Uno de los obstáculos más grandes que enfrenta la libertad de prensa en América Latina son las autoridades autocráticas regionales y locales que ven al periodismo de investigación como una amenaza al poder que, de otra manera, no sería controlado.
(IPI/IFEX) – VIENA, 14 de febrero 2012 – En un pequeño poblado en la provincia argentina de La Pampa, el editor de un periódico fue agredido el 19 de enero por la esposa y el hijo del vice-intendente local, luego de haber publicado un artículo que criticaba al gobierno municipal.
Un periódico comunitario de 26 años de edad en Porto Alegre, Brasil, con un tiraje de 5.000 ejemplares, se vio obligado a cerrar la semana pasada después que un tribunal le ordenó pagar miles de dólares en daños a la madre del ex-gobernador del estado de Río Grande do Sul. El periódico había publicado una historia ganadora de premios que vinculaba al hermano del gobernador con una red de corrupción.
Tres periodistas de Ayacucho, al sureste de Perú, informaron el 26 de enero que habían sido acosados, amenazados, y desacreditados. Fueron calificados de asesinos y terroristas luego de que publicaron un reportaje que señalaba la apropiación indebida de millones de dólares provenientes de fondos públicos por parte del gobernador regional.
El 18 de enero, tal y como informó el IPI anteriormente, un radio periodista de Nagua, en República Dominicana, fue condenado por difamar a un abogado. Un juez le ordenó pagar una multa de 1 millón de pesos, 5.000 veces el máximo establecido por las leyes de medios de ese país para casos de difamación.
Estos incidentes, lejos de ser aislados, ponen de relieve uno de los obstáculos más grandes que enfrenta la libertad de prensa en América Latina: autoridades autocráticas regionales y locales que ven al periodismo de investigación como una amenaza al poder que, de otra manera, no sería controlado. De hecho, los periodistas y medios de comunicación que investigan la corrupción local a menudo se convierten en objetivo de la delincuencia.
Por otra parte, los periódicos regionales y comunitarios dependen a menudo de espacios publicitarios comprados por las mismas autoridades, quienes a su vez pueden aprovechar esta dinámica para controlar su contenido. De esta forma, los periodistas que investigan la corrupción local o los vínculos entre funcionarios locales y el crimen organizado se pueden ver forzados a ejercer la autocensura.
Esta situación preocupante, combinada con el alcance mortal de los carteles de droga y la ineficiencia y la inacción por parte de los gobiernos nacionales, ha llevado a los periodistas locales y comunitarios a sufrir desproporcionadamente en la creciente crisis de la libertad de prensa en América Latina, un punto respaldado por las estadísticas del IPI.
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