Más de 30 miembros de IFEX expresan su preocupación frente a una serie de propuestas presentadas por el gobierno de Ecuador, que serán discutidas el 8 de marzo en ese país, y que plantean reformas al Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión.
(IPI/IFEX) – La siguiente es una declaración firmada por más de 30 miembros de IFEX e iniciada por el Instituto Internacional de Prensa, que se dirige a los Estados miembros de la OEA:
Miembros de IFEX expresan su preocupación por los cambios propuestos a la Relatoría Especial de la Organización de Estados Americanos
Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por una serie de propuestas presentadas por el gobierno de Ecuador y que serán discutidas el viernes 8 de marzo en Guayaquil, Ecuador, que buscan reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyendo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los resultados de esta discusión serán presentados durante la Asamblea General Extraordinaria de la OEA el 22 de marzo en Washington.
En junio de 2011, el Consejo Permanente de la OEA autorizó la creación de un Grupo Especial de Trabajo, abierto a los 35 Estados Miembros, con el objetivo de fortalecer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En diciembre de 2011, Ecuador logró la inclusión en el informe del Grupo de Trabajo de tres propuestas específicas que perjudicarían de forma desproporcionada a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, mientras aparentando tener como objetivo las ocho relatorías de forma equitativa.
Las tres propuestas son: (1) incluir los informes de las ocho relatorías en un solo capitulo del informe anual de la CIDH; (2) asignar recursos financieros equilibrados a todas la relatorías; (3) introducir un código de conducta que regule a las relatorías de la CIDH.
Este segundo punto es potencialmente el más perjudicial para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Los partidarios de esta medida argumentan que el presupuesto relativamente grande de la Relatoría Especial en comparación con las otras siete es un indicativo de cómo a la libertad de expresión se le está dando una prioridad injusta sobre otros asuntos de derechos humanos.
Sin embargo, a diferencia de las otras siete relatorías, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no recibe financiamiento de la CIDH/OEA, sino que depende únicamente de donaciones externas. Esta disposición, que es también ejercida por las relatorías para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, fue establecida durante la fundación de la Relatoría y es clave para mantener su independencia de los gobiernos cuyas acciones monitorea.
La situación financiera de la Relatoría es por tanto sólo un reflejo de su habilidad para recaudar fondos a favor de las actividades que desempeña.
Se estima que pedirle a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que rechace o redistribuya los fondos resultaría en una pérdida de casi 90% de su presupuesto.
Concluimos que estas propuestas, si se aprueban, debilitarían significativamente la independencia y la posición financiera de Relatoría Especial, una de las voces más formidables de la región en cuanto a la protección y el fortalecimiento de las libertades de prensa y expresión.
Exhortamos a todos los Estados de la OEA que consideren cuidadosamente las implicaciones de estas recomendaciones, que deberían ser debatidas de una manera abierta y transparente que tome en consideración las opiniones de la sociedad civil. Instamos a los Estados miembros que consideren toda la evidencia pertinente y rechacen cualquier propuesta que vaya en contra de la misión de proteger la libertad de expresión en las Américas.
Atentamente,
