(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras (RSF) está alarmada por la última iniciativa contra la prensa del Departamento Federal de Justicia, y por las declaraciones recientes del presidente del comité de seguridad interna de la Cámara de Representantes, Peter King (republicano, Nueva York). El gobierno ha manifestado al Congreso su oposición a cualquier ley federal que […]
(RSF/IFEX) – Reporteros sin Fronteras (RSF) está alarmada por la última iniciativa contra la prensa del Departamento Federal de Justicia, y por las declaraciones recientes del presidente del comité de seguridad interna de la Cámara de Representantes, Peter King (republicano, Nueva York). El gobierno ha manifestado al Congreso su oposición a cualquier ley federal que garantizara a los periodistas el privilegio del secreto de las fuentes. Por otra parte, King, haciéndose eco del presidente George W. Bush, ha pedido que se inicien diligencias criminales contra el diario «New York Times», que recientemente reveló el programa gubernamental de rastreo del dinero del terrorismo, y los peligros de abusos que representa.
«Estas posturas vienen a sumarse a la degradación de la libertad de prensa en Estados Unidos. Además de los procedimientos que se siguen contra algunos periodistas a nivel federal, para forzarles a revelar sus fuentes, ahora, para presionar al poder legislativo y en nombre del secreto de Estado, el gobierno querría impedir que la prensa tratara temas sensibles relativos a la seguridad nacional. Una vez más hacemos un llamamiento a los congresistas para que debatan y aprueben, lo antes posible, las proposiciones de ley sobre libertad de información, presentadas en el Senado y en la Cámara de Representantes en febrero de 2005, con el fin no sólo de terminar con un statu quo jurídico insostenible, sino también de garantizar a la prensa su indispensable papel de contrapoder», ha declarado RSF.
El 20 de junio de 2006, el Departamento Federal de Justicia dirigió a Arlen Specter (republicano, Pennsylvania), presidente del comité judicial del Senado, una carta de nueve páginas en la que argumentaba en contra de la aprobación de una «ley escudo» («shield law»), que autorizaría a los periodistas a no revelar sus fuentes informativas ante una jurisdicción federal.
Specter forma parte de los promotores de la Ley de libertad de circulación de la información (Free Flow of Information Act) de 2006, presentada en el Senado en mayo por Richard Lugar (republicano, Indiana) y Christopher Dodd (demócrata, Connecticut). El texto concede a los periodistas un privilegio «cualificado», y no «absoluto, en materia de secreto de las fuentes. Los jueces solo podrían obligar a un periodista a revelar el nombre de su fuente cuando se cumplieran varias condiciones, entre ellas que esa fuente fuera la única disponible y que el hecho de revelarla fuera vital para resolver un caso y en el interés demostrado del público.
Paralelamente, un proyecto de ley similar, presentado en la Cámara de Representantes en febrero de 2005, establecería un privilegio absoluto para los periodistas. De momento, el privilegio cualificado se les reconoce a los periodistas en 33 de los 50 Estados.
La carta del Departamento de Justicia utiliza, como principal argumento contra el proyecto de ley senatorial, la protección que podría proporcionar a los terroristas. «Según su lectura de la ley, los periodistas del canal Al-Manar, medio de comunicación emanado de la organización terrorista Hezbollah, estarían dispensados de revelar sus fuentes confidenciales», se dice en la carta, tal y como lo cuenta el Reporters Committee for the Freedom of the Press (RCFP). Los autores de la carta anticipan también que la obligación, prevista en el proyecto de ley, de justificar la revelación de una fuente añade «una carga inaceptable a las responsabilidades constitucionales del presidente y del poder ejecutivo», en el plano de la seguridad nacional.
La seguridad nacional ha servido de pretexto a la administración norteamericana para someter a escuchas a miles de ciudadanos, entre los que se encuentran algunos periodistas, o espiar a las transacciones económicas, con el fin de rastrear el dinero de las organizaciones terroristas. La revelación de la existencia de dichos programas, y de los riesgos que suponen para las libertades públicas, y en particular para el diario «New York Times», han llevado al gobierno a invocar el secreto de Estado. En mayo, el Ministro de Justicia en persona esgrimió la amenaza de actuaciones judiciales contra los medios de comunicación, por violar leyes contra el espionaje. El 24 de junio, el diputado Peter King, presidente del comité de seguridad interna de la Cámara de Representantes, le tomó la delantera pidiendo que se abriera un procedimiento criminal contra el diario neoyorquino. La petición ha sido rechazada por los senadores de los dos grandes partidos.
Por otra parte, el vicepresidente Dick Cheney declaró que el «‘New York Times’ ha hecho más difícil la tarea de defendernos de ataques terroristas en el futuro». El Secretario del Tesoro, John Snow, calificó al diario de «arrogante» e «irresponsable».
