Septiembre en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión y el espacio cívico producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal. Dos noticias aún en curso ponen de manifiesto importantes desafíos relacionados con el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, celebrado el 28 de septiembre.
Esta es una traducción del artículo original.
En Brasil, la suspensión de la plataforma X (anteriormente Twitter) tras un fallo del Supremo Tribunal Federal ha desencadenado un complejo debate sobre soberanía y libertad de expresión. En Argentina, por otra parte, cambios legislativos recientes ponen en riesgo el acceso a la información pública, socavando conquistas en materia de transparencia y rendición de cuentas obtenidas por la sociedad civil tras largas luchas. En toda la región, continúan los ataques contra las voces independientes, destacándose en particular el aumento de la represión en Venezuela y Cuba y las crecientes amenazas a la libertad académica e intelectual.
X versus Brasil: un caso complejo de soberanía y libertad de expresión
La suspensión de la red social X (anteriormente Twitter) en Brasil ha desatado un debate que tiene distintas interpretaciones según desde dónde se lo mire. Si bien fuera de América Latina muchos consideran esta decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil como un ataque a la libertad de expresión, dentro de la región el tema también se enmarca dentro de la defensa de la soberanía. Para organizaciones y comentaristas de América Latina, la preocupación central no se limita a la libertad de expresión, sino que abarca el papel de las multinacionales tecnológicas como X, cuya negativa a cumplir las leyes locales se considera una extralimitación de la influencia extranjera en los asuntos políticos de una nación.
El 30 de agosto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la suspensión de X y estableció sanciones para los usuarios que intenten evadir el bloqueo utilizando redes privadas virtuales (virtual private networks, o VPN). Inicialmente, el tribunal también había ordenado a Apple y Google que quitaran de sus tiendas las aplicaciones de VPN, aunque esa decisión se revirtió rápidamente.
Este fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil no surge de la nada; es la culminación de intensos debates en torno al problema de la desinformación en las campañas electorales. Elon Musk, que ha apoyado públicamente a figuras clave de la derecha brasileña, fue acusado de permitir la divulgación de información falsa perniciosa. En las elecciones presidenciales de 2022, desde cuentas de X – posteriormente suspendidas – se lanzaron llamados generalizados a dar un golpe militar, así como incitaciones a la violencia contra líderes opositores. Quienes defienden la sentencia sostienen que las medidas que esta impone, apoyadas por una mayoría del tribunal, son esenciales para salvaguardar la democracia.
En un artículo publicado por el medio de prensa Context, Veridiana Alimonti (quien también integra EFF, miembro de IFEX) señaló que el bloqueo de X da cuenta de las complejidades que surgen cuando los poderes económicos se encuentran enfrentados con la libertad de expresión. Según Alimonti y otros comentaristas, la situación refleja el uso de la libertad de expresión como arma, lo que a su vez ha llevado a procesos judiciales enturbiados por la polarización política y una batalla entre dos personalidades públicas poderosas. En definitiva, el desacato de las leyes brasileñas por Musk ha provocado, como era inevitable, una enérgica respuesta judicial tendiente a hacer cumplir la ley, lo que plantea interrogantes más amplias sobre la forma en que las empresas tecnológicas multinacionales interactúan con naciones soberanas del Sur Global.
Este opinión es compartida por muchos analistas en América Latina, que han manifestado su preocupación no solo con respecto a la libertad de expresión, sino también con respecto a la forma en que los gigantes tecnológicos mundiales, en particular de Estados Unidos, ven a la región. La libertad de expresión es, sin duda, junto al acceso a la información, un elemento importante en este enfrentamiento, pero en el centro de la controversia está la cuestión de la soberanía.
También han opinado sobre el tema distintas organizaciones internacionales, entre ellas, el miembro de IFEX Reporteros Sin Fronteras (RSF). RSF apoyó la decisión del tribunal brasileño, señalando que, ante la negativa de X a cumplir con los requisitos legales del país, que se extendió durante varios meses, el tribunal no tenía muchas opciones. Aun reconociendo que la red social X es utilizada extensamente por la prensa como herramienta para desempeñar su labor, RSF hizo hincapié en que ninguna plataforma debe estar por encima de la ley. Este caso demuestra la importancia de exigir que se cumplan las obligaciones legales cuando las plataformas digitales contribuyen a la desinformación o no acatan órdenes judiciales.
Según el Supremo Tribunal Federal de Brasil, X había ignorado reiterados pedidos de bloquear cuentas que difundían desinformación y se había negado a designar representantes legales en el país, lo que llevó a la decisión de suspender a la plataforma. Organizaciones de derechos, como el miembro de IFEX Derechos Digitales, señalan que estas plataformas multinacionales suelen argumentar que no están sometidas a las jurisdicciones locales, aduciendo que sus filiales extranjeras no tienen ningún vínculo con la casa matriz. En algunos casos, ni siquiera contestan los pedidos de las autoridades. En el resto de la región se han producido situaciones similares, lo que plantea importantes interrogantes sobre las distintas formas en que las grandes multinacionales tecnológicas (o Big Tech) tienden a desdeñar a entidades locales.
A finales de septiembre, X finalmente acató las órdenes judiciales brasileñas, por lo que eliminó las cuentas cuestionadas, pagó las multas pertinentes y designó a un representante legal en el país. No obstante, el tribunal ahora pide documentación adicional para asegurarse de que la compañía cumple plenamente la ley brasileña.
La situación no está resuelta aún y es mucho lo que está en juego para la democracia, el Estado de derecho y la libre expresión en Brasil. El debate pone sobre la mesa interrogantes cruciales sobre el papel de los gigantes tecnológicos en naciones soberanas y la mejor manera de conciliar la necesidad de garantizar la libertad de expresión con la obligación que tienen estas plataformas de respetar las leyes locales.
Argentina: un retroceso en el acceso a la información
En Argentina, el reciente decreto 780/2024 ha suscitado preocupación en los defensores de la libertad de prensa y la sociedad civil – entre ellos FOPEA, miembro de IFEX – por su impacto regresivo en las leyes argentinas de acceso a la información pública. El decreto, introducido por el gobierno del presidente Javier Milei, modifica la Ley de Acceso a Información Pública (Ley 27,275), considerada de avanzada en el momento de su promulgación, ya que se ajustaba a estándares internacionales en la materia.
Las nuevas enmiendas contienen varios elementos alarmantes, entre otros, el uso de términos imprecisos como “violación al principio de buena fe” y la inclusión de “daños o perjuicios” como criterios para no brindar la información solicitada. Estas disposiciones dan a las autoridades públicas amplia discrecionalidad para denegar el acceso a datos públicos aduciendo posibles perjuicios. Con esto se aparta significativamente del espíritu de la ley original, que buscaba evitar que los funcionarios gubernamentales tomaran decisiones arbitrarias para restringir el acceso público a la información.
Uno de los aspectos más preocupantes es la introducción de nuevos requisitos para la identificación y el registro de los solicitantes de información. Esta medida amenaza con socavar el principio que establece que la información pública debe ser accesible a todos, independientemente de su identidad, y a la vez abre la puerta a posibles sanciones contra quienes soliciten información. Esto se contrapone fuertemente con la práctica anterior, en la que no se les pedía a los solicitantes ningún dato personal.
En respuesta, 69 organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra del decreto, emitiendo un comunicado titulado “Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública”. En la declaración subrayan la importancia que reviste la transparencia en las sociedades democráticas y alertan sobre la posibilidad de que estos cambios perjudiquen significativamente el derecho de los ciudadanos a saber.
En otras partes de América Latina también han surgido iniciativas similares a estas disposiciones inquietantes, en particular en México, donde desde el gobierno federal se busca debilitar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El miembro de IFEX ARTICLE 19 México y Centroamérica ha advertido que tales medidas reflejan una regresión de más largo alcance en términos de transparencia, que erosiona los avances en materia de rendición de cuentas logrados con tanto esfuerzo en los últimos veinte años.
Históricamente, el largo reclamo de transparencia en el continente americano ha estado marcado por la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) hace más de una década y actualizada recientemente. Las leyes de acceso a la información de Argentina y de México son resultados directos de ese impulso, y el INAI de México es uno de los ejemplos más destacados de esos esfuerzos. La eliminación de la fiscalización independiente representa una tendencia regresiva preocupante.
En breve
El Presidente de Colombia Gustavo Petro, en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmó una directiva presidencial dirigida a promover la conducta ética, salvaguardar la libertad de expresión y no estigmatizar a la prensa. Sin embargo, en su discurso posterior empleó expresiones injuriosas hacia la prensa, con lo que empañó el entusiasmo inicial con el que se recibió la medida.
El informe “Crisis postelectoral y derechos humanos en Venezuela 2024” fue publicado por múltiples ONG bajo la denominación genérica “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento” para proteger a los colaboradores, dada la severa represión que se está llevando a cabo en Venezuela. La ola de represión relacionada con las elecciones sigue intensificándose y se ha traducido en una larga lista de trabajadores de los medios y periodistas que han sido atacados. En este momento, ocho periodistas se encuentran detenidos por su trabajo.
A pesar de la liberación de 135 prisioneros políticos en Nicaragua, quienes fueron exiliados a Guatemala y despojados de su nacionalidad, la periodista Fabiola Tercero Castro ha permanecido desaparecida durante más de dos meses tras un allanamiento policial en su hogar. Reporteros Sin Fronteras (RSF) insta al gobierno nicaragüense a aclarar urgentemente su caso, en medio de crecientes preocupaciones sobre la posible implicación del Estado en su desaparición.
ARTICLE 19 expresó su profunda preocupación por los crecientes actos de represión no solo contra periodistas independientes, sino también contra académicos e intelectuales en Cuba. Estas personas son perseguidas por manifestar públicamente su disenso con las políticas del régimen cubano. La presión continua ejercida sobre las voces críticas genera alarma sobre la erosión persistente de la libertad de expresión bajo el gobierno cubano.