Frente una campaña de desprestigio contra los defensores de derechos humanos en México, IFEX le pide a Presidente Enrique Peña Nieto que exprese su apoyo.
ATENTAMENTE:
Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia oficial de Los Pinos, Molino del Rey s/n,
Col. San Miguel Chapultepec, Distrito Federal. C.P. 11850
13 de abril 2016
Su excelencia,
IFEX, la red mundial de 104 organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de la libertad de expresión, se dirige a usted con el fin de solicitar su atención sobre la campaña de difamación en curso contra los organismos y entidades que participan en la protección y promoción de los derechos humanos en México, así como su condena de la misma.
Desde principios de este año, se ha llevado adelante una campaña para silenciar a muchos de los que abogan a favor de las víctimas de secuestro, tortura y asesinato en México. Se han lanzado acusaciones sin fundamento de corrupción, fraude, asociaciones ilícitas y violación ética en su trabajo contra una amplia gama de individuos, incluyendo un número de personas que trabajan para el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el relator especial de la ONU sobre la tortura, y numerosos representantes de la sociedad civil.
Tolerar un clima de acoso coordinado contra los que hablan a favor de las víctimas de la violencia apoya una cultura de silencio e impunidad de los crímenes contra los derechos humanos. El efecto inhibidor sobre el discurso de este acoso, amenaza con disuadir a las víctimas de contar su experiencia, además de desalentar a otros a defenderlas. Como afirma Iván Báez de Artículo 19, «el acoso contra los defensores de los derechos humanos afecta gravemente no sólo a los acosados, sino también al derecho de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño».
Su gobierno tiene la responsabilidad fundamental de proteger los derechos de los ciudadanos marginados y de las víctimas, y esto incluye apoyar activamente el trabajo de sus defensores más prominentes. Esta responsabilidad fue claramente reconocida anteriormente en su Presidencia al adoptar la Ley General de Víctimas, pero en los últimos años parece haberse perdido esa claridad.
Si bien la reciente destitución de los cargos de fraude contra Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CEDH, es un paso positivo, no es suficiente que el gobierno simplemente no se una a la campaña de difamación. «El gobierno mexicano debe demostrar de manera positiva y explícita su apoyo a la labor de los que luchan por los derechos de las víctimas, con acciones fuertes para evitar este tipo de acoso» dice Omar Rábago Vital, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Presidente de la Junta Directiva de IFEX. «Los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en las democracias y en la búsqueda de la justicia y ellos mismos deben ser defendidos».
Rogamos que reconozca su compromiso con las víctimas reafirmando que su gobierno cree en la importancia de la defensa de los derechos humanos, y tiene confianza en las organizaciones que abogan todos los días para los mismos.
Firmado,
