(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras pide al gobierno y a las autoridades judiciales una reacción, después de los dos incidentes de agresión llevadas a cabo por militantes del Comité Cívico Popular – un grupo radical que se dice progubernamental – contra periodistas del sector privado, los días 28 y 29 de octubre en La Paz. […]
(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras pide al gobierno y a las autoridades judiciales una reacción, después de los dos incidentes de agresión llevadas a cabo por militantes del Comité Cívico Popular – un grupo radical que se dice progubernamental – contra periodistas del sector privado, los días 28 y 29 de octubre en La Paz. El 30 de octubre, el vicepresidente Alvaro García Linera condenó los actos y prometió una investigación.
«En una tribuna publicada el 21 de octubre en los diarios nacionales ‘La Razón’ y ‘La Prensa’, Reporteros sin Fronteras denunció sin reservas el racismo y los llamamientos al asesinato del presidente Evo Morales, hechos por algunos opositores radicales desde medios de comunicación privados. La justicia tiene que aplicarse también a los activistas que se dicen partidarios del gobierno, y que incitan al odio contra periodistas.
«La pasividad mostrada por la policía en estos dos ataques es inadmisible, y la investigación prometida por el vicepresidente tiene que aclarar completamente ese aspecto. Como es también inadmisible que el jefe de filas del Comité Cívico Popular, Adolfo Cerrudo, inculpado ya varias veces en ataques a periodistas, haya reanudado sus actuaciones y violado las obligaciones del control judicial a que está sometido. Esperamos que vuelvan a enviarlo a la cárcel y le juzguen, cosa que esperamos se haga también con los miembros de los grupos autonomistas autores de atentados a medios de comunicación públicos.
«En la lógica de los acuerdos políticos establecidos entre el gobierno y los principales partidos de la oposición, ante la perspectiva del referéndum constitucional del 25 de enero de 2009, pedimos también que el presidente Evo Morales, y los ministros responsables, adopten medidas de seguridad concretas y dialoguen inmediatamente con los representantes de la profesión», ha declarado Reporteros sin Fronteras.
El 29 de octubre unos 200 militantes del Comité Cívico Popular agredieron a una docena de periodistas, que se encontraban delante de la cárcel de San Pedro, en el momento en que los delegados de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) – encargados de investigar la masacre de quince campesinos indígenas, ocurrida el 11 de septiembre – llegaban para interrogar al ex prefecto del Departamento de Pando (Noroeste), Leopoldo Fernández, detenido e inculpado de «genocidio» en ese caso.
Unas militantes de la colectividad «Ponchos Rojos» chicotearon a los periodistas con correas de cuero. Según el testimonio recogido por Reporteros sin Fronteras de María Luisa Calleja, del diario «La Prensa», quien formó parte de los agredidos, el ataque pasó a mayores cuando los periodistas de televisión – ATB, Red Uno – instalaron sus equipos. «¡Les vamos a sacar a patadas (de la puerta de la cárcel) si no se van!», gritaron los agresores, dentro de ellos un hombre rápidamente identificado como Adolfo Cerrudo. «Lo lamentable es que en ningún momento de la agresión la Policía intervino para dispersar a los agresores y se limitaron a pedir cordura y que nos mantengamos separados», indicó María Luisa Calleja. Pero esa precaución no fue suficiente. Los manifestantes se abalanzaron después sobre los periodistas, moliendo a golpes a Jonnathan Condori, de Radio Erbol (emisora vinculada a la iglesia católica) y Javier Alanota, del canal ATB.
La víspera, en el mismo lugar, unos militantes del Comité Cívico Popular, dirigidos por Edgar Mora, agredieron violentamente a cuatro periodistas, llegados para cubrir sus protestas en contra del eventual traslado del ex prefecto de Pando a Sucre. Roxana Lizárraga y el camarógrafo Juan Carlos Vera, del canal privado de televisión Unitel, Nicolás Sanabria, de la emisora privada Radio Fides, y Gustavo Arévalo, del canal privado ATB fueron agredidos mientras les acusaban de «estar pagados por Leopoldo Fernández». Algunos periodistas tuvieron que interrumpir sus transmisiones en vivo.
Adolfo Cerrudo, acusado ya en varios casos de agresiones contra los medios de comunicación de La Paz, en el mes de marzo amenazó de violación a una periodista del diario «La Razón». En arresto domiciliario, decidido por la juez Virginia Crespo, le pusieron en libertad condicional el 23 de julio después de que se comprometiera por escrito a no volver a atacar a los medios.
Bolivia ocupa el lugar 115 (sobre 173 paises) en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras en 2008, lo que supone que ha perdido 47 puestos en relación con el año pasado. El fuerte retroceso se explica por un aumento en las agresiones a medios de comunicación y la polarización de éstos últimos, generadas por diez meses de crisis política.
Para mayor información sobre la agresión de los media por militantes del Comité Cívico Popular, ver: http://ifex.org/es/content/view/full/94359
Para mayor información sobre las amenazas de violación a una periodista del diario «La Razón», ver: http://ifex.org/es/content/view/full/91609
