, de Italia, habla sobre la temporada de elecciones presidenciales: “En el debate entre Trump y Biden [hace varias semanas], presenciamos básicamente puros ataques, uno tras otro, y ningún contenido en programas o ideas. Esto, por supuesto, se refleja en las conversaciones normales entre las personas: notas personas que son más agresivas que antes cuando hablas de política”.
Luego comparte sus preocupaciones con el impacto que esta polarización tiene en los medios, afirmando que “hay una sensación generalizada de que la gente puede salirse con la suya porque se han tomado muchas acciones contra los medios”.
Es en este tenso contexto que los estadounidenses se dirigen a las urnas el 3 de noviembre.
Otro miembro de IFEX, Reporteros sin Fronteras (RSF), ha lanzado una campaña desafiando a los candidatos que se postulan para cargos públicos a comprometerse públicamente con la defensa de los principios de la libertad de prensa. Han pedido a los candidatos presidenciales y al Congreso que firmen el #PressFreedomPact:
“Me comprometo a defender los principios de la Primera Enmienda en mis palabras y acciones, en mi política nacional e internacional y en mi gobierno, para proteger el papel vital de la prensa libre en la democracia estadounidense y para predicar con el ejemplo en la defensa de los valores democráticos en todo el mundo.»
La organización también ha presentado ocho recomendaciones de política para que los candidatos presidenciales y el Congreso consideren antes de las elecciones estadounidenses:
- El presidente debe afirmar su compromiso con la libertad de prensa en los primeros 100 días en el cargo.
- El Congreso debería celebrar una audiencia sobre las amenazas a la libertad de prensa de Estados Unidos.
- El presidente y el Congreso deben garantizar el acceso abierto a la prensa.
- El Congreso debe aprobar y el presidente debe firmar una ley de protección federal.
- El Congreso debería aprobar y el Presidente debería firmar una enmienda a la Ley de Espionaje para garantizar que los periodistas no puedan ser procesados.
- El Congreso debería aprobar y el Presidente debería firmar una legislación que fortalezca la política exterior de Estados Unidos sobre libertad de prensa.
- El presidente debe priorizar el fin de la impunidad de los crímenes contra periodistas y redoblar sus esfuerzos para asegurar la liberación de los periodistas detenidos en todo el mundo.
- El Congreso debe renovar la regulación de las plataformas en línea y enmendar la Sección 230 para promover la confiabilidad de la información en línea.
De las calles a las urnas
El 25 de octubre de 2020, millones de chilenos acudieron a las urnas para decidir sobre el futuro de su Constitución. Una gran mayoría – 78% – decidió que la Constitución actual, que data de la época de la dictadura militar en el país, debería ser reemplazada por un documento elaborado por una Asamblea Constituyente dedicada, elegida por el pueblo. Esta será la primera vez desde 1833 que la Constitución de Chile es redactada por una asamblea elegida por voto popular.
El referéndum fue aprobado a través de un acuerdo político dentro del Congreso luego de las manifestaciones generalizadas que se apoderaron del país en los últimos años y que culminaron con las enormes protestas de fines de 2019.
El referéndum chileno fue una victoria para la democracia y envió oleadas de esperanza a toda la región. La aprobación de una nueva Constitución tiene un poderoso significado simbólico, que marca el fin de un orden institucional establecido por un régimen autoritario. También es una oportunidad para introducir importantes cambios institucionales que pueden tener un impacto significativo en los problemas estructurales relacionados con la desigualdad y la discriminación en el país.
Derechos Digitales, miembro de IFEX-ALC, ha afirmado que el proceso constitucional será una oportunidad para repensar el papel de la ciudadanía como agentes clave en el diseño y evaluación de políticas públicas.
Denunciante criminalizado
El 19 de octubre, el miembro colombiano de IFEX Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió una carta abierta al Fiscal General de Colombia cuestionando la apertura de procedimientos penales contra la periodista Diana Díaz. Díaz había informado sobre casos de censura en el sistema de medios públicos colombianos, en particular difundiendo un audio que contenía evidencia de irregularidades dentro de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). El material se envió a la FLIP para su publicación.
Además de llamar la atención sobre el despropósito del proceso penal en contra de Díaz, la carta de la FLIP criticaba a la Fiscalía por hacer uso de “mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados” para llevar a cabo la investigación.
A principios de octubre, el Fiscal General ordenó también una inspección judicial de las oficinas de la FLIP y la aprehensión de los documentos referentes al registro de visitantes recibidos alrededor de la fecha en que se entregó la grabación de audio a la FLIP. A mediados de octubre, tres miembros del personal de la FLIP fueron convocados para entrevistas individuales en la Fiscalía General en relación con el caso.
El 21 de octubre, IFEX-ALC, Media Defense y RSF emitieron una declaración conjunta en apoyo a la FLIP y a Díaz. Los grupos solicitaron que la Fiscalía respete la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los periodistas, garantizando derechos como el derecho a la protección de las fuentes y que cumpla con las directrices institucionales en la materia. Por tanto, la Fiscalía General debe retirar los cargos contra la periodista Diana Díaz y los procesos por los que se ha citado a la FLIP.
Las múltiples caras de la censura
Los miembros de IFEX publicaron nuevos informes este mes relacionados con el continuo deterioro de la libertad de expresión en Brasil. El escrito de RSF examina cómo la estrategia del presidente Bolsonaro para difamar a los medios de comunicación que lo molestan, afecta la vida cotidiana de los periodistas e infecta otras esferas del gobierno. Según el grupo, durante el último trimestre esta situación se ha visto agravada por “la desinformación, las restricciones al acceso a la información (pensada para controlar el debate público) y la politización de los voceros de comunicación estatales”.
El 21 de octubre, la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI), miembro de IFEX en Brasil, dio a conocer los últimos resultados de su monitoreo: 102 informes de estigmatización de periodistas por parte de las autoridades en 2020. Un aumento del 73% en comparación con 2019. Increíblemente, 72 de estos casos documentados vinieron directamente de Bolsonaro. En esta categoría de violaciones, él es el principal responsable; sus hijos (elegidos como legisladores) lo fueron en 12 casos.
Otro miembro de IFEX, ARTÍCULO 19, que tiene una oficina regional en el país, publicó su ranking mundial de libertad de expresión para 2019/20. En el mismo, se destaca de manera negativa a Brasil, el país que presentó la caída más impresionante en todos los rankings realizados por la organización. En total, el país ha caído 46 puntos en los últimos 10 años y ahora ocupa el puesto 94 entre 161 naciones. Brasil fue el país peor clasificado de América del Sur, después de Venezuela.
El informe indica que el declive se ha acelerado desde que Bolsonaro asumió el cargo a principios de 2019. La organización afirma que “la pandemia de 2020 ha convertido a Brasil en un ejemplo extremo de cómo los líderes autoritarios y las restricciones a la libertad de expresión, combinadas con la desinformación, representan un alto riesgo para la salud pública «.
Menos fondos para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en México
El 21 de octubre, el Senado mexicano aprobó la eliminación de 109 fideicomisos públicos, entre ellos el Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a Víctimas y del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Antes de la aprobación, varios de los sectores afectados solicitaron ser escuchados antes de tomar una decisión final en relación con los fideicomisos. Sus solicitudes fueron ignoradas.
Los grupos de derechos humanos afirman que el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha demostrado ser una herramienta importante para contribuir a la rápida implementación de medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo México.
Los miembros de IFEX-ALC – ARTÍCULO 19 México y CENCOS – señalan que, a pesar de la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y establecer una política integral de protección a víctimas de violencia, al tomar esta decisión el Estado mexicano debilita su funcionamiento, así como sus mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, abriendo la posibilidad de uso discrecional de recursos.
Numerosos grupos mexicanos emitieron un comunicado conjunto solicitando al presidente mexicano Obrador que vete la medida.
Argentinos, ¡controlen sus datos!
Este mes, la Asociación para los Derechos Civiles (ADC) lanzó una nueva herramienta para ayudar a los argentinos a adquirir y recuperar el control de sus datos. La organización lanzó QuieroMisDatos, una aplicación que ayuda a las personas a preparar y enviar solicitudes de información a las empresas. La aplicación es fácil de usar y evita la jerga legal o técnica. Permite a los usuarios identificar empresas, seleccionar preguntas clave y dirigir la solicitud al destinatario correcto.
La aplicación está diseñada bajo la filosofía de «privacidad por diseño» y, por lo tanto, no requiere ningún dato personal de sus usuarios.
Delitos cibernéticos en Nicaragua
El 27 de octubre, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una nueva Ley de Delitos Cibernéticos. La ley establece disposiciones penales abiertas que pueden dar lugar a interpretaciones abusivas. También tipifica como delito las actividades que podrían considerarse ejercicio legítimo de la libertad de expresión. El artículo 28, por ejemplo, establece penas de prisión por delitos contra el honor, contrarios a los estándares internacionales establecidos en la materia. El texto también tipifica como delito la difusión de noticias «falsas» o tergiversadas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
En septiembre pasado, IFEX-ALC advirtió que, de aprobarse, la ley constituiría una grave violación a los derechos humanos; en particular, de la libertad de expresión e información del pueblo nicaragüense. Este nuevo desarrollo se suma a la serie de obstáculos que el gobierno ha impuesto, a través de las leyes y en la práctica, al ejercicio de estos derechos.
