El diario estatal "El Telégrafo" ha venido publicando unas notas en las que se trata de vincular a la familia Pérez, propietarios de "El Universo", con la construcción del terminal terrestre de Guayaquil.
(Fundamedios/IFEX) – El 2 de junio de 2011 y bajo el título «¡No callaremos, señor presidente!», el diario «El Universo» publicó una carta firmada por los propietarios del periódico en respuesta a las notas que ha venido publicando el diario estatal «El Telégrafo», y reproducidas por otros medios de gobierno, en las que se trata de vincular a la familia Pérez, propietarios de «El Universo», con la construcción del terminal terrestre de Guayaquil, un negocio que habría perjudicado económicamente al Estado tres décadas atrás.
En la carta, Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos del medio afirmaron que: «El Gobierno nacional debe entender una verdad muy simple, ‘EL UNIVERSO’ no se va a callar. Para conseguirlo, para que nuestra voz enmudezca, al presidente de la República solo le quedará un camino, destruirnos, y por lo visto, eso es lo que ha resuelto. Durante cuatro años y medio nos ha endilgado toda clase, no de insultos, sino de vulgaridades. Ha perseguido a nuestros periodistas, columnistas y funcionarios».
En la publicación, los hermanos Pérez también recordaron que el periódico enfrenta una demanda por USD80 millones y un pedido de prisión de tres años para cada uno y para el editorialista Emilio Palacio.
La información que dio lugar a la respuesta de «El Universo» data del 3 de mayo. En ella, y bajo el título de «Negocios de ‘El Universo’ afectan línea editorial», «El Telégrafo» aseguró que Carlos Pérez Perasso y sus hijos estuvieron vinculados en la construcción del terminal terrestre de Guayaquil que resultó en un negociado puesto que la estructura se desplomó antes de que se entregue la obra, hace casi treinta años. La nota también fue ilustrada con una caricatura del fallecido director de «El Universo», Carlos Pérez Perasso.
El reportaje afirmó que, en la construcción de la obra, que estuvo a cargo de la empresa japonesa Fujita, estaría implicada la empresa Matricsa, «cuyo mayor accionista era Inamasa, de propiedad de Carlos Pérez Perasso y sus hijos María Teresa, Rosa, Priscila, Carlos y César; estos dos últimos actuales directivos del diario».
Ante estas afirmaciones, «El Universo», el 1 de junio, aclaró que el caso ya tuvo sentencia definitiva en 1992 y que Matricsa nunca tuvo una relación con el Estado porque como «contratista particular había asistido a la transnacional japonesa Fujita Corporation en alguno de los trabajos» para la Terminal. Y agregó que Fujita es la única responsable por los perjuicios «por ser la que suscribió el contrato con la entonces Comisión de Tránsito del Guayas».
Además de citar esta presunta vinculación de la familia Pérez, el medio estatal hizo referencia a otros casos de corrupción en los que también podría estar involucrada esta familia y citó la compra de una procesadora de basura con sobreprecio, «extraños, pero comprensibles vínculos con un vicepresidente de la República que malbarató los gastos del Estado» y la compra de una embarcación que naufragó. En todos ellos no se esclarece el vínculo, pero se lo menciona y concluye con la siguiente pregunta: «¿Quiénes son los que dan lecciones de moral en el Ecuador y ahora demandan respeto a la libertad de expresión?».
El 2 de junio, el medio de gobierno «El Ciudadano» afirmó que el supuesto perjuicio contra el Estado por la construcción de dicho terminal sería de USD100 millones y que el caso quedó en la impunidad, por lo que la Comisión de Tránsito del Ecuador ya está investigando al respecto.
