En una edición especial de año nuevo del informe regional de noticias de Europa y Asia Central elaborado por IFEX, Cathal Sheerin profundiza sobre lo que está por venir en Rusia y Bielorrusia.
Esta es una traducción del artículo original.
De cara a la celebración de importantes elecciones en Rusia y Bielorrusia en el primer trimestre de 2024, el editor regional de IFEX reflexiona sobre el impacto que tendrán las continuas medidas represivas contra el espacio cívico en ambos países durante el período preelectoral y más allá.
Rusia: elecciones en tiempos de guerra
Las elecciones presidenciales rusas están programadas para realizarse del 15 al 17 de marzo de 2024, y el presidente en ejercicio, Vladimir Putin, se postula para un nuevo mandato.
Cuando sea reelecto (sería ingenuo decir “en caso de ser reelecto”), Putin continuará en la presidencia hasta 2030, habiendo ocupado el cargo desde 2012 y habiendo sido presidente anteriormente de 2000 a 2008. (Putin fue primer ministro de 1999 a 2000 y de 2008 a 2012).
Las últimas elecciones presidenciales de Rusia tuvieron lugar en marzo de 2018. Los observadores de la OSCE calificaron a esos comicios de “elección sin competencia”, destacando “restricciones de las libertades fundamentales”, “presión persistente sobre la sociedad civil” y “la ausencia de cobertura crítica en la mayoría de los medios de comunicación”. En el período preelectoral se tomaron medidas represivas contra voces disidentes, incluido el arresto de Alexei Navalny, una importante figura de la oposición (a quien ya se le había prohibido postularse a cargos públicos), luego de que este llamara a boicotear las elecciones en una manifestación contra Putin en Moscú. Unos meses más tarde, Navalny sería arrestado nuevamente, esta vez en el marco de una detención masiva en la que unas 1.600 personas fueron arrestadas durante protestas contra la asunción de Putin.
Las elecciones presidenciales de 2024 se desarrollarán en circunstancias muy diferentes. La terrible violencia que la actual guerra de Rusia contra Ucrania ha infligido al pueblo ucraniano ha estado acompañada internamente de una represión sin precedentes del espacio cívico, lo que coloca a las voces críticas en una situación aún más peligrosa que en las últimas elecciones presidenciales.
Navalny, como es sabido, cumple actualmente una condena de 19 años de prisión por varios cargos dudosos. Tras recuperarse de un envenenamiento casi letal en 2020, fue arrestado y encarcelado en enero de 2021. Este hecho desencadenó protestas masivas en toda Rusia que fueron reprimidas por la policía, dejando un saldo de aproximadamente 3.700 personas detenidas y 50 periodistas agredidos. Ese mismo año, la organización anticorrupción de Navalny fue calificada de “extremista” y, por consiguiente, proscrita.
A mediados de diciembre de 2023, Navalny “desapareció” temporalmente dentro del sistema penitenciario. Tras reclamos de su familia, sus abogados y la Relatora Especial sobre los derechos humanos en la Federación de Rusia, se reveló (después de 19 días de incomunicación) que había sido trasladado a una dura prisión situada al norte del Círculo Polar Ártico, en Siberia. Poco antes de esta “desaparición”, los partidarios de Navalny habían lanzado una campaña para oponerse a la reelección de Putin en 2024. El propio Navalny había emitido un comunicado llamando a los rusos a votar contra Putin.
Varios miembros del círculo de Navalny han sido atacados en los últimos meses. A finales de diciembre de 2023, Ksenia Fadeyeva, exjefa de la oficina regional de Navalny en Tomsk, fue condenada a nueve años de prisión por organizar un grupo “extremista”. En octubre de 2023, en lo que se ha descrito como una “purga” preelectoral, tres abogados que representaban a Navalny – Vadim Kobzev, Igor Sergunin y Alexei Liptser– fueron arrestados por cargos de “extremismo”. Si son declarados culpables podrían ser condenados a duras penas de prisión.
Otros líderes de la oposición también han sido apartados de la esfera pública.
La legislación introducida en 2022 que tipifica como delito la “descalificación” de las fuerzas armadas rusas y la difusión de “información falsa” sobre estas se utilizó en abril de 2023 para sentenciar a 25 años de prisión al político de la oposición Vladimir Kara-Murza (que, como Navalny, sobrevivió a un intento de envenenamiento); Ilya Yashin, otro político de la oposición, fue declarado culpable en aplicación de la misma ley en diciembre de 2022 y condenado a 8 años y medio de prisión.
A finales de diciembre de 2023, se prohibió a la candidata pacifista Yekaterina Duntsova presentarse a las elecciones de 2024, aduciendo que había “errores” en los documentos de inscripción de su candidatura.
En los últimos dos meses de 2023 hubo una serie de condenas judiciales alarmantes por cargos de “incitar al odio” contra el ejército, “descalificar” a militares o difundir “información falsa” sobre las fuerzas armadas. Entre los condenados se encontraban el destacado defensor de los derechos humanos Oleg Orlov, la artista y activista Aleksandra Skochilenko y los poetas Artyom Kamardin y Yegor Shtovba.
Los efectos de la guerra y de la legislación surgida a raíz de ella que restringe la libertad de expresión se sentirán durante todo el período electoral e incluso más allá. Según el proyecto ruso independiente de derechos humanos OVD-Info, a diciembre de 2023 se habían producido casi 20.000 detenciones de ciudadanos rusos que habían expresado opiniones contra la guerra. Tal nivel de represión podría tener un efecto desalentador sobre las protestas y mítines de la oposición en el período previo al día de la votación. Eso fue lo que pasó efectivamente en 2023, año que, como señala OVD-Info, “no será recordado por grandes protestas multitudinarias y miles de detenciones” (a diferencia de 2022, por ejemplo).
La persecución generalizada de los medios independientes que siguió a la invasión rusa de Ucrania sin duda redundará en una cobertura política interna aún más parcial y un aumento de la censura (tanto autoimpuesta como estatal) durante las elecciones de 2024.
Varios periodistas fueron blanco de esta persecución en 2023. Entre los que están tras las rejas al comenzar el año 2024 se encuentran: Maria Ponomarenko, de RusNews, condenada a seis años de prisión por difundir “información falsa” sobre el ejército; Evan Gershkovich, del Wall Street Journal, detenido por dudosos cargos de “espionaje” desde mayo; y Alsu Kurmasheva, de Radio Free Europe/Radio Liberty, en prisión preventiva desde octubre, cuando fue detenida por no registrarse como “agente extranjero”, y que luego fue acusada de difundir “información falsa” sobre los militares.
Es probable que el activismo o los comentarios políticos antes de las elecciones presidenciales de marzo también se vean afectados por el aumento de las restricciones legales a las organizaciones de la sociedad civil. En diciembre de 2023, entró en vigor una nueva ley que amplía la nefasta (y ya vasta) legislación rusa sobre “agentes extranjeros”. Human Rights Watch (HRW) resume sus drásticas consecuencias para los derechos a la libre expresión y a la libertad de reunión:
“La ley amplía la definición de agente extranjero hasta el punto de que casi cualquier persona o entidad, independientemente de su nacionalidad o ubicación, que participe en activismo cívico o incluso exprese opiniones sobre las políticas rusas o la conducta de los funcionarios rusos podría ser catalogada de agente extranjero, bastando solamente que las autoridades afirmen que está bajo ‘influencia extranjera’. También excluye a los ‘agentes extranjeros’ de aspectos clave de la vida cívica”.
Los líderes autoritarios necesitan chivos expiatorios, especialmente en momentos de elecciones y guerras. En Rusia, durante más de una década, los “agentes extranjeros” y la comunidad LGBTQI+ han sido uno de los principales objetivos del gobierno.
En noviembre de 2023, la ofensiva legislativa de Rusia contra las personas LGBTQI+ asestó otro duro golpe con una sentencia de la Corte Suprema que calificó al llamado “movimiento LGBT internacional” de “organización extremista”. Tanya Lokshina, de HRW, describió el fallo como un intento más de convertir a las personas LGBTQI+ en “chivos expiatorios” de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y de “paralizar” las actividades de los grupos LGBTQI+ de la sociedad civil y de quienes trabajan con ellos. Conforme a la legislación penal rusa, quienes participan o colaboran con una “organización extremista” pueden ser condenados a duras penas de prisión.
Según la organización de encuestas rusa independiente Levada Center, Putin tiene actualmente un índice de aprobación de más del 80% en Rusia. En 2021, promulgó una enmienda constitucional que le permitirá presentarse nuevamente a la presidencia en 2030.
Bielorrusia: un importante “test de estrés”
Las elecciones parlamentarias en Bielorrusia están previstas para el 25 de febrero de 2024. Serán las primeras elecciones que se celebran en el país desde las elecciones presidenciales de agosto de 2020 que mantuvieron a Aleksandr Lukashenka en el poder, desencadenaron una ola masiva de protestas populares y lanzaron la actual represión contra la prensa independiente y la sociedad civil.
La líder de la oposición exiliada, Sviatlana Tsikhanouskaya, ha pedido a la comunidad internacional que “rechace” estas elecciones: “Con los partidos políticos desmantelados y los líderes encarcelados o exiliados, esto no es más que una farsa”, tuiteó en noviembre.
Y no son sólo los partidos políticos los que han sido desmantelados. La “purga” de organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Lukashenka, iniciada en 2021, ha tenido un efecto devastador en la sociedad civil. Según el grupo bielorruso de derechos humanos Lawtrend, en septiembre de 2023, la impresionante cifra de 1.441 OSC fueron disueltas judicialmente, dadas de baja del registro u optaron por la liquidación voluntaria. Varias OSC se han visto obligadas a trabajar en el exilio.
Una de las OSC a las que se le ordenó disolverse es la Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ). Como nos recordó BAJ en su reciente resumen de 2023, Bielorrusia tiene uno de los peores récords de detención de periodistas del mundo, registrándose 32 trabajadores de los medios tras las rejas a principios de año. Otras estadísticas para 2023 proporcionadas por BAJ son igualmente inquietantes: 46 periodistas arrestados, 33 medios de comunicación (incluido BAJ) declarados “extremistas” y 12 medios de comunicación declarados “terroristas”.
Con tantos grupos desactivados y tantos periodistas, activistas cívicos y otras personas en prisión por desafiar a Lukashenka en las elecciones de 2020 o después de ellas (actualmente, Bielorrusia tiene más de 1.400 presos políticos), sería muy sorprendente que en febrero de 2024 veamos una oposición masiva y organizada como se vio en 2020.
Pero eso no significa que las autoridades estén dispuestas a arriesgarse.
En un artículo reciente para openDemocracy, el periodista Igor Ilyash (esposo de la periodista encarcelada Katsiaryna Andreyeva) describe las próximas elecciones de febrero como “un importante test de estrés” para el gobierno de Lukashenka antes de las elecciones presidenciales de 2025. Según Ilyash, ya están en marcha los preparativos para sofocar la disidencia y garantizar un proceso electoral injusto:
“Las fuerzas de seguridad bielorrusas se están entrenando para dispersar protestas masivas y realizando registros masivos de miembros del opositor Consejo de Coordinación. Planean mantener en secreto los datos personales de los miembros de las comisiones electorales para que estos no teman que la opinión pública los condene por participar en fraude electoral. Se prohibió fotografiar o filmar las hojas de votación llenadas, luego de que manifestantes en 2020 utilizaran imágenes de hojas de votación para intentar organizar un nuevo recuento de votos. Las autoridades se han negado a instalar mesas electorales en el extranjero, por lo que varios cientos de miles de emigrantes políticos quedarán excluidos del proceso electoral. Y, en particular, a fin de impedir una posible estrategia de boicot, se eliminó el umbral mínimo de participación electoral”.
El impacto sobre el régimen de Lukashenka que tuvieron las protestas de 2020 aún se hace sentir hoy, como lo demuestra el continuo acoso y persecución de las autoridades a aquellos grupos e individuos que se han negado a acatar al régimen. En diciembre de 2023, la activista de derechos humanos Alyaksandra Kasko fue condenada a diez años de prisión por su participación en las manifestaciones de 2020. Ese mes también fue testigo del registro y acoso a observadores de las elecciones de 2020 por parte de agentes estatales.
A principios de enero de 2024, Lukashenka promulgó una ley que le otorgaba inmunidad procesal de por vida y prohibía a los líderes de la oposición exiliados presentarse a elecciones presidenciales.