Abril en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión y el espacio cívico producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En Venezuela, un proyecto de ley antifascista plantea penalizar protestas políticas pasadas y restringir la libertad de prensa, lo que supondría la supresión de la disidencia y acarrearía graves consecuencias para las libertades civiles. En Colombia, el asesinato de un periodista pone de relieve la creciente ola de violencia que tiene un efecto inhibidor en la libertad de prensa, dado el aumento de las amenazas contra periodistas y la falta de protección adecuada. En Centroamérica, bajo el pretexto de la seguridad, los gobiernos emplean leyes represivas que atentan contra las normas democráticas y los derechos humanos, en un clima de deriva autoritaria que pone en jaque las libertades periodísticas y cívicas.
¿“Sembrar la paz”? O una maniobra más para clausurar el espacio cívico venezolano
El 25 de marzo de 2024, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de la Alta Comisión de Estado contra el Fascismo y el Neofascismo. Está comisión está encargada de formular leyes dirigidas a combatir influencias “fascistas y neofascistas” en el ámbito político venezolano, como el proyecto de “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares” que ya fue presentado a la Asamblea Nacional. La ley busca, entre otras cosas, sancionar a quienes participaron en las movilizaciones de 2014, 2015 y 2017, a miembros de la Asamblea Nacional de 2015 en la que la oposición tuvo mayoría (y a la que el gobierno despojó de sus facultades para luego instalar una nueva Asamblea Constituyente) y a personalidades vinculadas a intereses del gobierno estadounidense, alegando que estos grupos albergan tendencias neofascistas.
En su anuncio, Rodríguez hizo hincapié en la urgencia que reviste esta ley y la enmarcó dentro de una tarea mundial impostergable de combatir el fascismo en todas sus formas, incluidas sus manifestaciones económicas, como son las sanciones impuestas por potencias extranjeras. En el proyecto de ley se estipulan penas severas, entre ellas prisión y multas cuantiosas, para quienes se considere que promueven “ideologías fascistas”.
Organizaciones locales de defensa de los derechos humanos, como el Laboratorio de Paz, han criticado la ley propuesta, argumentando que no existe un movimiento de ultraderecha significativo en Venezuela que justifique la adopción de una norma de este tipo. Sostienen asimismo que la ley podría ser usada para penalizar retroactivamente a disidentes y cercenar libertades cívicas.
El miembro de IFEX IPYS Venezuela expresó también su preocupación por lo que esta ley podría significar para la libertad de los medios de comunicación, dado que la norma los obligaría a censurar cualquier contenido que pudiera ser considerado fascista, acallando así potencialmente voces críticas del gobierno. Espacio Público, otro miembro de IFEX, se ha hecho eco de estas preocupaciones y advierte que la amplitud y vaguedad de las definiciones podrían conducir a sanciones desproporcionadas y un incremento de las violaciones de los derechos humanos. La organización también resaltó la falta de claridad de todo el proceso y el hecho de que el proyecto de ley no cumpliera con los requisitos mínimos del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, ya que su aprobación en la primera discusión no estuvo precedida por un debate y mucho menos contó con la participación de representantes de la sociedad civil.
Esta nueva iniciativa legislativa dirigida a restringir la libertad de expresión y el espacio cívico no debe considerarse como algo independiente de la controvertida “Ley de Cooperación Internacional”, más conocida como proyecto de ley de ONG, que impulsó Diosdado Cabello y cuya adopción amenaza con limitar aún más el espacio cívico. Dicha norma obliga a las ONG y a las asociaciones civiles a reinscribirse en un nuevo sistema de registro más estricto que pone bajo la lupa a sus miembros, donantes y actividades financieras, lo que podría dar al gobierno un control más férreo sobre la sociedad civil.
Algunas organizaciones también señalan un paralelismo entre esta nueva estrategia y la “Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica” que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Según Espacio Público, esta norma no cumple los requisitos de forma y de fondo para ser considerada una ley, y su contenido contraviene principios en materia de libertad de expresión al “fortalecer la línea oficial de censurar toda expresión crítica o independiente del gobierno bajo la razón de sembrar la paz”. Los términos y figuras penales tipificados en este marco legal, como, por ejemplo, el término “odio”, son tan amplios e imprecisos que cualquier expresión podría ser considerada dentro de esta categoría, lo que otorga una gran discrecionalidad en la interpretación de la ley.
Eduardo Trujillo, abogado experto en derechos humanos y profesor investigador del centro sobre la materia en la Universidad Católica Andrés Bello, dijo al medio Voz de América que la ley regula aspectos “ya cubiertos en la Constitución” nacional. Señaló que el texto no solo “se aleja un poco del contenido histórico real” del fascismo, sino que además “se convertirá en un elemento disuasivo de la participación política” y podría tener un efecto en el proceso preelectoral en curso en Venezuela.
Censura mortal en Colombia: escalada de violencia contra la prensa
El asesinato del periodista Jaime Vásquez el 14 de abril de 2024, en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, evidencia un alarmante aumento de la violencia contra la prensa en Colombia. Vásquez era conocido por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción y abusos en la administración pública y utilizaba frecuentemente su plataforma para denunciar irregularidades en la gestión de la gobernación local. Su asesinato pone de relieve los enormes riesgos que corren los trabajadores de la prensa en regiones asoladas por la violencia y la inestabilidad política.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado un incremento significativo de las agresiones contra periodistas en Colombia, en particular en Cúcuta, donde fue asesinado Vásquez. Las agresiones van desde amenazas y acoso hasta violencia física, y contribuyen a crear un clima de miedo y generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio de la labor periodística que desalienta la investigación de temas sensibles. FLIP ha criticado la falta de medidas eficaces para proteger a periodistas, especialmente aquellos como Vásquez, sobre quien se había alertado que corría peligro y para quien se habían activado los protocolos de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La UNP le había asignado un escolta a Vásquez, pero en el momento del ataque el periodista se encontraba solo.
Ante su asesinato, FLIP ha exhortado a las autoridades locales a que refuercen sus estrategias de protección de los periodistas y combatan la impunidad que suele prevalecer en los delitos contra el sector. El asesinato de Vásquez no es, de lejos, el único hecho de violencia que afectó a la prensa en abril. Más de 13 periodistas fueron agredidos en manifestaciones antigubernamentales en todo el país, y se denunció la desaparición del periodista Juan Alejandro Loaiza, director de la emisora de radio La Despensa, de Algeciras, Huila. Loaiza estaba protegido desde hacía tres meses bajo medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Había recibido múltiples amenazas desde 2022, lo que había llevado a la UPN a acogerlo en un esquema de protección. Según FLIP:
“Ante el recrudecimiento de las agresiones, y la falta de garantías y respuestas por parte de las autoridades, periodistas locales dicen que solo informarán qué ocurre en el departamento, pero no cubrirán de manera crítica ninguna noticia relacionada con hechos de corrupción”.
Esto agrava la compleja situación de riesgo que viven los periodistas en el departamento del Huila, quienes desde mayo de 2023 han sido acosados, amenazados y señalados como blanco militar por el Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo).
Centroamérica: cuando la excepción se vuelve la norma
El informe de 2023 del miembro de IFEX ARTICLE 19 México y Centroamérica expone las tendencias autoritarias imperantes en Guatemala, Honduras y El Salvador y destaca una tendencia regional de creciente erosión de las libertades cívicas y de prensa. El informe critica a los gobiernos de estos países por sus medidas represivas, que incluyen el empleo de leyes de excepción y decretos de seguridad para restringir las actividades periodísticas y acallar la disidencia.
El informe señala que en Nicaragua y Cuba la situación es extrema, ya que periodistas, activistas y disidentes enfrentan penas de prisión o destierro por oponerse a las narrativas gubernamentales. Esta supresión de la disidencia es parte de un esfuerzo más amplio por normalizar el control autoritario de las expresiones públicas y limitar la disponibilidad de información.
No podemos perder de vista la excepcional labor que llevan a cabo periodistas, defensores de los derechos humanos y comunicadores comunitarios, quienes, a pesar de los considerables riesgos que corren y los altos costos que enfrentan, siguen informando y llegando al público. Su dedicación, ante una innegable deriva autoritaria que trasciende signos políticos, es en especial destacada en Guatemala, donde las elecciones presidenciales excepcionalmente complejas de este año demostraron cuán lejos están dispuestos a llegar los partidos tradicionales para aferrarse al poder.
En Honduras y El Salvador, por su parte, los intentos por forjar una sociedad libre de la violencia de la corrupción y el crimen organizado coinciden paradójicamente con una contracción del espacio cívico. Esta tendencia se observa también en Nicaragua, donde la clausura total de ese espacio consolida la transformación del régimen de gobierno en una dictadura plena.
En su análisis, ARTICLE 19 México y Centroamérica exhorta a la comunidad internacional a dirigir su atención a estos abusos y a prestar apoyo a quienes trabajan sobre el terreno en defensa de los derechos humanos y los principios democráticos:
“No es normal que en Nicaragua y Cuba periodistas, disidentes y activistas se encuentren en prisión, forzados al silencio o al exilio por criticar o difundir información contraria a la narrativa oficial. Nada de esto es normal pero la sistematicidad de los ataques contra la libertad de prensa nos quiere obligar a normalizarlo”.
En breve
Tensiones entre el propietario de la red social X, Elon Musk, y Brasil: un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil inició una investigación contra Elon Musk luego de que este se negara a dar de baja a ciertas cuentas en X, agravando así las tensiones en torno a los derechos digitales.
La violencia contra los periodistas en México se cobró otra víctima más con el asesinato de Roberto Carlos Figueroa el 26 de abril. Días antes, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) había emitido una declaración señalando que México no había avanzado nada en la protección de los periodistas en los seis años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Se restringe el espacio cívico en los Estados Unidos: la decisión de la Corte Suprema de no intervenir en la causa judicial de Mckesson contra Doe significó la abolición definitiva del derecho a organizar protestas masivas en los estados de Louisiana, Mississippi y Texas, dado que deja en pie un fallo de un tribunal inferior que prohíbe en los hechos la organización de manifestaciones al exponer a los organizadores a posibles sanciones económicas en caso de incidentes.
Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos está cada vez más cerca de convertirse en el primer país del mundo en prohibir la red social TikTok por razones de privacidad. El miembro de IFEX Electronic Frontier Foundation (EFF) ha manifestado en el pasado su preocupación por lo que considera una medida drástica, que no tiene suficiente fundamento. El director de EFF, David Greene, dijo a Mashable que al gobierno “le va a ser muy difícil demostrar que la ley resiste el debido escrutinio de la Primera Enmienda”.
También en los Estados Unidos, las protestas contra la guerra de Israel en Gaza que se están dando en campus universitarios de todo el país son reprimidas con detenciones y amenazas de suspensión. Al momento de escribir este informe, los hechos aún se estaban desarrollando. En la Universidad de Columbia, considerada por muchos como el epicentro de esta oleada de protestas, se entablaron negociaciones con el propósito de convencer a los estudiantes de levantar los campamentos. Sin embargo, el 29 de abril las autoridades emitieron comunicados informando que las negociaciones se habían estancado.
Palestinos agradecen el apoyo a Gaza de los estudiantes estadounidenses con mensajes escritos en las carpas de los campamentos de refugiados en Rafah, Gaza, 28 de abril de 2024. (Abed Rahim Khatib/Anadolu vía Getty Images)