Octubre en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión y el espacio cívico, producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
La agudización de las presiones sobre la libertad de expresión, con la introducción de nuevas medidas legislativas y crecientes amenazas a la prensa, se tradujo en un mes difícil para el espacio cívico en las Américas este pasado octubre. En Paraguay, una propuesta de ley que obligaría a las organizaciones sin fines de lucro a divulgar información detallada sobre sus finanzas y su personal amenaza con obstaculizar el libre funcionamiento de los medios de comunicación independientes. Argentina ha enfrentado un recrudecimiento de los ataques gubernamentales a la prensa bajo la presidencia de Javier Milei, cuyos decretos restrictivos y retórica incendiaria han fomentado un clima cada vez más hostil hacia los periodistas. En Cuba, por su parte, la nueva Ley de Comunicación Social ha tenido graves repercusiones para los periodistas independientes, que denuncian presión estatal en forma de amenazas, detenciones y confesiones obtenidas bajo coacción.
Paraguay: norma propuesta pone en riesgo la libertad de prensa
El Congreso de Paraguay sancionó recientemente un controvertido proyecto de ley dirigido a controlar más estrechamente a las organizaciones sin fines de lucro, medida que los defensores de la libertad de prensa advierten que podría resultar en la imposición de severas restricciones para los medios independientes. El proyecto de ley—cuya aprobación definitiva aún estaba a la espera de la decisión del presidente Santiago Peña al cierre de esta edición—obligaría a todas las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las que reciben financiación del extranjero, a presentar estados financieros semestrales al Ministerio de Economía y Finanzas. También requeriría que todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) presenten una lista de colaboradores, lo que podría poner en riesgo tanto a su personal como a sus donantes.
“Muchos medios independientes paraguayos son organizaciones sin fines de lucro que dependen de los fondos de donantes extranjeros, y esta ley los obligaría a divulgar información y datos sobre personas que trabajan con ellos, lo cual representaría un serio obstáculo para su labor”, afirmó Cristina Zahar del miembro de IFEX Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Defensores de la prensa, entre ellos la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) se pronunciaron en contra del proyecto de ley, instando al presidente Peña a rechazarlo por los riesgos que supone para la libertad de prensa y la participación cívica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó su preocupación ante la aprobación de este proyecto de ley. Desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se advirtió que los extensos requisitos estipulados en el proyecto de ley – como la inscripción obligatoria de todas las ONG en un registro, un detalle de la procedencia y destino de fondos y gastos y documentación exhaustiva sobre las actividades de las organizaciones – aumentaría la carga administrativa que ya deben soportar las mismas. También se señala que el proyecto de ley contiene términos vagos que asocian la condición de organización sin fines de lucro con conceptos tales como “utilidad pública”, “interés social” e “interés cultural”, lo que daría a las autoridades gubernamentales discrecionalidad en la interpretación del cumplimiento. La ley establece severas sanciones por incumplimiento, incluida la suspensión por hasta seis meses de las actividades de la organización sancionada y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta cinco años. Quienes critican la norma sostienen que estas medidas punitivas podrían restringir aún más el espacio cívico y obstaculizar el funcionamiento de las ONG, y señalan que en distintas partes de la región se aplican estrategias autoritarias similares dirigidas a controlar a la sociedad civil, como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Argentina: se agudizan las tensiones contra la prensa
Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, se disparó el antagonismo hacia la prensa. Milei ha arremetido una y otra vez contra periodistas que son críticos con su administración, aprovechando toda ocasión para descalificarlos e increparles. Su actitud genera preocupación entre los trabajadores de los medios y las organizaciones de la prensa, dado que denota un giro hacia una mayor intolerancia gubernamental ante el periodismo crítico.
Este recrudecimiento de la hostilidad hacia la prensa se da luego de otros importantes sucesos recientes. Uno de ellos fue el controvertido decreto 780/2024 del Poder Ejecutivo, que introdujo enmiendas restrictivas a la Ley de Acceso a la Información Pública, empleando una redacción ambigua y otorgando a las autoridades discrecionalidad para rechazar solicitudes de información invocando esos términos. Previamente, en julio, el miembro de IFEX Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) había denunciado que operadores digitales vinculados al gobierno habían iniciado una campaña de desprestigio contra los medios independientes.
Esta hostilidad, avalada en particular por el mismísimo presidente, se considera inusitada, sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo que Milei lleva en el cargo. Luego, a finales de septiembre, la agresiva retórica de Milei alcanzó nuevos niveles cuando en un acto partidario incitó públicamente a una multitud a insultar a la prensa. FOPEA expresó su preocupación, declarando que “arengar a la gente a insultar públicamente a periodistas no es solo una manifestación de intolerancia, sino una estrategia que socava los principios democráticos”.
Pedro Vaca, Relator Especial de la CIDH, coincidió con FOPEA y señaló que “una cosa es tener una discrepancia o un desacuerdo y otra cosa es que la voz oficial promueva violencia o agresiones. Las voces del Estado no pueden permitirse ser el punto de inicio o quienes generan un ambiente permisivo a las violencias».
El medio preferido de Milei para lanzar sus ataques ha sido la red social X, la cual utiliza frecuentemente para criticar a periodistas y detractores. Rara vez brinda una conferencia de prensa y solo ocasionalmente habla con figuras de la prensa que considera favorables a su persona. En diálogo con France 24, el analista político Óscar Romano comentó el estilo de Milei y observó que el presidente argentino y otras figuras de la nueva derecha emplean una comunicación “directa, explícita y visceral”, utilizando muchas veces las redes sociales para emitir declaraciones que impacten con un titular, resuenen con su público y provoquen respuestas.
Cuba: nueva Ley de Comunicación Social agudiza la represión contra periodistas independientes
La nueva Ley de Comunicación Social cubana, promulgada el 4 de octubre, desató una fuerte oleada represiva contra periodistas independientes que trabajan fuera del ámbito mediático estatal. Los periodistas denuncian que han sido víctimas de acoso, amenazas y acusaciones de mercenarismo, un delito tipificado en el artículo 143 del Código Penal introducido en 2022 y que se sanciona con cuatro a diez años de prisión. Las autoridades alegan que estos periodistas reciben fondos extranjeros para realizar acciones que atentan contra el orden constitucional.
“El régimen cubano, sin demora, ha desatado una nueva ola de represión, que puede calificarse de terrorismo de Estado,” manifestó Normando Hernández, director general del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), al medio LatAm Journalism Review. Agregó que esto tiene un claro objetivo: “infundir terror, forzarlos a abandonar su labor informativa y advertirles, mediante amenazas y coacción, que la nueva ley es un instrumento más para encarcelarlos”.
Los miembros de IFEX ARTÍCULO 19 y Reporteros Sin Fronteras han documentado tendencias inquietantes en los interrogatorios de periodistas. Estos son agredidos verbalmente y presionados para que firmen declaraciones o graben confesiones en video admitiendo su participación en proyectos presuntamente financiados por fuentes extranjeras. Estas confesiones, que además suelen emitirse en los medios estatales – agregando un elemento adicional de humillación – también se obtienen amenazando a los periodistas con prisión o con atentar contra familiares, seres queridos u otras personas de sus redes de apoyo. Las víctimas son obligadas a elegir entre ser acusadas o testigos en el proceso, y la evidencia obtenida mediante estas confesiones forzadas es utilizada para fundamentar los cargos penales impuestos.
Medios digitales independientes, como El Toque, Cubanet, Periodismo de Barrio y Magazine AM:PM, han denunciado detenciones arbitrarias, citaciones para interrogatorios ilegales, amenazas de procesamiento jurídico y confiscación de bienes personales y de trabajo. Otros miembros de IFEX, entre ellos el CPJ y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y varias organizaciones de derechos humanos han condenado estas acciones, advirtiendo que la Ley de Comunicación Social representa un nuevo instrumento del gobierno cubano para limitar la libertad de expresión y restringir el acceso a la información.
En breve
FOPEA (Argentina) lanza una serie de pódcasts sobre herramientas jurídicas para periodistas. “Informar sin dañar(nos)” es una serie de seis episodios en los que se brindan conocimientos y herramientas jurídicas para apoyar la labor periodística.
Guatemala: organizaciones de toda la región celebran la decisión de pasar a José Rubén Zamora a arresto domiciliario: Luego de más de 800 días de detención, el fundador y director de elPeriódico será trasladado en breve a su casa bajo régimen de arresto domiciliario tras una decisión de la justicia guatemalteca del 18 de octubre.
Haití encabeza el Índice de impunidad mundial en asesinatos de periodistas, elaborado por el CPJ. La violencia pandillera, la inestabilidad política y un poder judicial débil contribuyen a la crisis de impunidad que vive el país. Haití fue agregado a las mediciones del índice en 2023, ante la expansión del control de bandas criminales tras el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse. La prensa haitiana enfrenta actualmente una “crisis existencial” que ha llevado a muchos medios a reducir su personal o suspender totalmente sus actividades.
En Uruguay, los candidatos presidenciales se preparan para una segunda vuelta. La elección presidencial de Uruguay tendrá una segunda vuelta luego de que el candidato de centroizquierda Yamandú Orsi no lograra obtener el 50% más uno de los votos. A finales de noviembre competirá contra el segundo candidato más votado, Álvaro Delgado, de la coalición de centroderecha que gobierna actualmente.