IFEX-ALC insta e invita al estado a asumir sus obligaciones en materia de libertad de expresión, a aceptar las recomendaciones formuladas por diferentes estados, y a dar aplicación a los estándares internacionales en la materia.
(IFEX-ALC) – 12 de marzo de 2012 – El rechazo por parte del Estado venezolano de la totalidad de las recomendaciones (13) que se le formularon el 11 de octubre de 2011 sobre el tema en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, augura un difícil año 2012 para la libertad de expresión en Venezuela, según lo hace notar IFEX-ALC, una alianza de 16 miembros del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) en América Latina y el Caribe.
Con este rechazo sin ninguna explicación por parte de Venezuela pareciera que el tema de libertad de expresión se convierte en un tabú para las autoridades venezolanas.
Durante el año que se inicia tendrán lugar dos procesos electorales en el país, incluyendo los cruciales comicios para Presidente de la República, programados para el 7 de octubre. Históricamente se ha comprobado que, desde 2002, el mayor número de ataques contra periodistas y medios en Venezuela ocurren en años electorales, esta es además una tendencia continental.
A juicio de IFEX-ALC, las recomendaciones presentadas en octubre a Venezuela por 13 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, eran y siguen siendo pertinentes. Desde que fueron formuladas hasta la fecha, en Venezuela han ocurrido al menos 40 incidentes de ataques o limitaciones contra periodistas y medios, de acuerdo a los registros de IPYS-Venezuela (ver anexo). La relación incluye siete actos de agresiones físicas, diversas incautaciones de equipos, el hackeo sistemático de cuentas personales de periodistas independientes en las redes sociales, y un nuevo procedimiento administrativo contra el canal 24 horas de noticias Globovisión, que podría llevar a su eventual cierre.
Se trata de casos que se hubieran podido evitar si el estado venezolano hubiera aceptado y aplicado las recomendaciones que rechazó sin dar explicación ninguna. Al aceptar las recomendaciones que se le formularon en el EPU Venezuela daría una clara señal de colaboración y apertura con el sistema internacional de derechos humanos y con el Consejo de Derechos Humanos mismo.
La situación no sólo no ha mejorado, sino que podría empeorar en 2012. En medio de la campaña electoral, la extrema polarización política que reina en el país se puede traducir en ataques y hostigamientos perpetrados por grupos de base partidistas o autoridades del Estado, que ponen en riesgo la seguridad de los periodistas y obstaculizan el libre flujo de la información como ha ocurrido en el pasado. Pocos de esos casos son objeto de investigación o sanción, siendo esta entre otras una de las recomendaciones rechazadas por Venezuela. Este es un tema urgente que preocupa a la sociedad civil venezolana y que debería preocupar a la comunidad internacional, a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos y a los países observadores.
Por todo ello, IFEX-ALC insta e invita al Estado venezolano a asumir sus obligaciones en materia de libertad de expresión, a aceptar las recomendaciones formuladas por diferentes estados, todas derivadas de los instrumentos internacionales que ha suscrito, y a dar aplicación a los estándares internacionales en la materia. Así mismo, IFEX-ALC deplora el incumplimiento de los estándares universales de libertad de expresión en Venezuela y cree que es urgente promover la adopción de medidas inmediatas que ayuden a prevenir un deterioro de la situación, proteger a los periodistas y garantizar una información plural. IFEX-ALC reitera en especial la necesidad de que Venezuela considere las recomendaciones que se le formularon durante su misión en el EPU de Venezuela en Ginebra en octubre pasado, de manera concreta las siguientes:
– Que las autoridades venezolanas investiguen oportuna y eficazmente los ataques contra periodistas y medios para determinar responsabilidades.
– Que las autoridades venezolanas hagan una condena explícita de los ataques físicos contra periodistas y medios.
– Que la legislación venezolana despenalice los cargos por desacato o vilipendio.
