(IPYS/IFEX) – El 11 de marzo de 2004, la Policía Nacional del Perú (PNP) remitió un oficio al diario limeño «La Razón», solicitando, en calidad de urgencia, los nombres y apellidos de los periodistas que redactaron la edición del 4 de febrero, en donde se informa de un presunto audio de una reunión entre el […]
(IPYS/IFEX) – El 11 de marzo de 2004, la Policía Nacional del Perú (PNP) remitió un oficio al diario limeño «La Razón», solicitando, en calidad de urgencia, los nombres y apellidos de los periodistas que redactaron la edición del 4 de febrero, en donde se informa de un presunto audio de una reunión entre el presidente Alejandro Toledo y hoy procesado Vladimiro Montesinos y también del supuesto consumo de drogas del presidente. Según la investigación, esa información habría sido digitada por Montesinos desde la prisión.
De acuerdo con el oficio policial dirigido a la gerencia del diario «La Razón», la primera fiscalía anticorrupción inició investigaciones contra Montesinos, Moisés Wolfenson Woloch (propietario de «La Razón») y los que resulten responsables por «presuntos delitos contra la tranquilidad pública – delitos contra la paz pública (asociación ilícita para delinquir) – y por delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional – conspiración en agravio del Estado Peruano».
En síntesis, el Ministerio Público investiga a la plana periodística del diario «La Razón» por haberse organizado presumiblemente con el propietario del medio y con Montesinos para atentar contra los poderes del Estado y el orden constitucional, es decir, conspirar para cometer rebelión, sedición y motín, o atentar contra la voluntad popular y contra el derecho de sufragio.
El IPYS considera que los vínculos entre el dueño del diario «La Razón» y el antiguo Servicio de Inteligencia Nacional están siendo aclarados en la vía judicial. El IPYS también considera que cualquier beneficio económico ilícito de la empresa, debidamente comprobado y producido a partir de esa relación, debe acarrear la indemnización correspondiente.
Pero el IPYS también rechaza la manera cómo el Ministerio Público ha iniciado una investigación contra la plana periodística el diario «La Razón», toda vez que considerar una publicación periodística como un acto de conspiración contra el Estado es una clara restricción y una amenaza a la libertad de prensa y expresión.
