(PROBIDAD/IFEX) – La Ley de Transparencia, que contempla las figuras de acceso a la información pública y hábeas data en Honduras, fue rechazada nuevamente por la Cámara Legislativa, ante los movimientos suscitados por sectores que favorecen la continuidad de la impunidad y la cultura del secreto en esta nación centroamericana. Con excepción del izquierdista partido […]
(PROBIDAD/IFEX) – La Ley de Transparencia, que contempla las figuras de acceso a la información pública y hábeas data en Honduras, fue rechazada nuevamente por la Cámara Legislativa, ante los movimientos suscitados por sectores que favorecen la continuidad de la impunidad y la cultura del secreto en esta nación centroamericana.
Con excepción del izquierdista partido de Unificación Democrática (UD), la Ley de Transparencia, presentada al Congreso por el poder ejecutivo que preside a partir del 27 de enero de 2006 el presidente electo, Manuel Zelaya Rosales, del gobernante Partido Liberal, esta herramienta legal que busca transparentar en mejor forma las acciones de lucha contra la corrupción, no logró traspasar los muros del poder legislativo alegando desinformación, falta de consenso, pero sobre todo, temor a desafiar los grupos fácticos de poder.
Zelaya había prometido en su campaña electoral que el 27 de enero, cuando tomara posesión del cargo para regir los destinos del país por un período de cuatro años, iba a sancionar en el estadio nacional, la Ley de Transparencia y la Ley de Participación Ciudadana. Esta última si logró ser aprobada por los congresistas con severas reformas a la propuesta original, según trascendió en la prensa local.
No obstante, Zelaya no contaba con que a lo interno de la bancada de su partido, el Liberal, con 62 diputados, no había consenso en torno a la ley, y mucho menos en el resto de partidos políticos ahí representados: el Nacional, el Partido de Innovación y Unidad (Pinu) y la Democracia Cristiana (DC). Sólo el UD había mostrado su anuencia a aprobar la ley.
Por ser una ley secundaria, la Ley de Transparencia sólo requería de 65 votos para ser aprobada por mayoría simple. El Partido Liberal, promotor de la iniciativa durante la campaña, cuenta con 62 diputados y la UD con 5 parlamentarios. En teoría, la aprobación no sería difícil, pero en la práctica, los hechos demostraron que ningún parlamentario oficialista tuvo la intención real de presentar la ley; sólo la UD, por lo que el proceso permanece ahora sujeto a la «voluntad» parlamentaria de discutirla y aprobarla en fecha aún no determinada.
En sus palabras de toma de posesión, Zelaya exhortó a los parlamentarios a demostrar su «buena voluntad» aprobando «en los próximos días» la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que «la concerten con los sectores, que se reúnan con los diferentes medios porque Honduras necesita esta ley, importante para el desenvolvimiento y desarrollo del país».
Actualmente, el proyecto de la Ley de Transparencia fue turnado a una comisión de dictamen integrada por dos diputados del opositor Partido Nacional, uno del gobernante Partido Liberal y uno de la DC. Sus integrantes son considerados como un ala fuertemente conservadora que responde, en su mayoría, a intereses no necesariamente políticos.
La Ley de Transparencia recoge los argumentos esenciales de un proyecto de ley de acceso a la información pública y hábeas data, engavetado desde hace más de un año en el Congreso Nacional. Leo Valladares, reconocido jurista que ha asesorado en las dos propuestas: Ley de acceso a la información pública y Ley de Transparencia, es de la opinión que éste último instrumento legal recoge el espíritu positivo de la ley en cuanto a transparentar los actos públicos y garantizar el derecho a la intimidad de las personas.
Esta opinión es compartida en parte por los integrantes de la Alianza 72, una coalición de organismos de sociedad civil que coordina el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), quienes objetan que el nuevo proyecto elimina lo concerniente a la creación de un Consejo Nacional de Acceso a la Información Pública que sería el garante institucional de velar por la ejecución y cumplimiento de la ley. Este Consejo fue suprimido por una figura ligada a la nueva ley de Participación Ciudadana, con fines, por ahora, bastante proselitista.
La Alianza 72 ha advertido en un comunicado que relata la cronología de los hechos, que se encuentra en un estado de «alerta permanente» para vigilar que la Ley de Transparencia que piensa ser discutida en el Congreso no sea trastocada con propósitos oscuros, sino que salga un buen producto que garantice a la sociedad herramientas que permitan desterrar la opacidad y la corrupción en este país centroamericano.
