Junio de 2024 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Julian Assange recupera la libertad; Evan Gershkovich enfrenta un juicio; legislación anti-LGBTQI+ y “terror con motivación política” en Georgia; avances positivos en la lucha contra la impunidad y en la defensa del espacio cívico; y la República Srpska descarta proyecto de ley sobre “agentes extranjeros”.
Julian Assange recupera finalmente su libertad
Julian Assange, uno de los prisioneros más destacados de nuestros tiempos, está libre.
El 24 de junio, tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos, el editor de Wikileaks fue puesto en libertad bajo fianza y abandonó la prisión británica de alta seguridad donde había pasado los últimos cinco años.
El 26 de junio, en un tribunal de Saipán, una isla del Pacífico que es un territorio de Estados Unidos, Assange se declaró culpable de violar la ley estadounidense de espionaje y fue sentenciado a tiempo cumplido. Luego voló a su Australia natal para reunirse con su familia.
Un dato significativo es que el juez de Saipán concluyó que la difusión de información de Wikileaks no había provocado daños físicos a nadie (Wikileaks había sido acusado frecuentemente de que sus publicaciones tenían o podrían tener un costo en vidas humanas).
Durante su encarcelamiento, Assange libró una larga batalla contra la extradición a Estados Unidos, donde enfrentaría hasta 175 años de prisión en caso de ser declarado culpable de 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje y 1 en virtud de la Ley de Abuso y Fraude Informático.
Enfrentó estos cargos únicamente por haber publicado información de interés público. Al hacerlo, expuso crímenes de guerra.
Antes de su detención en 2019, Assange había recibido asilo en la embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció desde 2012 hasta 2019, cuando le retiraron el asilo y la policía británica lo arrestó.
Mientras Assange todavía estaba en la embajada, trascendió que la CIA había considerado secuestrarlo y asesinarlo durante el gobierno del expresidente Donald Trump.
La liberación de Assange fue celebrada por miembros de IFEX, quienes hicieron hincapié en que nunca debió haber estado preso.
La Federación Europea de Periodistas (FEP) recordó que, si bien Assange recuperó la libertad, “Estados Unidos no ha dejado de intimidar a periodistas”. Según la presidenta de la FEP, Maja Sever: “Al negarse a retirar los cargos en virtud de la Ley de Espionaje y obligar a Assange a declararse culpable de un delito de conspiración que no cometió, Estados Unidos mantiene la presión sobre todo periodista que pudiera utilizar información relacionada con la defensa nacional de Estados Unidos”.
Varios miembros de IFEX, incluidos ARTICLE 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la FEP, Índice de Censura, PEN Internacional, PEN Noruega y Reporteros Sin Fronteras (RSF) abogaron durante años por la liberación de Assange, reclamando que se retiraran los cargos en su contra.
Juicio contra Evan Gershkovich
Mientras el avión que transportaba a Julian Assange aterrizaba en Australia, el periodista estadounidense Evan Gershkovich se encontraba ante un tribunal en Rusia en la primera audiencia de su juicio por acusaciones falsas de espionaje.
Gershkovich, acusado de recabar información para la CIA, ya ha pasado 14 meses en prisión preventiva y podría pasar hasta 20 años más tras las rejas si es declarado culpable.
El presidente Vladimir Putin ha indicado que estaría considerando utilizar a Gershkovich como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros, lo que, según Rachel Denber de Human Rights Watch (HRW), deja claro que “este juicio es una cruel puesta en escena que nada tiene que ver con la justicia”.
Las autoridades rusas sostienen que Gershkovich estaba recabando “información secreta” sobre una fábrica de tanques rusa cuando fue arrestado en marzo de 2023, un año después de la invasión rusa a Ucrania. Desde que comenzó la guerra, las autoridades rusas han procesado a casi 500 personas por compartir información que cuestiona la versión del Kremlin sobre el conflicto.
Legislación anti-LGBTQI+, “terror con motivación política”
Georgia continúa siguiendo el mal ejemplo de Rusia en materia de derechos humanos y sociedad civil.
El mes pasado, su parlamento aprobó la ley de inspiración rusa sobre “agentes extranjeros”; este mes, el partido gobernante (Sueño Georgiano) presentó un extenso paquete de legislación anti-LGBTQI+.
Esta legislación incluye prohibiciones sobre: matrimonio entre personas del mismo sexo; cirugías de afirmación de género; reconocimiento jurídico de género; adopción de niños por parte de personas LGBTQI+; y “popularización” de lo LGBTQI+ en medios de comunicación, lugares de trabajo, escuelas y protestas. Los condenados por “popularizar” lo LGBTQI+ podrían enfrentar multas y posibles penas de prisión.
En OC Media, el periodista Shota Kincha brinda un excelente análisis de la legislación en su contexto político actual.
Debido al tenso clima político, Tbilisi Pride anunció en junio que no se organizarían celebraciones presenciales por el Mes del Orgullo. La organización también señaló que prevé que los meses que faltan para las elecciones parlamentarias de octubre estarán “llenos de violencia física fomentada por el gobierno y de retórica cargada de odio y hostilidad”.
En los últimos meses se produjeron en Georgia violentas represiones de las protestas contra la ley de “agentes extranjeros”. Varios críticos del gobierno afirman haber sido blanco de campañas de intimidación organizadas.
Un caso particularmente inquietante es el del activista cívico Zuka Berdzenishvili. El 11 de junio, después de que el presidente del Parlamento de Georgia lo acusara públicamente de generar “terror con motivación política”, un grupo de hombres golpeó al crítico del gobierno con tal brutalidad que tuvo que ser hospitalizado.
Tras el ataque, 25 organizaciones de la sociedad civil (OSC) georgiana emitieron una declaración exhortando a las autoridades a que dejaran de atacar violentamente a los ciudadanos de Georgia.
Bielorrusia
En junio, en Bielorrusia, algunos destacados periodistas y opositores del gobierno fueron sentenciados a largas penas de prisión.
El 20 de junio, Franak Viacorka, asesor político exiliado de la líder opositora en el exilio Sviatlana Tsikhanouskaya, fue condenado en ausencia a 20 años de prisión. Fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos traición, “creación de una organización extremista” y difamación del presidente.
A principios de junio, la periodista independiente Alena Tsimashchuk fue condenada a cinco años de prisión tras ser declarada culpable de “desprestigiar a la República de Bielorrusia”, “incitar a actos hostiles o discordia” y “participar en una organización extremista”.
Pero si bien la represión continuó, los esfuerzos para hacer que el gobierno bielorruso rindiera cuentas no cesaron.
En junio, Freedom House testificó ante la Comisión de Helsinki (o de Seguridad y Cooperación en Europa) de Estados Unidos junto con Tsikhanouskaya sobre la difícil situación de los presos políticos en Bielorrusia. La audiencia se puede ver aquí.
La Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ) sigue siendo una fuente de información invaluable sobre la situación de la prensa independiente en Bielorrusia. Este mes, publicó un informe sobre la represión de los medios en los primeros cuatro meses de 2024, dando cuenta de los siguientes hechos: cuatro periodistas fueron sentenciados a entre dos años y medio y cuatro años de prisión (en su mayoría por cargos de “extremismo”); se iniciaron procesos penales contra otros siete periodistas, cinco de los cuales se encuentran en el exilio; cinco personas fueron detenidas arbitrariamente; y al menos siete sitios web o proyectos de medios de comunicación en línea fueron declarados “organizaciones extremistas” y bloqueados.
El 31 de mayo, el Tribunal Supremo de Serbia dictaminó que el periodista bielorruso exiliado Andrei Hniot podía ser extraditado a Bielorrusia, donde enfrentará un juicio políticamente motivado por cargos de evasión fiscal.
Avances positivos: impunidad y espacio cívico
En las últimas semanas se produjeron varios avances positivos en la región, incluidos importantes triunfos en la batalla contra la impunidad y en la defensa del espacio cívico.
En los Países Bajos, un tribunal condenó a tres hombres por su participación en el asesinato del periodista Peter de Vries en Ámsterdam en 2021. Dos de ellos fueron condenados a 28 años de prisión cada uno y el tercero, a quien la fiscalía apodó el “facilitador del homicidio”, recibió 26 años. Otros tres hombres fueron condenados a entre 10 y 14 años de prisión por complicidad en el crimen.
Aunque el tribunal concluyó que no se había probado el móvil del crimen, las conversaciones telefónicas interceptadas que se presentaron como evidencia en el juicio revelaron que uno de los sospechosos había afirmado: “Metió la nariz donde no debía. Por eso lo balearon”.
De Vries había sido “asesor y confidente” de un testigo protegido en un juicio relacionado con el crimen organizado.
Al tiempo que celebraron las condenas, Free Press Unlimited y Reporteros Sin Fronteras instaron a la policía a seguir investigando a los autores intelectuales del asesinato de Peter de Vries.
El 14 de junio, en un fallo sorprendente, un tribunal de Kirguistán absolvió y puso en libertad a más de 20 activistas que enfrentaban cargos penales supuestamente por “organizar disturbios masivos” y “conspirar para tomar el poder”.
El fiscal pedía condenas de 20 años prisión para estos activistas pacíficos que fueron arrestados en 2022 tras protestar contra un acuerdo por el que Kirguistán entregaba el embalse de Kempir-Abad a Uzbekistán.
HRW y varios otros grupos de derechos humanos habían reclamado que se retiraran los cargos “por estar motivados políticamente”, sosteniendo que “la fiscalía no parece haber presentado pruebas creíbles”.
El tribunal obviamente estuvo de acuerdo y dictaminó que no había pruebas suficientes para condenar a los acusados, algunos de los cuales habían pasado 19 meses en prisión preventiva.
En Turquía, siete personas fueron condenadas a nueve años de prisión cada una por su participación en el violento ataque de 2019 contra el periodista Yavuz Selim Demirağ, que lo dejó hospitalizado.
El CPJ celebró la condena, pero instó a las autoridades turcas a dar lugar a la apelación de Demirağ contra el veredicto, dado que el periodista cree que sus agresores lo atacaron por sus columnas de opinión política y quiere que sean juzgados por intento de asesinato.
A finales de mayo, el gobierno de la República Srpska (entidad semiautónoma de Bosnia y Herzegovina de mayoría serbia) retiró de la agenda de la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros”.
La aprobación de esta ley habría significado que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que reciben fondos del extranjero tuvieran que registrarse como “agentes extranjeros” y cumplir requisitos exigentes de presentación de informes. El objetivo del proyecto de ley, al igual que el de leyes similares en Rusia, Kirguistán y Georgia, era perjudicar a dichas organizaciones y dificultarles el trabajo.
Durante una misión a Bosnia y Herzegovina en octubre de 2023, las organizaciones socias de Media Freedom Rapid Response plantearon el proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” (y en particular su posible impacto en los medios de prensa) como una de sus principales preocupaciones. En esa ocasión, pidieron a la Unión Europea (UE) que “la libertad de prensa y de expresión sea una prioridad alta en las negociaciones por la adhesión [de Bosnia y Herzegovina] a la UE”.
Luego de que el gobierno retirara el proyecto de ley, el presidente Milorad Dodik admitió que el motivo para hacerlo era la “armonización… con la práctica jurídica europea”.
En breve
En Kirguistán, comenzó el juicio contra 11 empleados y exempleados de Temirov Live. Los periodistas están acusados de cargos dudosos por “incitar a disturbios masivos” y podrían enfrentar hasta ocho años de prisión cada uno en caso de ser condenados. El medio de prensa es conocido por sus investigaciones anticorrupción sobre funcionarios gubernamentales.
En Azerbaiyán, un tribunal extendió la detención preventiva de seis periodistas del medio de investigación anticorrupción Abzas Media. Los seis están acusados de recibir ilegalmente financiación extranjera. Abzas Media ha realizado una serie de investigaciones sobre el presidente Ilham Aliyev y otras autoridades de su gobierno.
En Kazajstán, el presidente Kassym-Jomart Tokaev promulgó una nueva ley de medios de comunicación que amenaza la libertad de expresión y el acceso a la información. Aunque la legislación contiene algunos cambios positivos, como la introducción de una definición de “calidad especial de periodista”, que según HRW “tendría como objetivo aumentar las garantías y protecciones legales para los periodistas”, algunas de sus disposiciones son definitivamente restrictivas. Estas incluyen nuevos requisitos onerosos de registro para publicaciones en línea y mayores poderes para el gobierno que le permitirán interferir en el trabajo de periodistas extranjeros si considera que sus materiales contienen “propaganda extremista”.