(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 19 de julio de 2006: Franco deterioro de la libertad de prensa en Venezuela, denuncia una misión internacional de la SIP Caracas, 19 de julio 2006 – Una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) constató que […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 19 de julio de 2006:
Franco deterioro de la libertad de prensa en Venezuela, denuncia una misión internacional de la SIP
Caracas, 19 de julio 2006 – Una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) constató que el clima de libertad de prensa y de expresión en Venezuela viene sufriendo un franco deterioro, marcado por una legislación restrictiva, persecución judicial contra periodistas y el acoso contra medios de comunicación.
La misión de la SIP encabezada por su presidenta Diana Daniels, se reunió durante tres días en Caracas y Puerto Ordaz con representantes de la prensa venezolana, organizaciones gremiales y no gubernamentales vinculadas a la comunicación, académicos y representantes de sectores de la sociedad civil, quienes expusieron detalles sobre la difícil situación que atraviesa la prensa en ese país sudamericano.
Daniels, vicepresidenta de the Washington Post Company, lamentó que las autoridades nacionales y provinciales se hayan negado a reunirse con la delegación cuando ésta tenía la intención de intercambiar puntos de vista y dar a conocer la posición de la SIP tras las reiteradas denuncias recibidas y las cuales están registradas en los informes sobre libertad de prensa que emite cada seis meses la institución.
«Esta actitud demuestra la falta de interés del gobierno para buscar soluciones por la vía del diálogo, refleja la intolerancia que existe hacia la prensa independiente y su papel indispensable en cualquier democracia, y desnuda el grave problema que representa la falta de acceso a la información oficial», señaló Daniels.
«Nos preocupa que lejos de mejorar las condiciones de la prensa en este país, la libertad pueda restringirse aún más durante y después del proceso electoral» que desencadenará en las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, advirtió Daniels, quien fue acompañada por el vicepresidente Rafael Molina («El Día», República Dominicana); el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Gonzalo Marroquín («Prensa Libre», Guatemala); un director de la SIP, Felipe Edwards (vicepresidente ejecutivo de «La Segunda», Chile); Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP, y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa.
La misión de la SIP confirmó la existencia de un peligroso y restrictivo andamiaje legal que se ha ido aprobando en los últimos años, particularmente con la mayor penalización de los delitos a través de la prensa, el desacato y la Ley de Contenidos, dispositivos que son utilizados para perseguir a periodistas y medios a través de procesos judiciales.
Marroquín señaló que la aprobación y aplicación de estas leyes en forma arbitraria «pretende limitar los espacios de libertad de expresión para todo el pueblo venezolano, que ve así afectado su derecho a recibir información».
Expresó que en las últimas misiones efectuadas al país, ocho desde fines de 1999, «se viene notando una tendencia creciente de juicios por difamación contra periodistas, lo que parece indicar una persecución especial a las voces independientes, agravado esto con penas mayores contra delitos a través de la prensa como quedó plasmado en la última reforma al Código Penal así como por la falta de independencia en el Poder Judicial».
La misión también manifestó su preocupación por las medidas coercitivas contra la radio y la televisión que se han visto obligados a disminuir sensiblemente su programación informativa, acosados por una ley que permite la intromisión del gobierno en sus contenidos editoriales y en las políticas de contratación de personal, fija rígidas pautas de horario informativo, brindándole al gobierno amplios espacios para su propaganda política, incluyendo reiteradas y extensas cadenas nacionales del Presidente, y por las amenazas de quita o no renovación de sus licencias ante cualquier información que incomode al gobierno o funcionario de turno.
Marroquín lamentó que «desde el principio del gobierno de presidente Hugo Chávez se ha visto una clara tendencia a limitar la información, actitud típica de regímenes autoritarios que siempre ven en la prensa a un enemigo».
La delegación comprobó que ninguno de los principios de la Declaración de Chapultepec se cumple a cabalidad en el país. Citó como ejemplo el hecho de que el acceso a la información pública es restringido; que se utiliza la distribución de publicidad oficial para premiar y castigar a los medios; que los anunciantes privados son amenazados de continuar su pauta publicitaria en medios independientes; que el gobierno se entromete en las líneas editoriales de los medios mediante argucias legales; que amenaza a los medios electrónicos con la quita de licencias y que se persiga y castiga a los periodistas que informan con independencia.
Más allá del deterioro del clima de libertad de prensa, atribuido a una acción deliberada y estratégica de los poderes del Estado, la SIP resaltó la valentía y coraje de los periodistas y medios de comunicación independientes que luchan día a día para informar a la población y cumplir con su responsabilidad en la vida democrática.
El vicepresidente primero de la SIP, Rafael Molina, manifestó que la SIP continuará vigilando la libertad de prensa y de expresión en Venezuela, a la vez que reiterará sus denuncias ante organismos mundiales e intergubernamentales, como la Organización de Estados Americanos, exhortando a que se adopten las medidas necesarias para que Venezuela cumpla con parámetros democráticos y respete la libertad de expresión de sus ciudadanos y el libre ejercicio del periodismo.
Molina indicó que la delegación informará a otras autoridades de la institución que se reunirán este próximo viernes en Miami y estima que el Comité Ejecutivo adoptará medidas estratégicas que permitan seguir apoyando a la prensa independiente del país y garantizando el derecho a la información de cada ciudadano venezolano.
Correo del Caroní
Después de su estadía el 18 de julio en la región de Ciudad Guayana, adonde la delegación acudió para analizar una medida de desalojo y demolición contra el diario Correo del Caroní promovida por el Consejo Legislativo del estado Bolívar, la SIP reiteró de que se trata de una medida ridícula, ajena a toda base legal y que se evidencia el atropello burdo para acallar a un medio de comunicación independiente.
La misión se reunió con directivos de instituciones intermedias, dirigentes políticos, directivos y periodistas del diario afectado, quienes además denunciaron ser víctimas de agresiones frecuentes, acoso constante y discriminación de acceso a la información oficial. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, así como el alcalde de Caroní, Clemente Scotto, se negaron a recibir a la delegación, éste último incluso después de aceptar la entrevista.
El Consejo Legislativo había presentado un informe sobre «la situación jurídica de los bienes inmuebles de la empresa Editorial Roderick, C.A.», en el que exhortaba a la Alcaldía de Caroní a iniciar de manera inmediata el desalojo y cese de la actividad comercial de la empresa e iniciar la demolición de los edificios e instalaciones de la compañía, bajo la excusa de una solicitud de dos vecinos que quieren que en ese espacio se construya una plaza pública.
Daniels y Marroquín expresaron que, después de revisar toda la información recabada, temen que «este coqueteo con la propiedad privada pueda derivar en acciones firmes contra éste y otros medios de comunicación que quieran mantener sus líneas editoriales independientes».
La delegación, que también recibió denuncias sobre otros atentados y agresiones contra periodistas y medios de otros estados del país, concluyó que «es preocupante el grado de indefensión al que están expuestos medios y periodistas del interior del país, que al igual que aquellos de repercusión nacional e internacional, también son víctimas de la estrategia gubernamental para obligarlos a no informar con independencia». Agregó que la SIP está muy atenta a todas las agresiones sufridas en los estados y que permanecerá denunciándolas en detalle en sus informes semestrales sobre la situación de libertad de prensa en el país.
