Edición especial por el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad: en su más reciente resumen de noticias de Europa y Asia Central, basado en informes de los miembros de IFEX y artículos de prensa de la región, Cathal Sheerin se centra en los puntos de intersección entre la impunidad, la seguridad de los periodistas y las elecciones.
Esta es una traducción del artículo original.
El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad; el proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” de Kirguistán; señales preocupantes para la libertad de prensa en Bosnia y Herzegovina; una batalla ganada en la lucha contra las SLAPP en el Reino Unido; las elecciones en Polonia evidencian la necesidad de una ley de libertad de medios para toda Europa.
DIPFI: seguridad de los periodistas en las elecciones
Los procesos electorales en Europa y Asia Central pueden ser períodos complicados para los medios de comunicación. En muchos casos, los periodistas deben hacer frente a un aumento de diversos tipos de amenazas que en otros momentos suelen ser muy infrecuentes.
El tema elegido este año para conmemorar el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas (DIPFI) es la seguridad de los trabajadores de la prensa durante las elecciones y ofrece una oportunidad para examinar los patrones de amenazas que marcaron las recientes elecciones en Polonia, Eslovaquia y Turquía.
En Polonia, la proliferación de la desinformación fue particularmente notable en las semanas previas a los comicios de octubre: la campaña electoral del entonces gobernante Partido Ley y Justicia (PiS), que emitió un flujo casi constante de retórica antiinmigrante, fue descrita por los expertos como “un torrente asfixiante de desinformación”; el mayor partido de la oposición, Plataforma Cívica (PO), fue ampliamente criticado por un anuncio electoral que utilizaba un vídeo “deepfake”, o ultrafalseado, generado por inteligencia artificial que imitaba la voz del primer ministro; y los ciudadanos recibieron mensajes de texto extraños y algo macabros en los que el PiS supuestamente prometía funerales gratuitos para los pensionistas (el PiS negó que tuviera algo que ver con estos mensajes y no quedó claro quién los envió ni por qué).
La difusión de desinformación, además de afectar la capacidad de elección de los votantes, genera un ambiente tóxico que socava el periodismo serio y pone en riesgo la seguridad de los periodistas: es bien conocido el papel que cumple la desinformación en el fomento de la violencia en línea y las agresiones fuera de línea contra miembros de la prensa (especialmente mujeres periodistas).
Asimismo, los intentos de los políticos y sus aliados en los medios de difamar o perjudicar a los periodistas críticos – particularmente durante las elecciones u otros períodos de cambio – también ponen en riesgo a los periodistas.
Este último tipo de ataque también fue muy evidente en los meses previos a las elecciones en Polonia, como señala Media Freedom Rapid Response (MFRR), una organización dedicada al seguimiento de las violaciones a la libertad de prensa en Europa, en un informe que publicó recientemente sobre la primera mitad de 2023. MFRR señala que el PiS y sus aliados ejercieron una “presión creciente” sobre la prensa crítica durante este período. Su informe registra ataques a 30 personas o entidades relacionadas con los medios de comunicación, de los cuales poco menos de la mitad fueron “incidentes jurídicos” (como demandas o indagatorias), mientras que más de una cuarta parte fueron intentos públicos por parte del gobierno o sus partidarios de difamar y deslegitimar a periodistas independientes.
En Europa y Asia Central hay numerosos políticos y partidos que emplean esta táctica contra quienes los critican. El líder populista Robert Fico, quien en octubre asumió nuevamente como primer ministro de Eslovaquia tras las elecciones de septiembre, es famoso por sus mordaces ataques a periodistas. El año pasado, describió a la prensa como “un grupo de crimen organizado cuyo objetivo es acabar con el Estado eslovaco” e instó a la policía a investigarlos. Anteriormente se había referido a algunas periodistas como “sucias prostitutas antieslovacas”.
Un estudio reciente reveló que, durante el período preelectoral en Eslovaquia, el partido de Fico, Smer o Dirección – Democracia Social), publicó 174 ataques a periodistas en las redes sociales. Smer también pagó a Facebook para que esas publicaciones le llegaran a más de 1,5 millones de personas.
La temeraria indiferencia de Fico por las posibles consecuencias de tales tácticas es muy reveladora, especialmente si se tiene en cuenta que en 2018 se vio obligado a dimitir como primer ministro tras el asesinato de Jan Kuciak, un periodista que investigaba actos de corrupción en su gobierno y cuyo caso atrajo la atención mundial al problema de la impunidad en el país.
Pero cuando se trata de poner en riesgo la seguridad de los periodistas durante los períodos electorales, Turquía ha sido por lejos el peor infractor de 2023.
La ratificación en octubre de 2022 de la controvertida “ley de desinformación”, conforme a la cual los condenados por “difundir información engañosa” pueden enfrentar hasta tres años de prisión, supuso una gran amenaza para los periodistas en los meses previos a los comicios. Grupos defensores de la libertad de prensa vieron en esta tan resistida norma una medida para silenciar las críticas y el debate públicos en el período previo a las elecciones de 2023. En febrero de 2023, el reportero kurdo Sinan Aygül se convirtió en el primer periodista condenado con arreglo a esta ley y fue sentenciado a diez meses de cárcel.
En las semanas previas a la votación de mayo, las autoridades turcas intensificaron su represión contra los periodistas kurdos y otros críticos del gobierno, muchos de los cuales fueron acusados de falsos cargos de “terrorismo”. En abril se procesó a 16 periodistas kurdos por “pertenecer a una organización ilegal” y ese mismo mes al menos otros diez fueron arrestados en una ola de detenciones de periodistas, activistas y políticos kurdos. Reporteros sin Fronteras (RSF) describió estos arrestos como “una maniobra política diseñada para desmantelar a los medios de comunicación favorables a los kurdos y desestabilizar a los partidos de la oposición antes de las elecciones”.
Los últimos meses del período preelectoral fueron más complicados de lo habitual a raíz del devastador terremoto que sacudió a Turquía en febrero. Decididas a controlar el mensaje y salir al cruce de las acusaciones contra el gobierno por un mal manejo de las operaciones de rescate y recuperación, las autoridades arrestaron a varios periodistas (muchos de ellos en virtud de la mencionada “ley de desinformación”). Miembros de la prensa fueron agredidos físicamente por particulares y agentes estatales. También se impusieron multas a emisoras por su cobertura crítica de las intervenciones de emergencia del gobierno. El acoso y los ataques a periodistas continuaron el día de las elecciones y después.
Mil días tras las rejas
En octubre, la organización Index on Censorship lanzó una campaña de solidaridad en apoyo a su excolega, el periodista encarcelado Andrei Aliaksandrau, al cumplirse 1.000 días de su detención en Bielorrusia por cargos falsos. En colaboración con la poeta bielorrusa Hanna Komar, Index on Censorship tradujo un poema escrito por Aliaksandrau cuando aún estaba en prisión preventiva y produjo un breve vídeo en el que amigos y antiguos colegas del periodista recitan el poema:
[ Traducción: #1000Días: Mientras se encontraba en prisión preventiva, nuestro excolega Andrei Aliaksandrau le escribió un mensaje a su amiga Tania, que nosotros publicamos en línea. Cuando se cumplen 1.000 días de su arresto, los invitamos a releer sus conmovedoras palabras dirigidas al mundo exterior @politzekme @HRHFoundation]
A mediados de mes, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que Bielorrusia había violado el derecho internacional de los derechos humanos al encarcelar al periodista de RFE/RL Ihar Losik en 2020. Losik cumple actualmente una condena de 15 años de prisión por cargos falsos de “organizar protestas masivas” e “incitar al odio”.
Según la Asociación de Periodistas de Bielorrusia, a finales de octubre había 34 periodistas tras las rejas en ese país. El grupo de derechos humanos Viasna registra 1.470 presos políticos en el sistema penitenciario del país.
En breve
En octubre hubo buenas noticias en el Reino Unido con la aprobación de la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial, que incluye la primera disposición anti-SLAPP de la legislación británica. La Coalición Anti-SLAPP del Reino Unido calificó la promulgación de esta norma como “un paso importante hacia la erradicación de las SLAPP”, pero subrayó que al estar restringida a quienes denuncian delitos económicos, no llega a brindar protección universal contra estos juicios de amordazamiento.
En Rusia continúa la persecución de periodistas independientes y voces pacifistas. La periodista ruso-estadounidense de RFE/RL Alsu Kurmasheva fue arrestada en octubre y puesta en prisión preventiva por su negativa a registrarse como “agente extranjero”. Se prevé que seguirá detenida hasta el 5 de diciembre.
La periodista exiliada Marina Ovsyannikova – que protestó en una trasmisión televisiva en vivo contra la invasión rusa de Ucrania – fue condenada en rebeldía a 8 años y medio de prisión por “difundir noticias falsas sobre el ejército ruso”. El bloguero Aleksandr Nozdrinov también había sido sentenciado a finales de septiembre por los mismos cargos y a igual cantidad de años (aunque él estuvo presente en el juicio).
En Italia, el periodista Roberto Saviano fue condenado por difamación criminal por llamar a la primera ministra Giorgia Meloni “bastarda”. Si bien evitó una posible pena de prisión, se le impuso una multa de 1.000 euros.
En Kirguistán, un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” inspirado en la ley rusa pasó la primera etapa de consideración parlamentaria a finales de octubre. Human Rights Watch señala que si se convierte en ley tendrá un “efecto paralizador en la vibrante sociedad civil kirguisa”. El Comité para la Protección de los Periodistas advierte que la norma “restringirá aún más la asediada prensa libre del país”.
También en Kirguistán, IFEX pidió a las autoridades que retiraran la demanda con la que pretenden liquidar al medio de prensa Kloop Media y pongan fin a su actual persecución contra los medios independientes.
Luego de una misión a Bosnia y Herzegovina en octubre, organizaciones socias de MFRR concluyeron que la libertad de prensa se está deteriorando debido a: “nuevas leyes restrictivas, retórica hostil y denigración de periodistas por parte de funcionarios públicos, así como la persistencia de desafíos sistémicos que afectan la independencia de los medios de comunicación de servicio al público”. Las organizaciones que formaron parte de la misión se reunieron con varios periodistas que habían sido atacados por su trabajo. MFRR llamó la atención sobre la reciente legislación adoptada en la República Srpska (una de las dos entidades que componen Bosnia y Herzegovina) que vuelve a tipificar como delito la difamación y establece la figura de “agentes extranjeros”, calificándola de particularmente perjudicial para la prensa libre.
Asimismo, como evidencia de la necesidad de una sólida Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, los socios de MFRR señalaron a las recientes elecciones nacionales de Polonia, en las que la influencia del partido gobernante PiS sobre los medios públicos y el uso de recursos estatales le dieron una ventaja significativa sobre sus rivales:
“Si la Unión Europea realmente quiere proteger la libertad de los medios de comunicación en Europa y, por lo tanto, garantizar elecciones libres y justas, debe adoptar la posición del Parlamento Europeo sobre la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación con todas sus salvaguardias referidas a vigilancia, medios de comunicación al servicio del público, transparencia de la propiedad de los medios, independencia editorial, reguladores independientes de los medios de comunicación a nivel nacional y de toda Europa, pluralismo de los medios y mal uso y abuso de los fondos estatales”.