Desde el año 2000, al menos 338 periodistas han sido asesinados en la región, lo que pone de relieve la urgente necesidad de establecer mecanismos de protección para contrarrestar la violencia sistémica. En un nuevo informe, RSF analiza los programas de protección de periodistas en Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, reafirmando su compromiso de enfrentar la escalada de amenazas contra los periodistas.
Este artículo fue publicado originalmente en rsf.org el 10 de diciembre de 2024.
Garantizar un entorno seguro para los periodistas sigue siendo un reto crítico para las democracias latinoamericanas. Desde el año 2000, al menos 338 periodistas han sido asesinados en la región, lo que pone de relieve la urgente necesidad de establecer mecanismos de protección para contrarrestar la violencia sistémica. En un nuevo informe, Reporteros Sin Fronteras (RSF) analiza los programas de protección de periodistas en Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, reafirmando su compromiso de enfrentar la escalada de amenazas contra los periodistas.
Los mecanismos de protección son iniciativas impulsadas por el Estado con el objetivo de salvaguardar a las personas que se encuentran en riesgo debido a su labor periodística o a sus esfuerzos por combatir la corrupción, el crimen organizado y los abusos de las autoridades. Países como Colombia, México, Brasil y Honduras ya han establecido mecanismos de este tipo, como se documenta en el informe de RSF de febrero de 2022.
Más recientemente, Ecuador y Perú lanzaron sus iniciativas, mientras que Guatemala está intentando implementar una política de protección tras años de hostilidad hacia los medios. Así mismo, en Chile y Paraguay, se están debatiendo proyectos de ley al respecto.
A pesar de estos avances, muchos programas carecen de los recursos y la capacidad necesaria para proporcionar un apoyo eficaz. Los retrasos, los presupuestos limitados y la ausencia de protocolos claros dificultan su capacidad para responder a las amenazas y exigir responsabilidades a los autores.
«La violencia contra la prensa en América Latina ha alcanzado niveles alarmantes. Los gobiernos deben estar preparados institucionalmente para proteger a los periodistas en riesgo y prevenir tragedias evitables. RSF está monitoreando activamente los mecanismos de protección en toda la región y, con este informe, ha emitido recomendaciones para programas recién creados y en desarrollo en Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Estos mecanismos no sólo son fundamentales para la seguridad de los periodistas – sino vitales para preservar la democracia en América Latina.»
Artur Romeu, Director de la Oficina para América Latina de RSF
Destaques de cada país: desafíos y avances
Guatemala
El entorno de los medios de comunicación en Guatemala sigue siendo precario. Las promesas de establecer un programa de protección de periodistas, hechas después de la guerra civil, entre 1960 y 1996, aún no se han materializado. Los avances han sido lentos desde la dimisión del presidente Otto Pérez Molina en 2015, y las condiciones han empeorado bajo la presidencia de Alejandro Giammattei. El presidente Bernardo Arévalo, en el cargo desde enero de 2024, se ha comprometido a restablecer la protección de los periodistas, pero el escaso apoyo del Congreso y la resistencia del poder judicial -en parte influenciada por administraciones anteriores- socavan estos esfuerzos.
Ecuador
El mecanismo de Ecuador, creado en 2023 tras el sonado asesinato del periodista Fernando Villavicencio, padece una crónica falta de financiamiento y apoyo institucional. La negativa a asignarle un presupuesto específico para 2024-2025 lo hace dependiente de la ayuda externa. Además, el mecanismo enfrenta problemas de coordinación entre departamentos gubernamentales, lo que provoca retrasos y fallos en la implementación de las medidas de protección.
Perú
Perú introdujo un mecanismo de protección en 2021 bajo la presión de la ONU, pero sigue siendo ineficaz debido a la limitada financiación, el insuficiente personal y la falta de marcos legales de coordinación. Estas debilidades se ven agravadas por la administración de la presidenta Dina Boluarte, que ha apoyado políticas que socavan la libertad de prensa, incluidos los intentos de criminalizar a los periodistas que cubren protestas.
Paraguay y Chile
En Chile, el asesinato en 2022 de la periodista Francisca Sandoval puso de manifiesto los crecientes riesgos que corren los trabajadores de los medios de comunicación. En marzo de 2024 se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de protección para periodistas, pero esto se encuentra estancado en el Senado debido a problemas de financiación y de marco legal. Del mismo modo, Paraguay ha tenido problemas con la seguridad de los periodistas, con más de 600 casos de violencia documentados desde la década de 1990. Un proyecto de ley para establecer un e mecanismo de protección se ha retrasado en el Senado desde 2023, enfrentándose a la resistencia de un clima político conservador.
Las 10 recomendaciones de RSF para mecanismos efectivos de protección de periodistas
- Marco legal sólido
- Articulación institucional
- Definición inclusiva del público beneficiario
- Protección integral
- Protocolos específicos para periodistas
- Enfoques diferenciales de género, raza, etnia y diversidad sexual
- Presupuesto permanente y flexible
- Personal técnico capacitado
- Participación social
- Fiabilidad y transparencia activa
Lea el informe completo AQUÍ.
