(AMARC/IFEX) – El Ministerio Público Federal del Distrito Federal solicitó, el 23 de julio de 2007, la anulación de las concesiones de seis empresas de radio y TV de diputados y exdiputados federales, según informa el Observatorio de Derecho a la Comunicación de Brasil ( http://www.direitoacomunicacao.org.br ). El motivo es haber usado su cargo como […]
(AMARC/IFEX) – El Ministerio Público Federal del Distrito Federal solicitó, el 23 de julio de 2007, la anulación de las concesiones de seis empresas de radio y TV de diputados y exdiputados federales, según informa el Observatorio de Derecho a la Comunicación de Brasil ( http://www.direitoacomunicacao.org.br ).
El motivo es haber usado su cargo como legisladores para favorecerse con renovaciones o nuevas concesiones. Estos diputados, socios, directores o titulares de esas empresas, participaron de las votaciones en que fueron analizados y aprobados estas concesiones, según una potestad que, de acuerdo a la legislación brasilera, tiene el Congreso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que los Estados tienen la potestad de administrar el espectro radioeléctrico, pero considera que en la adjudicación de concesiones para radio y TV deben «procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos, independientes y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables».
AMARC hace notar que estos principios no se cumplen cuando el organismo que otorga las concesiones no es independiente de intereses empresariales y actúa arbitrariamente y, por tanto, no otorga garantías de un trato justo y equitativo para todos.
El Ministerio Público Federal constató, entre enero de 2003 a diciembre de 2005, según informa el Observatorio, que varios parlamentarios utilizaron su cargo para «beneficiar, directa o indirectamente, intereses personales relativos a la renovación de la concesión de servicios de radiodifusión».
La denuncia fue realizada por el Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) quien asegura que «51 de los 513 diputados en 2005 eran concesionarios directos de radio y TV». Entre ellos, «al menos 20 eran miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Comunicación e Informática, responsable de analizar los pedidos».
El Ministerio Público pidió la suspensión inmediata de las concesiones y, una vez comprobado el ilícito, su anulación definitiva. Además, las empresas podrían ser condenadas a pagar multas por «daño moral colectivo» y los diputados podrían ser procesados por falta de probidad.
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