La Sociedad Interamericana de Prensa enviará una delegación internacional a Guatemala en febrero para analizar in situ la situación que involucra a altas autoridades del país y al director del diario elPeriódico, contra quien se han iniciado varias querellas en aparente represalia por su trabajo periodístico.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) adelantó que enviará una delegación internacional a Guatemala en febrero próximo para analizar in situ la situación que involucra a altas autoridades del país y al director del diario elPeriódico, José Rubén Zamora, contra quien se han iniciado varias querellas en aparente represalia por sus denuncias periodísticas sobre irregularidades en la administración pública.
El viernes pasado el presidente Otto Pérez Molina anunció que desistió de una querella penal contra Zamora por los delitos de “coacción, extorsión, violación a la Constitución y desacato a los presidentes de los organismos del Estado”, aunque aseveró que continuará acciones judiciales en la esfera civil. El Presidente continuará la demanda judicial apegándose a lo que dicta la Ley de Emisión de Pensamiento, que manda establecer tribunales especiales para dirimir conflictos contra periodistas.
La decisión del presidente Pérez Molina deja sin efecto una supuesta orden de captura que se podría haber dictado contra Zamora, a quien un juez le impuso una orden de arraigo por lo que no puede salir del país. La instancia civil programada por el Presidente, sería imitada por la vicepresidente de Guatemala, Ingrid Roxana Baldetti Elías, quien logró que un tribunal expidiera, sorpresivamente, una orden de protección física contra Zamora, prohibiéndosele “perturbar o intimidar a la agraviada y a cualquier integrante de su grupo familiar”.
Las acciones judiciales contra Zamora causaron sorpresa ante lo que establece la Constitución del país, al indicar que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos (del Estado) por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que “las acciones emprendidas contra José Rubén Zamora nos llevan a concluir que todo esto, publicidad oficial negada y demandas del Presidente y la Vicepresidente, suponen que efectivamente es un intento por acallar una voz, que será muy crítica, pero que es una voz que tiene todo el derecho de expresarse en una democracia”.
Desde el año pasado, luego de la publicación en elPeriódico de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la administración pública, Zamora viene denunciando persecución gubernamental por su línea editorial y su cobertura sobre corrupción en el gobierno. Señala que, además del acoso judicial, se ha reflejado a través de ataques cibernéticos a la página de internet, el retiro de publicidad oficial, la promoción de un boicot de anunciantes privados y campañas de desprestigio para restar credibilidad a sus denuncias.
La SIP repudió la decisión judicial en favor de la Vicepresidente y la consideró como una “novedosa forma de censura; una orden que reinventa el delito de desacato”, eliminado en Guatemala en 2006.
Paolillo, director de Búsqueda, semanario de Uruguay, anunció que la SIP está organizando para la tercera semana de febrero una misión internacional a Guatemala “con la intención de reunirnos con las partes involucradas”, así como atender otros aspectos relativos a la libertad de prensa y la violencia contra los periodistas en ese país.
